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El vaticano ha tenido información constante de las negociaciones con Eta

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Religión Digital

La evidente contradicción de la CEE
Cuenta Enric Juliana en lavanguardia.es, que la comisión permanente de la Conferencia Episcopal española ha reanudado hostilidades con el Gobierno socialista con una brusca e inesperada condena a las negociaciones con ETA. La nota del episcopado ha causado sensación en los medios conocedores de la negociación, puesto que la Iglesia Católica ha desempeñado un papel relevante en ella. En un gesto sin precedentes, los obispos de Catalunya tomaron ayer distancias pidiendo a los fieles que el comunicado episcopal sea leído en tono menor.

En los últimos tres años, la secretaría de Estado de la Santa Sede – órgano equivalente a la jefatura de Gobierno del Estado vaticano- ha estado puntualmente informada de los preparativos y del desarrollo de las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno español, previa autorización del Parlamento, incluidos los acontecimientos posteriores al atentado contra el aparcamiento de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre del 2006. Tal flujo de información ha sido canalizado por prelados del País Vasco, bajo la tutela del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, según fuentes eclesiásticas conocedoras del proceso.

Al igual que en la tregua de 1998-99, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, ha desempeñado un papel importante en el intercambio de mensajes entre el Gobierno y ETA, sin que haya constancia oficial de una participación directa del obispo donostiarra en las conversaciones mantenidas entre ambas partes. En mayo de 1999, previa autorización del Vaticano, monseñor Uriarte ejerció de mediador en la reunión que mantuvieron en Suiza representantes del gobierno Aznar y miembros de la banda. En aquella ocasión, el Vaticano arropó la vía negociadora con gestos muy explícitos. Representantes de Batasuna tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus opiniones en Roma, entrevistados en directo por Radio Vaticana.

Según las mismas fuentes, monseñor Uriarte ha viajado regularmente a Roma en los dos últimos años – con una periodicidad aproximada de unos tres meses- para informar a la secretaría de Estado, que en estos momentos dirige el cardenal italiano Tarcisio Bertone. Tales contactos se habrían realizado sin una intervención directa de la nunciatura en Madrid, legación que encabeza el arzobispo portugués Manuel Monteiro de Castro.

Los esfuerzos negociadores del Gobierno Zapatero nunca han topado con la hostilidad del Vaticano. Perfectamente informado del proceso en curso, el Papa Benedicto XVI pidió desde la plaza de San Pedro de Roma, el 5 de abril del 2006, oraciones en favor de «los horizontes de paz que parecen abrirse en el País Vasco y en toda España».

La contradicción es evidente. Quizá por ello el documento difundido el jueves por la permanente del episcopado contiene algunas precauciones. Aprobado tras cinco horas de intensa discusión, el texto no cita en ningún momento a ETA y se limita a condenar que una organización terrorista sea tratada como interlocutor político. En la reunión no participó el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, interlocutor permanente del episcopado con el Gobierno.

El documento tiene más lecturas. Constituye una evidente censura a los prelados vascos, con la consiguiente carga de profundidad contra la cada vez más improbable reelección de Ricardo Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal, el próximo 4 de marzo. La candidatura conservadora del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, avanza con ardor.

Se reabren las tensiones Iglesia-Gobierno cuando faltan 37 días para las elecciones del 9 de marzo. El PSOE – que anteayer calificó de «hipócrita» al episcopado- toma aire. Zapatero, personalmente, salió ayer al ataque. El PP, con el viento centrista en contra, se puso a cubierto.

Y los obispos catalanes tocan a retirada. La Conferencia Episcopal Tarraconense señaló anoche en un comunicado que la vehemente declaración del episcopado español «no debe ser interpretada como una limitación de la libertad de opción política».

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