Enviado a la página web de Redes Cristianas
Presupuestos 2015: El Estado pagará este año 159,2 millones a la Iglesia, 0,8 más que en 2014. Esto supone que la Iglesia Católica recibirá 13,26 millones de euros al mes durante el próximo año, como adelanto del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que marquen la casilla correspondiente. Los ?recortes?? por la crisis curiosamente no han afectado a la Iglesia!
Cuando en 1979 se firmaron los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, ?La iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades??. Desde entonces, no sólo no ha tendido a la autofinanciación, sino que ha ido consiguiendo cada vez más ventajas y privilegios económicos hasta que hoy se considera que España es un paraíso fiscal para la Iglesia. No son sólo los millones que el Estado paga a la Iglesia para que ésta pague a sus sacerdotes, sino la exención fiscal de impuestos como el IBI de miles de propiedades, la exención del IVA y otros impuestos, la aportación del Estado a la enseñanza concertada cada vez más facilitada a la Iglesia; la enseñanza de la religión en la escuela con profesores nombrados o retirados por la Jerarquía eclesiástica, pero pagados por el Estado, y otros muchos privilegios económicos y fiscales??
Una muestra más del escandaloso comportamiento eclesiástico es el tema de las inmatriculaciones, por el que, al amparo de la Ley Hipotecaria de la época franquista, validada en tiempo de Aznar, la Iglesia Católica ha podido registrar muchos cientos de inmuebles a su nombre como si fuera administración pública (art.206.1 de la LH), bienes no sólo de uso religioso, sino pisos, terrenos y edificios de todo tipo. El caso más llamativo ha sido el de la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde, como en otros edificios, el Estado se hace cargo de su mantenimiento, pero la Iglesia se beneficia por ejemplo cobrando entradas de las que luego no paga IVA ni rinde cuentas. Recientemente se ha conseguido la desaparición de este privilegio registral, pero sin carácter retroactivo, por lo que difícilmente va a devolver todo lo que se ha apropiado. Varias plataformas, como Redes Cristianas y Europa Laica, van a recurrir a instancias europeas en la confianza de que la separación iglesia-estado no sea como en España, donde los dos partidos hasta ahora mayoritarios no han plantado cara al asunto
Está vista la nula voluntad de la Jerarquía eclesiástica española de renunciar a privilegios que acercan más al nacionalcatolicismo que parecen añorar, que al espíritu abierto del Concilio Vaticano II de presencia en una sociedad laica y plural. Tampoco siguen así las directrices del Papa Francisco que quiere una Iglesia pobre y de los pobres
Algunos cristianos y cristianas de base nos sentimos avergonzados de una jerarquía eclesiástica avariciosa de poder y de dinero, que es insaciable en sus exigencias al Estado y luego desagradecida porque los privilegios que consigue los considera derechos. Asimismo como ciudadanos y ciudadanas nos sentimos avergonzados de los dirigentes políticos y los partidos que han gobernado durante la transición y la democracia porque en vez de defender los derechos comunes de la ciudadanía han transigido con las exigencias eclesiásticas de más y más privilegios. En esa negociación la Iglesia no cede nunca y el Estado ha cedido. Y así hemos llegado a la disparatada situación de privilegio de una confesión en un estado aconfesional y en una sociedad laica.
Estamos por la laicidad como garantía de igualdad de toda la ciudadanía, sin privilegios a ninguna confesión religiosa. Estamos por tanto por la separación total entre la Iglesia y el Estado, y por la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede. Estamos por la supresión del Estado Vaticano, y que el Papa no sea un Jefe de Estado.
Y si la Iglesia no renuncia voluntariamente a sus privilegios, a lo mejor es hora de que el Estado le obligue, denunciando y en su caso incumpliendo aquellos acuerdos probablemente inconstitucionales. Y en interés del bien común de toda la ciudadanía se puede plantear una expropiación de los bienes adquiridos con fraude de ley o abuso de derecho, o una desamortización de los bienes que no cumplan la función social que deberían. El interés general ha de estar por encima de la propiedad privada, y más en una institución que no debería tener ánimo de lucro.
Muchos cristianos y cristianas distinguimos que no es lo mismo la Iglesia, de la que nos consideramos parte, que el Estado Vaticano, que no tiene sentido evangélico ni eclesial, y que además de no ser precisamente democrático ni siquiera ha firmado la declaración de los Derechos Humanos. Y tampoco nos sentimos identificados con la Conferencia Episcopal Española, que tampoco es democrática y que a veces representa las opciones más reaccionarias de defensa de sus privilegios de poder político y sobre las conciencias. No son la única voz de la Iglesia
Esto no es ?odio?? a la Iglesia. La Iglesia ganaría en libertad profética y coherencia evangélica si se liberara de esos privilegios. Y si no lo hace ella, el poder político le haría un gran favor liberándole de esas ataduras. Otra cosa es que la Iglesia sepa encajar evangélicamente esa liberación.
De momento, propongo que no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Ni la de ?fines sociales??: los servicios sociales han de ser obligación del Estado por justicia, no por caridad. Los impuestos de toda la ciudadanía han de servir para ?fines sociales?? de toda la ciudadanía, no opcionales.
Deme Orte Abril 2015.