El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, confirmó hoy un diálogo con el gobierno sobre el asesinato de su penúltimo antecesor, Oscar Arnulfo Romero, ocurrido en marzo de 1980. Sáenz Lacalle dijo, en rueda de prensa, que el diálogo comenzó recientemente y que ambas partes han formado comisiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
La CIDH convocó el pasado miércoles al gobierno para revisar el cumplimiento de sus recomendaciones al Estado salvadoreño, emitidas en 2000, sobre el asesinato de Romero, entre ellas una investigación judicial ‘completa, imparcial y efectiva’.
El organismo dijo que la investigación debe ser ‘expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales’ y ‘sin prejuicio’ de la ley de amnistía que fue decretada en marzo de 1993.
Esa ley ha dejado en la impunidad miles de asesinatos políticos cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
La CIHD recomendó al Estado reparar todas las consecuencias de las violaciones de derechos humanos cometidas con el asesinato de Romero, incluido el pago de una indemnización a los familiares, y que se adecúe la legislación salvadoreña a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley de amnistía.
‘En definitiva sobre el tema de monseñor Romero, del cual es responsable no el gobierno de turno, sino el Estado, está en marcha este acercamiento entre la Archidiócesis de San Salvador y el gobierno de turno’, expresó Sáenz Lacalle.
Agregó que ‘hay buena disposición y esperamos que haya gestos bastante patentes para demostrar el repudio al asesinato de monseñor Romero y la estima de su persona’.
Tras asegurar que ‘no hay secreto en el diálogo’, el prelado explicó que es ‘sencillamente una reunión en la que mientras no haya acuerdos es mejor que permanezca un prudencial silencio hasta llegar a los resultados’.
Indicó que se está viendo la manera ‘de que se reconozca por parte del Estado (…) de alguna manera, y se le de algún gesto de estima pública a monseñor Romero y se está viendo la forma concreta de hacerlo’.
Afirmó que ‘está muy claro el repudio de todos acerca del asesinato’, pero que es muy importante que la figura de Romero ‘no se maneje en plan político por ninguna de las facciones porque esto hace mucho daño a la buena marcha del proceso de beatificación en Roma’.
Romero fue asesinado de un tiro en el corazón el 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia de San Salvador, y el proceso de beatificación comenzó en 1992.
La Comisión de la Verdad, creada en virtud de los Acuerdos de Paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla en 1992 para terminar con la guerra civil, señaló en su informe al fundador de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), Roberto D’Aubuisson, como autor intelectual del asesinato de Romero.
Por su participación en el mismo, el ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña Alvaro Saravia fue condenado en 2004 por el juez Oliver Wanger, del distrito de Fresno (California, EEUU), a pagar diez millones de dólares como indemnización a los familiares de Romero.
