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El Supremo obliga a la Iglesia a asumir las indemnizaciones a sus docentes

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Religión Digital

Cuenta Xornal que el Tribunal Supremo apoyó ayer con dos sentencias de «unificación de doctrina» la petición de la Generalitat de que la Iglesia asumiese el coste de las indemnizaciones que el Gobierno tenía que efectuar a los profesores de centros educativos religiosos que eran despedidos de forma improcedente, según publicó el diario El País.

El máximo tribunal afirma que «la responsabilidad frente al trabajador [despedido sin motivo] corresponde también a la autoridad eclesiástica», no solo a la Administración, que no hizo más que ejecutar los deseos del prelado. De este modo, los obispados deberán asumir indemnizaciones por cuantías que ya suman varios cientos de miles de euros.

La mayor parte de los litigios que tienen que ver con despidos improcedentes en centros católicos se refieren a cuestiones de daños morales a los miembros del personal educativo después de que pierda su empleo tras llevar a cabo reivindicaciones o acciones contrarias a los principios católicos.

La denuncia que ha acabado con una situación que se había prolongado durante años fue cursada por el Gobierno catalán y se refería al pago que la Generalitat debía efectuar a un profesor para compensarlo por su despido tras acudir a la justicia en un litigio concerniente al límite de su jornada laboral. El Ejecutivo catalán denunciaba, primero ante el tribunal Superior de justicia de Cataluña, y luego ante el Supremo, que tuviese que «apechar con las consecuencias» de esta decisión, que no había tomado.

La primera corte absolvió al Arzobispado de Barcelona argumentando que las competencias para despedir y contratar a los profesores competen a la Administración, aunque el obispado los imponga.

Las dos sentencias -la otra correspondñia al Tribunal Superior de Canarias- emitidas por la Sala de lo Social del Supremo sobre este asunto ratifican la postura del Ejecutivo catalán, tal y como hizo constar ayer el magistrado Gonzalo Moliner Tamborero en el auto que emitió.

A la Sala de lo Social del Tribunal Supremo llegó otra sentencia del máximo órgano de Canarias referida a una cuestión similar, que el juez Gonzalo Moliner decidió añadir a la causa catalana. En esa comunidad, desde hace casi una década, el Obispado y la Consejería de Educación vinenen despidiendo, curso tras curso, a una docena de profesores por haber participado en una huelga legal o por hacer declaraciones a la prensa que no fueron consideradas apropiadas por sus superiores; algunos de ellos han ganada ocho demandas a la Iglesia. El Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Canarias y reproba estas prácticas al rechazar sendos recursos emitidos por la Consejería de Educación de Canarias

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