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España se autodefine y proclama como expresa el título, como “Estado social y democrático” de derecho. Estaba yo en Brasil cuando esto sucedía, y todavía recuerdo la sentida admiración que todos los entendidos en ciencias políticas y sociales reconocían ante la nueva Constitución, a la que consideraban, y no solo por ser la última, sino por su bondad intrínseca, la mejor que conocían hasta el momento. Y desde esta orilla, desde la autocomplacencia patria se ha exaltado hasta el paroxismo esa especial sensibilidad que tuvieron sus redactores como para ya desde su título preliminar, comprometer a las autoridades y a todos los ciudadanos a ejercer un sistema democrático con justicia social.

Y así puede entonar sin vacilación: Artículo 1º- 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¡Fantástico!

No quiero hacer carne con el gobierno actual, otros anteriores tampoco han sido los mejores promotores de esos valores tan entusiásticamente afirmados en el artículo primero de la ley de leyes que nos rige. En seguida, los jueces y teóricos jurídicos se apresuraron en afirmar, para dejar las cosas claras, y delimitar a la baja el rigor del cumplimiento de ciertos postulados constitucionales, que esa ley de leyes no era de inmediata aplicación por los tribunales y magistrados, sino que sería aplicada según la legítima interpretación que de ella haría el Tribunal Constitucional. Después, ya vemos en qué ha dado la elección y composición de sus jueces, composición, y, después, del desarrollo de los procesos en los que el referido tribunal ha sido llamado a pronunciarse. Lo menos que de él se ha dicho es que se has escorado, más o menos descaradamente, mas más que menos, a los intereses del Gobierno de turno, y de sus líneas políticas.

Pero como estamos en el año 2014, y con el Gobierno que tenemos, señalaré el exquisito respeto con que éste trata de ser fiel a los valores constitucionales, marcados ya en el primer trazo de la Constitución, y repasaré los “valores superiores de su ordenamiento jurídico”:

La libertad. Nuestros actuales gobernantes muestran mucho interés, y defienden y garantizan, la libertad de todos los ciudadanos, por eso quiere controlar con rigor las manifestaciones públicas de protesta, que suelen ser promovidas y llevadas a cabo por gente exaltada y violenta, para que otros inocentes y pacíficos ciudadanos pueden pasear tranquilamente y hacer sus compras sin sustos ni quebrantos propios, ni de los diligentes comerciantes que solo quieren servir a la ciudadanía vendiéndoles sus productos. Para eso están preparando una ley que regule y civilice la libertad que los ciudadanos tienen de manifestación en la vía pública, y lo hagan si molestar a los demás, ni impacientar a los gobernantes, que para eso se afanan por el bien común.

Estado social y democrático de derecho (II)

2º La justicia. Ahora el Gobierno ha aprovechado que el Reino de España es un país democrático, para, basado en sus votos, y en su mayoría, imponer, por la vía rápida, y sin posibilidad de estudio ni discusión en el Parlamento, la nueva ley que deroga la hasta ahora vigente, llamada de la “Justicia Universal”. Nuestros gobernantes deben de creer muy poco en la imparcialidad y sentido de la justicia de nuestros jueces, y debe a confiar más en la bondad y generosidad de dictadores y tiranos que hay por el mundo. Después que han maltratado al juez Baltasar Garzón, gran paladín de la aplicación de la Justicia Universal para crímenes contra la humanidad, sin posible prescripción, es bastante lógico que quieran ahora acabar con la gran obra del juez, que fue, para todos los españoles, ejemplo de laboriosidad, de diligencia y de profesionalidad. (Es una trola obscena la afirmación de que el castigo y la larga suspensión de sus tareas judiciales se debió a la prevaricación, que perpetró al obstaculizar, o impedir, el derecho a la legítima defensa. Cuando los fiscales, y el juez posterior en la causa aceptaron sus diligencias.

Lo que el honrado, y demasiado confiado juez, hizo fue impedir que una pandilla de abogados inescrupulosos aprovecharan sus encuentros con sus defendidos, legítimos, para ayudarlos a dirigir desde la cárcel sus manejos delictivos, algo claramente ilegítimo, y también constitutivo de delito). Pero es preciso levantar la voz para felicitarnos de cómo nuestros gobernantes, tan escrupulosos en otros temas con el cumplimiento de la constitución, se toman un enorme empeño en demostrar su respeto y defensa de los valores constitucionales apuntados en el primer artículo de la Carta Magna española.

3º La igualdad. Dijo el Rey en un memorable discurso de Navidad que todos los españoles somos iguales ante la ley. ¡Bueno, bien!, puede ser, con muchos matices y muchas explicaciones. Pero no todos somos iguales para defendernos ante las exigencias de la ley, no son iguales las igualdades de oportunidades, no es igual el trato de la policía, de los jueces y de los fiscales, no es igual la defensa de la imagen de los imputados ante los medios de comunicación, no es igual la presunción de inocencia, (hay presuntos inocentes, y ¡presuntísimos!), hay tiempos y tiempos, prisas y prisas, como la que se tuvo con Garzón, o calmas y calmas, como la que se está teniendo, todavía, don la “trama Gurtel”, o la dejación hasta la prescripción de tantos imputados ilustres, que deben de estar “por encima de cualquier sospecha”, como Fabra, el capo de Castellón. Y eso en lo referente a la justicia. Que en otros frentes, como la igualdad de género, el actual partido en el poder, cuando estaba en la oposición, se opuso, y hasta llevó el asunto al Tribunal Constitucional, a la aplicación práctica de esa igualdad con la ley de Matrimonio Homosexual. O la igualdad de entrada en España de los ciudadanos subsaharianos, y los turistas rusos, o de otras procedencias, algunas de ellas mafiosas.

4º El pluralismo político. Por lo visto, algunos entienden el pluralismo político como el hecho de que sean permitidos diversos partidos políticos. Así que para no quedarnos como en la época de Franco, ahora sí que son legítimos y hasta favorecidos con privilegios y presupuestos los diferentes partidos de representación parlamentaria. Pero eso es una burla conceptual de ese pluralismo que decimos. Después de las elecciones, gane quien gane, gane por la diferencia que gane, sigue habiendo, es decir, ¡debería seguir existiendo ese pluralismo!, como estamos viendo y contemplando con orgullo patrio, y un cierto púdico estupor, en el comportamiento exquisitamente democrático de nuestro actual Gobierno, tratando con exquisita delicadeza todos los asuntos, teniendo en cuenta todas las sensibilidades, como se dice ahora con cursilería, pactando, con los partidos de todo el arco parlamentario, todos los proyectos legislativos. (Y en esas estamos, a punto de que nuestro orgullo patrio,-¡para qué lo queremos!-, se convierta, a muchos ya se les ha avinagrado, en rabia, vergüenza e indignación. Pero mientras aguantemos, ¡viva el exquisito y magnífico pluralismo político español!).