Días después del Golpe de Estado de junio de 2009, 60 campesinos y campesinas tomaron el Ministerio de Agricultura, para evitar que los golpistas destruyeran los expedientes que les daban derecho a la tierra. Mirna Espinar y Paulina Arce, representantes de la asociación AHMUC, relatan la lucha en el campo.
La Asociación de Mujeres Campesinas de Honduras (AHMUC), que integra a más de 5.000 campesinas, repartidas en 300 grupos de todo el país, protagonizó varias acciones contra el reciente golpe militar, entre ellas la toma del Instituto Nacional Agrario, INA (Ministerio Agricultura). Las mujeres campesinas siguen manifestándose en las calles junto con decenas de organizaciones unidas en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). La represión se ha incrementado, varios opositores al nuevo Gobierno están desaparecidos y siete periodistas han sido asesinados en lo que va de año. Sin embargo, Zapatero y el resto de mandatarios de la Unión Europea reconocen al actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, salido de unas elecciones calificadas como fraudulentas, y ha sido invitado a participar en la Cumbre de la UE con Latinoamérica que se lleva a cabo en Madrid entre el 17 y el 19 de mayo. Finalmente, está previsto que Lobo asista el último día pese a la amenaza de Brasil, México y ocho países más de ausentarse ante la presencia del mandatario hondureño.
DIAGONAL.: ¿Cómo es la resistencia de las campesinas hondureñas frente al nuevo Gobierno?
MIRNA ESPINAR: Nosotras seguimos peleando por la Reforma Agraria, por las tierras que el presidente Manuel Zelaya reconocía en el Decreto 18-2008. Pero ahora con los golpistas se paró todo.
PAULINA ARCE: Como movimiento campesino pedimos que se dé seguimiento y ejecución al decreto que dice que los campesinos que tienen una morosidad [ocupación] agraria de entre dos a cinco años tienen derecho a la propiedad de la tierra.
D.: Las campesinas protagonizaron varios actos de protesta contra los golpistas ¿en qué consistieron?
M.E.: Sí. Tomamos el Instituto Nacional Agrario durante 105 días. Estuvimos en resistencia porque nosotras no queríamos que llegara el nuevo ministro, Eduardo Villanueva, otro golpista nombrado por Micheletti. Durante esos tres meses de ocupación las mujeres molíamos el maíz y hacíamos comidas dentro del instituto. Estuvimos en conversación con los cabecillas del golpe para que garantizaran la Reforma Agraria, pero no llegamos a un acuerdo porque ellos son terratenientes. Sólo salimos a la fuerza, cuando nos desalojó la policía, si no, allí hubiéramos seguido.
P.A.: Ocupamos el INA para proteger la tierra. Estábamos guardando los archivos, porque el instituto es el que nos da la personalidad jurídica a los campesinos para poder cultivarlas. Custodiábamos más de 600 expedientes en los que se aplica el decreto para la Reforma Agraria. Los golpistas son expertos en hacer desaparecer documentos.
D.: ¿Cómo están organizadas las mujeres campesinas?
M.E.: En Honduras la mayoría de la población depende del campo. Existen tres centrales campesinas una de ellas es la Confederación de Mujeres Campesinas de Honduras (CHMC) a la que pertenece nuestra asociación. Estamos presentes en las provincias de Santa Bárbara, Paraíso, Chuloteca, Colón y Valle. Tras el golpe, los campesinos y campesinas recorrieron muchos kilómetros durante días hasta Tegucigalpa y San Pedro Sula para manifestarse a favor del presidente Zelaya.
P.A.: Formamos a las campesinas para empoderarlas como líderes. También trabajamos contra la violencia de género, en la planificación familiar y con el programa cubano Yo sí puedo, se alfabetiza a las mujeres.
D.: ¿Son las ocupaciones la única alternativa que les queda?
M.E.: Sí. La toma de tierras es habitual, la última ha sido hace un mes en el Bajo Aguán. Allí miles de familias o cultivan o no tienen qué comer.
D.: ¿El nuevo Gobierno ha escuchado sus demandas?
P.A.: No, Lobo sólo manda al Ejército para reprimirnos. En esa región llevan muchos muertos pero los campesinos están por la lucha. Los empresarios acapararon todas las tierras, compraron gran cantidad y agarraron más de lo que les correspondía. Antes eran tierras del Estado, pero los empresarios negociaron con las municipalidades. Ellos aíslan a la gente pobre, les ofrecen billetes porque hay mucha crisis, los campesinos están estrangulados y venden, y luego los terratenientes cogen más tierra aún. Y así lo humillan a uno.
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LA REFORMA AGRARIA EN HONDURAS Y EL DECRETO 18-2008
Una de las claves que explica el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, a cargo del político conservador y terrateniente Roberto Micheletti, es el reparto de la tierra. Manuel Zelaya, elegido democráticamente en los comicios de 2005, aprobó el Decreto 18-2008, en el que se plasma la Reforma Agraria y encarga al Instituto Nacional Agrario (INA), que legalize las tierras que muchos campesinos tenían ocupadas desde hacía décadas para poder subsistir. Según Naciones Unidas, en Honduras el 68% de la población del campo vive en condiciones de extrema pobreza. Sólo el 12% de las tierras están en manos del 72% de la población rural. El resto, casi un 80% del campo es propiedad de empresarios y terratenientes, muchos ligados al Partido Nacional, al que pertenece el actual presidente, Porfirio Lobo. Éste también es terrateniente, posee grandes extensiones de cultivos en las regiones de Olancho y en el departamento de Colón, donde siembra maíz transgénico.
Además, las multinacionales Standart Fruit Company y Tela Railroad Company (Chiquita Brands) cuentan con miles de hectáreas en la Costa Norte, una de las regiones más fértiles, donde se producen naranjas, plátanos y piñas con destino a EE UU y Europa. En esa región también tiene propiedades Micheletti. En Honduras de los siete millones y medio de habitantes, un 1% de la población es de origen europeo. Muchos de ellos son descendientes de los colonos que quedaron con las mejores tierras, y esta situación continúa hasta ahora, los más pobres apenas tienen terrenos que cultivar. Los sucesivos intentos de Reforma Agraria han sido sólo un intento de sembrar justicia. En 1962, una ley contempló la distribución de las tierras que no cumplieran una función social. Pero, el golpe de Estado de 1963 tumbó aquel intento de reparto tierras. En los ’70, de nuevo se encaró la reforma agraria y se distribuyeron 120.000 hectáreas en cinco años. En los ’90 ya se habían adjudicado más de 400.000 hectáreas, el 12,3% de la tierra rústica del país. Pero, ganaderos y terratenientes iban al mismo tiempo concentrando más territorio. En 1992, se llevó a cabo un programa de ajuste con la llamada Ley de Modernización, que limitó el acceso a la tierra con fines sociales para los que no podían comprarla, se potenció la propiedad privada y se permitió otra vez la concentración a los terratenientes. Ahora, el Gobierno ha parado la reforma agraria. Mientras, los campesinos siguen con las ocupaciones, la última hace un mes en el Bajo Aguán, donde 3.000 familias exigen tierras. Como respuesta, Porfirio Lobo ha enviado a más de 5.000 soldados a la zona.
