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Iglesia salvadoreña declara en torno a la petición de apertura del caso Monseñor Romero

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Sicsal

ALC
Si bien el presidente Mauricio Funes declaró, recientemente, que el asesinado de monseñor Oscar Arnulfo Romero «no puede quedar impune» e instó a la Asamblea Legislativa a elegir a un fiscal general que con valentía encare el proceso.

El actual arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, cuestionado al respecto, afirmó que sería muy positivo tal paso, pero alertó que habría que ver si conviene, en estos momentos, derogar la Ley de Amnistía y llevar al tribunal todos los casos de guerra, porque eso podría implicar una situación difícil para la estabilidad actual del país.

«Quizás no se restañen las heridas, sino se abran y volvamos a una situación violenta». Opinó el prelado, quien hiciera tales declaraciones al concluir la pasada misa dominical, durante una conferencia de prensa.

Expresó que en el contexto político era necesario pedir perdón como la Iglesia ha perdonado, aunque aseguró que si las autoridades consideran pertinente esclarecer las cosas y que se llegue al conocimiento de la verdad, estarían todos encantados.

La ley de Amnistía fue aprobada en marzo de 1993, luego que la llamada Comisión de la Verdad, creada a tenor de los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, publicara su informe sobre crímenes políticos y de lesa humanidad, ocurridos allí durante la guerra, aunque dejó sin resolver violaciones a los derechos humanos cometidas por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy partido en el poder) y el Gobierno que, durante la guerra, causó 75 mil muertos, unos ocho mil desaparecidos y unos 12 mil mutilados o discapacitados.

Según esa Comisión, el asesinato de monseñor Romero fue presuntamente ordenado por Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, partido de derecha). El asesino nunca fue capturado ni los responsables serán castigados de mantenerse la amnistía propuesta por el ex presidente Alfredo Cristiani, durante su gobierno entre 1989 y 1994, dictada, sospechosamente, un día antes de la divulgación del informe de ese organismo que pretendía desentrañar la verdad sobre tantos crímenes.

Por su parte el rector de la Universidad Centroamericana (UCA) el señor José María Tojeira, durante la celebración por el aniversario del natalicio de Romero y que marcan el inicio de las actividades para conmemorar el aniversario 30 de su asesinato en el 2010, se pronunció a favor de que dicha Ley de Amnistía sea reemplazada por otra de reconciliación que excluya la pena de cárcel, contribuya al encuentro de la verdad de los hechos y a la restauración de las víctimas, así como dé la posibilidad a los victimarios a pedir perdón públicamente.

«Estoy de acuerdo con que se establezca la verdad de un caso tan emblemático como el de monseñor Romero, no solo el de él, sino también el de los sacerdotes jesuitas» dijo Funes- pero no es competencia de este servidor», aclaró para dejar sentado que a otras instituciones legales corresponde solo esa facultad.

Al respecto, un salvadoreño, en su blog personal, recordó que en una entrevista que Oscar Arnulfo concediera tres semanas antes de ser asesinado, expresó: «Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño. Lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad». Y que, ante cualquier decisión, habría que tener presente aquella memorable frase en la cual expresara una verdad categórica: «desde ahora perdono y vendigo a mis asesinos. Ojalá se convenzan que perderán el tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás.»

San Salvador, miércoles, 19 de agosto de 2009

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