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EL PODER JUDICIAL RECHAZA QUE LOS JUECES SE NIEGUEN A CASAR GAYS

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El País

El Poder Judicial rechazó ayer en una votación muy reñida el recurso del juez del Registro Civil de Sagunto (Valencia) que invocó la objeción de conciencia para abstenerse de casar gays. El vocal conservador y miembro del Opus Dei José Luis Requero defendió la petición, basada en documentos de la Congregación de la Doctrina de la Fe y de la Conferencia Episcopal. Pero el voto secreto de un consejero propuesto por el PP que se unió a los ocho vocales progresistas presentes tumbó la propuesta.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya rechazó la propuesta del juez en febrero avisando de que jueces y magistrados «no pueden ejercer la objeción de conciencia al estar sometidos únicamente al imperio de la ley». Esa comisión también recordó al recurrente que la abstención (la separación voluntaria de un caso) «no puede esgrimirse en abstracto o para un tipo de procedimientos en su conjunto» como los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El juez recurrió esa decisión ante el pleno del CGPJ, que ayer debatió el asunto, del que fue ponente el vocal propuesto por el PP José Luis Requero. En su argumentación, el consejero conservador rechazaba las razones de la comisión permanente al asegurar que un juez de Registro Civil, al recibir órdenes de la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, «queda igualado en un estatus funcionarial». Es decir, que los jueces de este tipo son más funcionarios que jueces y que como los funcionarios, sí tendrían derecho a la objeción de conciencia.

Para justificar este último aspecto citó una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció a un militar el derecho a invocar la objeción de conciencia para no asistir a un acto religioso desobedeciendo órdenes de sus superiores.

Los vocales de la minoría progresista defendieron que los jueces, cualquiera que sea su ocupación, están sometidos por mandato constitucional al imperio de la ley (en este caso de las disposiciones del Código Civil que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo) y recordaron que ninguna sentencia del Tribunal Constitucional permite acogerse a la objeción para dejar de aplicar una ley ni a jueces ni a funcionarios de ningún tipo.

La votación fue secreta a petición del vocal a propuesta del PSOE Juan Carlos Campo. Los ocho consejeros progresistas que estuvieron presentes y otro procedente del sector conservador votaron en contra de la propuesta de Requero de estimar el recurso. Pero otros ocho vocales conservadores lo hicieron a favor y hubo un voto en blanco.

Abrir una puerta
«Permitir a los jueces acogerse a motivos religiosos para abstenerse en estos casos supondría abrir una puerta para que otros lo propusieran en otros temas como el divorcio o el aborto», aseguró la vocal a propuesta del PSOE Monserrat Comas, que añadió: «La objeción de conciencia es un derecho de los ciudadanos frente al Estado y no del Estado frente a los ciudadanos».

El portavoz del Consejo y miembro de la mayoría conservadora Enrique López aseguró tras la reunión que ninguno de los miembros del Consejo dudaba de la ilegalidad de la objeción de conciencia de los jueces en labores jurisdiccionales ni del derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio con independencia del sexo de los contrayentes.

Ataques al matrimonio

Desde el Consejo General del Poder Judicial se han pronunciado varios de los ataques más furibundos contra la reforma del Código Civil que reguló el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El primero se produjo antes de la aprobación de esa ley que los permitió. El Consejo, sin que lo pidiera el Gobierno, emitió un informe contrario a la institución redactado por José Luis Requero en el que el vocal conservador comparaba el matrimonio entre personas del mismo sexo con la unión entre humanos y animales o entre más de dos personas.

La segunda decisión controvertida fue la negativa a abrir expediente a Laura Alabau, juez del Registro Civil de Dénia (Alicante) que paralizó tres expedientes de matrimonio entre homosexuales y aseguró que se sentía «perseguida por el aparato propagandístico del Gobierno». La comisión disciplinaria del Consejo rechazó la propuesta del servicio de Inspección que apreció varias faltas disciplinarias.

La juez presentó una cuestión de constitucionalidad por considerar que ese tipo de matrimonios eran contrarios a la Constitución. Cinco meses después, el Constitucional ni siquiera la admitió a trámite.

El País, 6 de noviembre de 2006

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