A) Ninguna persona sin un mínimo de ingresos. El nuevo modelo económico y social que se está implantando desde hace cuatro o cinco años provoca unas bolsas de pobreza y marginación que antes eran impensables. Una parte de la población aún puede vivir con un bienestar relativo, herencia del modelo económico vigente desde finales de la II Guerra Mundial resultado de un implícito pacto social. Pero el nuevo modelo, impuesto por la Unión Europea, ha roto unilateralmente aquel pacto conduciendo a muchas personas hacia un punto de pobreza de no retorno, hacia la sociedad de dos tercios, abocadas a la exclusión y a una situación personal de indignidad, humillación y sufrimiento. Es el camino de millones de personas en Grecia, Chipre, Portugal o Irlanda.
Según el Institut Català de Estadística hoy en Cataluña 2.200.000 personas, casi el 30% de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza. Una cuarta parte de la población activa está en el paro. 225.000 familias tienen todos sus miembros en el paro y casi 100.000 de ellas no tienen ningún ingreso. 550.000 personas (el 65% del total de parados) no percibe ningún subsidio, y las previsiones del Servei d’Ocupació de Catalunya es que pronto serán más del 70%. Casi 300.000 niños y niñas, el 25% de la población infantil, vive por debajo del umbral de la pobreza y en las escuelas han empezado a notarse los efectos de la malnutrición. Nunca habíamos pensado llegar a una situación así.
El paro entre los jóvenes duplica la tasa del total de la población. El refugio familiar apacigua, en parte y para algunos, las consecuencias de la pobreza a las cuales se verían abocados, pero supone una sobrecarga para las economías familiares que no puede durar, ahogadas por el incremento de tasas y la reducción de ingresos.
Se ha roto también la aún reciente tendencia a la incorporación de la mujer al trabajo y se ha vuelto a hacer evidente su vulnerabilidad tanto en relación al trabajo como a las prestaciones sociales que percibe.
A esto hay que sumar otros aspectos como recortes, listas de espera, privatización de servicios o desahucios. Solamente por lo que respecta a los desahucios, por ejemplo, según el Consejo General de Poder Judicial durante el 2012 los juzgados ordenaron en Cataluña 25.422 procesos de desahucio (72 por día), mientras siguen habiendo 80.000 pisos vacíos.
Ante esta catástrofe humana y social la ILP pretende ser una tímida medida de protección de la vulnerabilidad de las personas socialmente más débiles: nadie sin los ingresos mínimos para poder vivir.
B. Rescatar las personas y visibilizar la pobreza
Cuando hablamos de crisis normalmente hablamos de cifras o porcentajes. Pero detrás de cada una de estas cifras hay un rostro, son personas con nombres y apellidos, algunas de las cuales podemos tener muy cerca. Se trata de un dolor profundo y que afecta a todos los sectores de la población, en primer lugar a los que ya antes estaban en riesgo de exclusión pero también surgen nuevas formas de pobreza que afectan de manera indiscriminada a jóvenes, abuelos, mujeres, adultos sin trabajo, que día a día ven como van perdiendo posibilidades de mantener su dignidad. Se ven obligados a afrontar sin medios una situación nueva que nos ha llegado de repente, de manera casi imprevista. Normalmente es un sufrimiento escondido, por el sentimiento de fracaso y humillación que supone, que se vive en soledad o en la intimidad de la familia.
Una de las características de las sociedades bienestantes es el esfuerzo por esconder estos problemas. La pobreza es un escándalo social, es la manifestación del fracaso colectivo. Es un problema. Con la ILP queremos hacer visible este fenómeno nuevo, desculpabilizando las víctimas y protegiéndolas. Es pues un proyecto de obligada solidaridad ciudadana. Con la ILP queremos que se asegure por ley y para siempre el mínimo de subsistencia ante cualquier eventualidad. Somos conscientes que se trata de un remedio paliativo, pero es también una propuesta política. En las presentes circunstancias es una denuncia a todas las administraciones y autoridades, que en lugar de proteger a los ciudadanos, y especialmente a los más vulnerables, han decidido rescatar la banca, los banqueros y sus estafas, antes que a las víctimas, las personas estafadas.
C. Solamente pedimos que se cumpla el Estatut
Las Leyes están para cumplirlas. El artículo 24.3 del Estatut d’Autonomia de Cataluña dice: “Las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”. No debería haber hecho falta ninguna ILP para que las autoridades cumpliesen aquello a lo que están obligadas por ley. Con la ILP solamente exigimos que se cumpla la Ley. No cumplirla es un delito. Es normal pues que si no lo hacen podamos considerar delincuentes a las autoridades.
La protección por parte de las autoridades de cada ciudadano y ciudadana, en aquello que es fundamental para la vida, no puede depender de cuestiones administrativas, y que haya o no consignación o disponibilidad presupuestaria. Se trata de un derecho individual y universal por el solo hecho de existir, anterior a cualquier otro derecho. En consecuencia, para las autoridades es una obligación previa a cualquier otra obligación.
La dignidad colectiva de una sociedad no se mide por las posibilidades que tienen los que están arriba sino por el respeto y la estima con la que son tratados los sectores más castigados.
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