La organización Tutela Legal del arzobispado capitalino pidió ayer al Congreso rechazar la solicitud de otorgar el título de »Hijo Meritísimo de El Salvador» al fallecido mayor Roberto D’Abuisson, al que acusan de haber tener participación en crímenes de lesa humanidad. Entre otros hechos, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas concluyó que D’Abuisson dio la orden de asesinar el arzobispo Oscar Arnulfo Romero y «dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrones de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato»
Diputados de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitaron recientemente a la Asamblea Legislativa que se le otorgue la mencionada distinción honorífica a D’Abuisson, fundador de dicho partido político.
La directora de Tutela Legal, María Julia Hernández, a nombre del Arzobispado, formuló la petición de rechazo en un amplio documento enviado al Congreso.
Tutela Legal solicitó el rechazo de la distinción, señalando que va en contra de la Constitución de la República, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de las leyes internas del ordenamiento jurídico salvadoreño.
Recordó que en la llamada Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que cumplió el mandato de investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 hasta finales de la guerra en 1992, concluyó que D’Abuisson dio la orden de asesinar el arzobispo Oscar Arnulfo Romero y «dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrones de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato»
Las indagaciones concluyeron que el asesinato del religioso se concretó con la participación «criminal de otras personas que formaba parte del entorno de seguridad de Roberto D’Abuisson, tales como: los capitanes Alvaro Saravia, Eduardo Avila, así como los civiles Fernando Sagrera y Mario Molina».
Agregó que la mencionada Comisión de la Verdad también «identificó al ex mayor D’Abuisson como uno de los líderes de los temibles escuadrones de la muerte de la década de 1980».
Tutela Legal aseguró que debido al enorme poder político del que gozaba D’Abuisson, algunos magistrados de la Corte Suprema de justicia, a los que no identifican, «en el año 1988, efectuaron una injerencia ilícita en el proceso de persecución penal contra el capitán Saravia y el mayor D’Abuisson y ordenaron la anulación de la prueba que obraba en prejuicio de estos imputados».
Además, en 1993, una ley de amnistía emitida horas antes de la divulgación del informe impidió procesos judiciales en todos los casos de asesinatos y violaciones a los derechos humanos perpetrados entre 1980 y 1992, periodo de la guerra civil salvadoreña.
Por su parte, Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, organización no gubernamental, dijo a la AP que »nosotros compartimos la petición de Tutela Legal» y también responsabilizó a D’Abuisson del asesinato de monseñor Romero.
Dijo que «D’Abuisson fue una persona que no midió las consecuencias para asesinar, desaparecer y torturar a gente que se consideraba opositora del gobierno y de la fuerza armada en ese entonces».
»Este es un reto a la población víctima de violaciones a los derechos humanos y lo que lleva este partido es ofender gravemente la dignidad y la memoria de miles de salvadoreños que fueron asesinados», agregó.
En el 2006, el ex capitán de la fuerza aérea salvadoreña Alvaro Rafael Saravia rompió su silencio de 26 años en una entrevista exclusiva con el diario estadounidense El Nuevo Herald y pidió perdón a la iglesia por su participación en el asesinato de Romero.
En el 2004, un juez federal en Estados Unidos declaró a Saravia responsable en el asesinato de Romero y le ordenó pagar $2,5 millones de reparación a los demandantes, además de $7,5 millones como reparación punitiva.