La está diseñando la Conferencia episcopal
Cuentan M. Asenjo y J. Bastante en Abc que la Conferencia Episcopal mantiene una postura inequívoca sobre Educación para la Ciudadanía, asignatura que considera «inaceptable en el fondo y en la forma» y ante la que los padres tienen derecho a oponerse con «todos los medios legítimos» a su alcance.
¿Y cuáles son estos medios? La respuesta o, cuando menos, una hoja de ruta para llegar a esos medios, se encuentra en el documento titulado «Posibles actuaciones jurídicas frente a la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía», cuyo borrador empezó a debatir ayer la Comisión Episcopal de Enseñanza.
El texto, cuya versión definitiva verá la luz el próximo mes de septiembre, ha sido elaborado por el Servicio Jurídico de la Conferencia Episcopal, bajo la dirección de Silverio Nieto y con la colaboración de prestigiosos juristas.
A lo largo de medio centenar de páginas divididas en dos grandes capítulos, se intenta trazar el camino jurídico que las familias pueden seguir para proteger a sus hijos ante la nueva disciplina, que comenzará a impartirse el próximo septiembre en 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en siete autonomías.
El primer apartado, de carácter introductorio, desarrolla los tres documentos que el Episcopado ha emitido sobre la polémica asignatura y sus conclusiones. Así, describe la ya mencionada de que es inaceptable en el fondo y en la forma; recuerda que constituye una intromisión del Estado en el ámbito de la formación moral de los alumnos, y reafirma que se trata de una formación estatal y obligatoria de la conciencia, donde se impone el relativismo moral y la ideología de género.
La segunda parte del documentos recoge diferentes mecanismos para oponerse a la nueva disciplina, así como los argumentos a favor y en contra de su utilización.
Mecanismos viables
Entre los instrumentos analizados aparecen los recursos a los Tribunales, especialmente los contencioso-administrativos, que podrían acabar en el Supremo; las cuestiones de incontitucionalidad, los recursos al Defensor del Pueblo, las huelgas y manifestaciones y la objeción de conciencia.
Todas las posibilidades cuentan con argumentos a favor y en contra (problemas de orden público y morales y, en el caso de los recursos a los tribunales, su presumible ineficacia a corto plazo). Pero la objeción de conciencia es la que más inseguridad jurídica plantea, porque no está regulada.
En realidad, en España sólo se ha regulado en lo que se refiere al Servicio Militar -con una alternativa en la prestación social sustitutoria-, y en la oposición de algunos profesionales (médicos y farmacéuticos) a practicar el aborto.
Los servicios jurídicos del Episcopado no tienen claro que se trate de una opción viable, a no ser que un juez avale algún recurso de este tipo, en cuyo caso se sentaría jurisprudencia. Al parecer, ésta es una de las alternativas que defienden los sectores más partidarios de la objeción de conciencia frente a Ciudadanía. Y en ella se justificaría también la propuesta de algunas comunidades, entre ellas la de Madrid, que abogan por ofrecer a los objetores actividades de voluntariado como alternativa a la asignatura.
Existe una corriente de opinión según la cual el Constitucional deberá acabar pronunciándose sobre esta cuestión.
