El Consejo económico y social de Naciones Unidas adoptó en el año 2000 un texto que reconocía la salud como “un derecho fundamental del ser humano, indispensable para el ejercicio de sus otros derechos”. Desde esta perspectiva, nadie debería estar excluido de los sistemas sanitarios y todas las personas deberían tener acceso libre y gratuito a los cuidados de salud necesarios para vivir una vida sana.
Esto no siempre se cumple hoy en día. Y no hace falta ir muy lejos –a África o a otros continentes empobrecidos– para comprobarlo. En nuestro propio país muy a menudo hay personas que se encuentran excluidas del sistema sanitario. Para atenderlas y brindarles apoyo, ONG como Médicos del Mundo o Cruz Roja, realizan un intenso trabajo de lucha contra la exclusión social y la pobreza.
“Realmente nadie tendría que estar excluido del sistema sanitario español”, nos explica Ramón Esteso, responsable de Exclusión Social en Médicos del Mundo-España. En concreto, en lo que respecta al acceso a la atención sanitaria por parte de la población inmigrante, la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, supuso un paso muy importante con respecto a la anterior legislación.
“Actualmente queda reconocido para todas las personas extranjeras el derecho a recibir asistencia sanitaria pública de urgencia, independientemente de su situación administrativa”, detalla Ramón Esteso, “las mujeres embarazadas tienen garantizada también la asistencia pública durante el embarazo, el parto y el posparto, así como las personas menores de edad”. Sin embargo, para todas aquellas personas extranjeras que no se encuentren en ninguna de estas situaciones, se exige un único requisito para acceder a la atención socio-sanitaria: encontrarse empadronadas en su lugar de residencia.
“La Ley de Bases de Régimen Local establece como deber, dar de alta a todas las personas que habitan en su municipio, sean nacionales o extranjeras, tengan o no regularizada su situación en el Ministerio del Interior”, señala el responsable de Médicos del Mundo. Es principio, el empadronamiento es un trámite sencillo. Basta con rellenar un formulario y presentar una fotocopia del pasaporte o documento de identidad correspondiente y un justificante del domicilio (por ejemplo, un contrato de alquiler). Pero a la hora de la verdad, un número considerable de inmigrante s no pueden realizar fácilmente estos trámites; personas que tienen órdenes de expulsión, que no poseen sus propios documentos del país de origen en regla o que no tienen un domicilio fijo que poder justificar.
Tal y como señala Médicos del Mundo, este colectivo “se enfrenta a dificultades para el acceso a una vivienda debido a los prejuicios existentes entre la población autóctona en el momento de alquilar”. Asimismo, “cuando acceden a la vivienda, encuentran problemas para conseguir que los dueños les faciliten la documentación necesaria para inscribirse en el padrón municipal”. El no poder registrarse se traduce en la denegación de la tarjeta sanitaria individual.
Así, si bien antes de la promulgación de la Ley Orgánica 4/2000, era necesario un trabajo extenso de atención sanitaria a inmigrantes por parte de organizaciones como Médicos del Mundo, ahora el trabajo se centra muchas veces en orientar a las personas inmigrantes a que regularicen su situación y obtengan una tarjeta sanitaria que les permita acceder al servicio público de salud. Al tiempo, se presta atención sanitaria en aquellos casos en que la derivación a los centros de la administración no es posible o en el intervalo de tiempo hasta que la situación se regulariza. Según datos del último Informe de Exclusión Social de Médicos del Mundo, en el año 2005 se realizaron un total de 14.857 atenciones, de las cuales 5.831 fueron de carácter sanitario y 8.503 de tipo social.
Sin acceso a la salud integral
Junto a las dificultades burocráticas, existen también otras barreras sociales y culturales. Obstáculos aparentemente tan sencillos como el analfabetismo funcional que impide rellenar los formularios, el sentimiento de discriminación en el trato por parte de los funcionarios, el miedo a ser expulsados del país si se encuentran en situación no regularizada o, simplemente, la desinformación y el pensamiento de que se les va a poner problemas a la hora de acceder a la sanidad pública.
Esta falta de acceso tiene múltiples consecuencias como, por ejemplo, el aumento del número de casos que se presentan como urgencias, saturando estos servicios y primando “una concepción reparativa de la salud, obviando la concepción de la salud integral definida por la Organización Mundial de la Salud”, destaca la ONG. Asimismo, se priva a las personas de la educación sobre los problemas sanitarios y los medios para prevenirlos ya que “quedan al margen de las campañas preventivas y de control que establece periódicamente la salud pública” y también se las excluye de los sistemas de diagnóstico y las estadísticas que permitirían dibujar el perfil del estado de salud de las personas extranjeras residentes en nuestra sociedad.
Los más vulnerables
Los obstáculos, tanto burocráticos como sociales y culturales, dejan al margen del sistema sanitario precisamente a las personas más vulnerables –tantos inmigrantes que viven en la calle o salieron de su país en situación irregular–, un grupo oculto que es discriminado por su inexistencia legal y que hace necesaria la intervención de las ONG. Se generan así sistemas paralelos a la sanidad pública, con escasos medios técnicos, humanos y materiales, insuficientes para cubrir las necesidades que se plantean en un momento.
El trabajo que se lleva a cabo desde Médicos del Mundo, nos explica el responsable de Exclusión Social, “va desde las intervenciones de lo social, sanitario, promoción de la salud o reducción de daños a la defensa de los derechos humanos y la sensibilización”. Mientras consiguen acceder al sistema público, los inmigrantes requieren atención médica ya que “las diferentes fases del proceso migratorio llevan consigo factores de riesgo específicos que pueden derivar en un incremento de la vulnerabilidad frente a enfermedades, incluidos los problemas de salud, sobre todo aquellas afecciones traumatológicas, respiratorias, digestivas y psiquiátricas”, detalla Ramón Esteso.
Intervenciones de emergencia Además, como ya comprobamos casi diariamente a través de los medios de comunicación, las ONG como Cruz Roja, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), la Comisión de Ayuda al Refugiado y Médicos del Mundo, entre otras muchas, realizan intervenciones de atención humanitaria y emergencia dirigidas a personas migrantes que llegan a las costas españolas o que cruzan las vallas en Ceuta y Melilla de forma irregular.
Para estas entidades sociales, el Consejo de Ministros aprobó en octubre un real decreto para otorgar subvenciones por valor de 16,5 millones de euros para dar atención humanitaria de los inmigrantes que llegan de modo ilegal a Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla. Las ayudas se destinarán fundamentalmente a la atención sanitaria de estas personas en el momento de su llegada a las costas y a su acogida temporal en la Península. Son subvenciones que están enmarcadas en el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero de 2005, por el que se dio luz verde a un programa de acogida de inmigrantes en situación de vulnerabilidad, y en el Plan de Acción Inmediato que el Ejecutivo desplegó en marzo de 2006 para abordar la llegada de inmigrantes procedentes de Mauritania y de otros países subsaharianos. Se trata de situaciones que desbordan las estructuras existentes y que generan problemas específicos de salud y de exclusión social.
En el campo de acción sanitario y social hay múltiples organizaciones que trabajan por atender y apoyar a los excluidos de nuestra sociedad. Entre estas organizaciones existen desde algunas muy grandes y reconocidas, a las pequeñas asociaciones parroquiales o de barrio, sin embargo todas ellas desempeñan una labor fundamental para ampliar el acceso a la salud. Pero tal vez, desde un enfoque de derechos humanos en el que todas las personas deberían tener garantizada libre y gratuitamente la atención, los cuidados y la prevención sanitaria, estas organizaciones tendrían, a la larga, que dejar de existir… dejar de ser necesarias. “No debemos olvidar que las administraciones son quienes deben de velar por nuestra salud”, nos recuerda el responsable de Médicos del Mundo.
Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.
3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.
La aportación de los inmigrantes al sistema de Seguridad Social
En muchas personas existe el temor a que el crecimiento de la población causado por la masiva llegada de inmigrantes a nuestro país afecte negativamente a la atención sanitaria que reciben los españoles. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que el efecto de la llegada de inmigrantes es exactamente el contrario a esos tópicos. Según Rogelio López Vélez, de la Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, “los inmigrantes que residen en España no consumen recursos sanitarios en exceso y aportan entre cuatro y cinco veces más a las arcas del Estado que los nacionales, en términos de salud”. En un estudio realizado por La Caixa, López Vélez explicó que, dado que la mayoría de los inmigrantes son población joven, de entre 25 y 35 años, no padecen enfermedades crónicas debilitantes, “que es lo que cuesta dinero”, aunque reconoció que sí consumen más recursos de Atención Primaria, pero afirmó que “cuesta poco al sistema sanitario”. En la misma línea, el filósofo y politólogo Sami Naïr afirmaba en su artículo ‘Cinco ideas falsas sobre la inmigración en España’: “No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia”. Tal y como lo expresa con rotundidad López Vélez, “los inmigrantes regulados pagan impuestos y de ahí sale dinero para la sanidad pública. No les estamos regalando nada”.
Otros grupos excluidos
Además con la población inmigrante, la ONG Médicos del Mundo también trabaja con otros colectivos que se encuentran excluidos en nuestra sociedad. Es el caso de las personas usuarias de drogas que, por su situación de degradación física y mental, así como por desestructuración social, a menudo no acuden para ser atendidos por los servicios de salud ordinarios. Estas personas sufren problemas específicos marcados por el proceso de adicción y el abuso de las sustancias, así “nos encontramos con patologías que van desde problemas infecciosos o por traumatismos”, dice Ramón Esteso. Con este colectivo también son necesarias actuaciones de prevención y de reducción del daño, que van desde las salas de consumo supervisado a los programas de intercambio de jeringuillas. También desde Médicos del Mundo se atiende a otro gran colectivo excluido, como son las personas que se dedican a la prostitución, que se encuentran en una situación de especialidad vulnerabilidad, primero por el estigma con la que la sociedad les marca y segundo por las situaciones de violencia que les rodean. Además, muchas de las personas prostituidas que acuden a esta ONG suman a la problemática asociada al ejercicio de la prostitución, el hecho de ser inmigrantes con los las dificultades añadidas que esto puede suponerles.
