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El Salvador. Pronunciamiento de Sobrevivientes

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Masacre de El Sumpul (1980, más de 600 víctimas)
Masacre de El Mozote (1981, más de 1000 víctimas)
Masacre de La Quesera (1981, más de 600 víctimas)
1. Nos declaramos ofendidas y ofendidos ante los graves atropellos contra los
derechos humanos, ocurridos en estas últimas semanas:
• El cierre de Tutela Legal en forma abrupta, inconsulta e injustifi cado;
• La intimidación por parte de la seguridad privada del Arzobispado y el
seguimiento de hombres armados, vestidos de civil;
• El allanamiento por la Fiscalía y la incautación de archivos;
• La exclusión de la PDDH en su labor de verifi car el procedimiento y los
ataques verbales contra el Procurador;
• La demanda de amparo contra SECULTURA y su admisión “relámpago”
por la Sala de lo Constitucional.

2. Ninguno de los autores – el Arzobispo y sus comisiones, el Fiscal General,
el Juez 8º de Paz, los Magistrados de la Sala de lo Constitucional – ha hecho
esfuerzo alguno de acercarse a nosotros y de tomar en cuenta nuestro parecer.
Nos sentimos nuevamente victimizados por todas sus acciones.

3. Las comisiones de la iglesia que actúan en este asunto (llámese “Ad Hoc”,
“Especial”, “de Diálogo”, o “de Sugerencias”) son personas nombradas por el
Arzobispo, sin consulta o representación de las personas directamente afectadas.

4. En dos reuniones de diálogo, convocadas por nosotros, con algunos miembros
de la comisión primero y con el Arzobispo y miembros de comisiones después,
no fuimos tratados con sinceridad y se nos ocultó información importante:
Nos hicieron creer que el Arzobispado presentaría recurso de amparo contra
el Fiscal, cuando en realidad hicieron lo contrario: Saliendo de la reunión con
nosotros, presentaron recurso de amparo contra SECULTURA, para así evitar
cumplir con resoluciones de SECULTURA y de la PDDH que buscan proteger los
Nuestra lectura de los hechos en relación al cierre de Tutela Legal
archivos y nuestros derechos.

Esa misma noche, se reunieron “entre compadres”
con el Fiscal General para acordar retirar el allanamiento el siguiente día, y solo
horas después, la Sala de lo Constitucional les ayudó, admitiendo la demanda
de amparo. Con eso se evitó que PDDH y SECULTURA verifi quen el inventario
de los archivos. Mientras el obispo ante nosotros juraba sobre la Biblia “estoy
diciendo la verdad” y “hemos conservado el archivo en su integridad”, que la
Fiscalía no tocaría un solo papel, el Fiscal dice el siguiente día que no encontró
en los archivos “información importante para dichas investigaciones”. – Todo eso
es una burla y un menosprecio de la jerarquía hacia nosotros, quienes somos la
base de nuestra Iglesia. Así lo sentimos.

Quedaron dudas fundamentales que exigimos se aclare de una vez:
• ¿Cuáles son las causas de fondo del cierre de Tutela Legal?
• ¿Por qué para el Arzobispo la Fiscalía “es la ley” y se somete al allanamiento,
pero rechaza la verifi cación del proceso de registro e inventario de los
archivos por parte de PDDH y SECULTURA, ambas instituciones basadas
en la ley, incluso la PDDH con rango constitucional?

• ¿Qué sucedió en los archivos durante los 15 días del allanamiento, con
el cuál se rompió la cadena de custodia iniciada por la Dra. Maria Julia
Hernández y su equipo de profesionales, y con el cual se contaminan
evidencias de graves violaciones de los derechos humanos que existen en
los archivos?

Lamentamos que todo lo actuado y ocultado esté siendo avalado por la falsa
unidad de la Conferencia Episcopal y de una parte del clero, donde nadie tuvo
valor para tomar una posición decidida y pública a favor de las víctimas y en
contra de la mentira, tal como Monseñor Romero lo hizo en forma ejemplar.

Nuestras conclusiones

Aclaramos a la población:
Continúa existiendo en el país la necesidad de una instancia humanitaria
competente con principios cristianos y basados en la opción preferencial por
los pobres, que tenga como fi n garantizar verdad, justicia y reparación moral y
material para las víctimas, y que permanezca indefi nidamente hasta ver hecho
r e alidad su razón de ser.

No existe base de confi anza para dejar la representación de nuestros casos en
manos de una nueva institución que supuestamente el Arzobispado está creando.
Condicionar el acceso a nuestros archivos con esa representación seria una
imposición.

Es nuestro derecho decidir, y por eso aclaramos: Nuestros representantes
legales siguen siendo los abogados de Tutela Legal injustamente despedidos,
en quienes confi amos y quienes han trabajado a la par de nosotros con
compromiso y profesionalismo, durante años. Saludamos su esfuerzo de crear
una nueva Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, con los principios arriba
mencionados.

Demandamos al Sr. Arzobispo:
Demandamos la entrega inmediata de nuestros expedientes y de toda la
documentación de respaldo de nuestros casos (impresa, digital, fotográfi co y audio),
así como la entrega de las boletas y archivos digitales del censo de víctimas, realizado por nosotros.

Los archivos históricos de Tutela Legal no son “propiedad privada” del Arzobispado,
sino de las víctimas y de las personas que aportaron a él. Confi aron sus testimonios
a esta ofi cina para su resguardo, no para que sean propiedad privada del Arzobispo.

Recordamos al Estado:
En la actualidad, la PDDH es la instancia pública en la que confi amos, porque nos
ha demostrado respeto y compromiso. Tal como lo expresó el Procurador, urge la
creación de una “Fundación de la Verdad y la Memoria”, propuesta surgida de la
Comisión de la Verdad, para la preservación de documentos y testimonios sobre
violaciones a los derechos humanos durante el confl icto armado, con participación
de organizaciones de derechos humanos y víctimas de todo el país. Eso

Condena y llamado urgente:
Repudiamos y condenamos el atentado contra Pro Búsqueda el día 14 de
noviembre y nos solidarizamos con todas las victimas y familiares de esta
organización. Demandamos a las instancias del Estado que investiguen y
sancionen a los autores del atentado. Además, que garanticen la seguridad y
protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, sus archivos
e instalaciones.

Nos da pena tener que exigir a quienes por vocación deberían portarse
como nuestros hermanos. Pero confi amos en nuestro hermano de verdad,
Monseñor Romero, quien dijo: “La justicia, nadie la puede callar ya”. Por eso
convocamos a víctimas y sobrevivientes de todo el país, defensoras y defensores
de los derechos humanos, bases comprometidas de las Iglesias históricas y
evangélicas así como al movimiento social con memoria a acompañar nuestra
movilización general, con una Concentración y marcha
Martes 3 de Diciembre, 8.30 am, frente a Catedral.

Chalatenango, Morazán, Usulután y San Salvador, 15 de Noviembre del 2013

Fuente: Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base

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