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Entrevista con Joffre Villanueva, secretario general del Movimiento laico y progresista -- Joan Tapia

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El Periódico

«García-Gasco no sabe qué es la democracia»
Del 2000 al 2004, hasta cumplir los 30 años, fue presidente del Consell de la Joventut de Barcelona.
–¿La calle es de los católicos conservadores?
–No, pero la jerarquía eclesiástica tiene mucha capacidad de movilización. Y potentes altavoces que magnifican sus acciones.

–¿Entonces?
–En la calle cada día predominan más los valores de la laicidad. Vea la disminución de los declarantes de renta que aportan a la Iglesia. O el cambio de valores religiosos entre la generación de nuestros padres y los menores de 30 años. Los jóvenes catalanes que se declaran católicos practicantes son menos del 5%.

–¿Le molesta que los obispos se manifiesten?–No. El espacio público es de todos y es legítimo que hagan oír su voz. Lo que preocupa es el tono intolerante, reaccionario, preconciliar. Parece que digan que fuera de la Iglesia no hay moral. También están los ataques al aborto y a las clínicas.

Ustedes, callados.
–Callados, no. Pero no optamos por actitudes beligerantes. Las manifestaciones no son lo mejor para avanzar en la laicidad. Solo en el 2003, cuando el PP pretendió que la religión volviera a ser asignatura obligatoria y evaluable, nos planteamos alguna acción y creamos la Liga por la Laicidad, junto a sindicatos, asociaciones de padres y movimientos de renovación pedagógica.

–¿Y qué quieren?
–En la república, con minúsculas, la religión forma parte del ámbito de la autonomía privada. No es lógico, por ejemplo, jurar el cargo ante un símbolo religioso. Y queremos la ampliación de derechos y libertades, como ha sido la posibilidad del matrimonio para los homosexuales.

–En vez de matrimonio, ¿no se podían haber regulado uniones civiles? Hay quien se ha ofendido.–La ley era necesaria. El matrimonio es una institución regulada por el Estado. Y la ley no puede discriminar por la orientación sexual.

–Algunos dicen que un concepto amplio del matrimonio también podría incluir la bigamia.–No. Está regulado por la ley. Las reglas religiosas del matrimonio no pueden prevalecer. Ni con la religión católica, ni con la musulmana.

–¿Qué piensa cuando el cardenal García-Gasco dice que peligran la Constitución y la democracia?
–Que García-Gasco no sabe lo que es democracia. O que solo acepta de la Constitución lo que le conviene.

–Vayamos al aborto–Hay una fuerte campaña en contra, con una estrategia mediática muy a la americana, que habla de máquinas trituradoras…

Pero hay casos en los que se ha infringido la ley.
–A nadie le gusta el aborto. Para evitarlo, más y mejor educación sexual. Pero no se puede ir a la cárcel por abortar. Y, cuando se practica, el Estado debe garantizar las adecuadas condiciones sanitarias y psicológicas, así como la gratuidad. La inmensa mayoría de los abortos se hacen en clínicas privadas, pagando.

–¿Y si se infringe la ley?–Quizá en algún caso se ha forzado la ley. Por eso se necesita la ley de plazos. Y que el aborto se pueda practicar en la sanidad pública. El sistema hipócrita –que el PP no tocó– de manga ancha en clínicas privadas no es el mejor.

–¿Por qué se reabre la polémica?
–La Iglesia ha visto que esta legislatura había sido la de los matrimonios homosexuales. Y teme que en la próxima haya ampliación de derechos: ley de plazos, regulación de la eutanasia… Y la mejor defensa es un buen ataque para asustar al PSOE.

–¿Decepcionado con Zapatero?
–Depende. Ha hecho alguna concesión inexplicable.

–¿Cuál?–Subir al 0,7% la asignación a la Iglesia en el IRPF.

Pasa en otras democracias, como Alemania.–Pero en Alemania la cantidad aportada a las Iglesias se suma al IRPF, no se resta. Y no pasa en Francia.

–¿Y Sarkozy?–Ha hecho alguna declaración extraña. Pero la laicidad está garantizada por la ley de 1905, una ley que nadie tocará.

–¿Qué pasa con la escuela concertada?
–No somos radicales. En España la educación publica tiene dos redes, la pública-pública y la concertada, privada pero financiada con fondos públicos. Es una solución buena, pero transitoria. Mientras la red pública no tenga la capacidad suficiente.

–Según la Constitución, los padres tienen derecho a escoger la educación de sus hijos.–Hoy lo importante es que la concertada cumpla con las obligaciones que le impone la financiación pública. Entre otras, no seleccionar alumnos y admitir la cuota de inmigrantes que le corresponda.

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