Enviado a la página web de Redes Cristianas
1º) La Conferencia Episcopal ratifica que no se opondrá al traslado de los restos del dictador.
2º) Los obispos lamentan el «uso ideológico y partidista» que se ha hecho de la exhumación de Franco
Eso parece que piensan los obispos, por lo menos es lo que ha expresado el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), D. José María Gil Tamayo. Lo que debería haber habido mucho antes es , por decirlo con la misma inexactitud que la expresión episcopal, «ideología penal». ¿Cómo alguien puede extrañarse de que la exhumación del cadáver de un jefe de Estado que llegó a esa condición p0r un golpe de Estrado, seguida de una terrible guerra civil, y ejercida por casi cuarenta años de dictadura ilegal y sangrienta, este rodeada por tientes de ideología política?
1º) No sospechamos por qué la CEE debería, o, mejor, podría, oponerse «al traslado de los restos del dictador», es decir, a la exhumación del cadáver de Franco. La mera sugerencia de que podrían hacerlo nos retrotrae a la época pre conciliar, antes de la solemne proclamación de la Iglesia, en el Vaticano II, de la separación de Iglesia y Estado. Porque, a pesar de los convenios con la «mal llamada Santa Sede», (¿por qué santa, solo porque es una institución a la que los eclesiásticos han dado gratuitamente el tratamiento de la más alta de la Iglesia, como si solo por esa característica funcional y burocrática ya mereciera el calificativo de «santa»?), ningún ciudadano español, o de cualquier otro país que tenga su Constitución y sus leyes, puede arrogarse el derecho de excluirse de las reglas de comportamiento ciudadano.
La exhumación de los restos de una dictador, sanguinario y tirano, de un monumento inequívocamente laudatorio y exaltador, ha sido decidida por unanimidad del congreso de los diputados, y, aunque no hacía ninguna falta, corroborada, también, por los tribunales de justicia. Así que el recordatorio de la competencia, verdaderamente incompetencia, del prior, que no abad, del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, para negarse a cumplir la resolución de la más alta instancia política del Estado, como son las Cortes, no viene a cuento. Como tampoco tienen ningún sentido apelar a la competencia del abad de Solesmes, y, ni, siquiera a la del Vaticano.
Ya es hora de que nuestros obispos acepten la realidad incontestable de que las autoridades de nuestro país, como las de todos los demás, estén obligados a tener en cuenta la opinión, o las determinaciones, de un Estado extranjero, como es exactamente el Estado del Vaticano para las autoridades civiles de las naciones. Y eso sin contar con que el monumento funerario del Valle de los Caídos es propiedad del Estado español, que tiene el derecho de solicitar, en el momento que lo crea oportuno, la retirada de los benedictinos de ese emplazamiento. Podríamos pensar hasta en una intención expresa, y concreta, de favorecer la confusión el hecho de que la CEE esconda, o no afirme nítidamente, ese dato fundamental de que la propiedad del monumento de Cuelgamuros es del Estado español. ¿O los obispos españoles lo han olvidado?
2º) Tampoco nos parece razonable la preocupación episcopal para lamentar el «uso ideológico y partidista» que según ellos se ha hecho de la exhumación de Franco. Esa advertencia del portavoz episcopal la entenderíamos mejor dirigida a sus colegas de la Conferencia Episcopal, muchos de los cuales, -y unos cuantos nombres entre ellos los podríamos señalar ahora mismo-, se alinean entre los que de manera más ideológica y partidista han protestado, sin razón, por la acción chapucera, y hasta vengativa según algunos, del Gobierno. Y digo «sin razón» porque la decisión de esa exhumación ha sido del Parlamento, es decir, y tendremos que recordarlo cada poco a nuestros obispos, por los representantes de la soberanía popular. El Gobierno solo ha hecho lo que estaba obligado, ejecutar las decisiones de las Cortes. Algunos obispos se han alineado con políticos de la Derecha, que no han hecho otra cosa que confundir a la gente achacando toda la responsabilidad de la exhumación, o bien por ignorancia, o por cinismo, al Gobierno, cuando esa responsabilidad corresponde a todo el pueblo española, quien , a través de sus legítimos representantes, tomó la decisión unánime, con la abstención del PP, de realizar esa retirada de los restos del Dictador, que debería haber sido tomada mucho antes.
Y es bueno recordar que, en un pías con régimen democrático, la presencia de las ideologías es inevitable, así como los diferentes intereses partidistas. Ambas cosas forman parte del juego político, que, no olvidemos, por la propia filología de la palabra, todo lo político deriva del término y del concepto de civis, ciudad, y hace referencia, y recuerda, lo más digno e importante que se esconde en el mundo de la ciudad, de la «civitas» romana, de la urbe, y que no son otra cosa que sus ciudadanos. No despreciemos, ni desconsideremos, el noble, y esencial, papel de la «Política», así, con mayúsculas, que queda mucho más claro.