Cuenta Delia Jiménez en La Provincia que el Tribunal Supremo ha comenzado a dar la razón en firme a los más de veinte profesores canarios de la asignatura de Religión que hace casi diez años iniciaron una batalla contra la política laboral del Obispado de Canarias. De momento, los dos primeros profesores amparados por la doctrina del Tribunal Supremo, Araceli Gómez y Martín Suárez, tendrán que ser indemnizados con más de 96.000 euros por el Obispado de Canarias por los daños y perjuicios ocasionados.
No obstante, Rafael Ramírez, representante de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), estima que la cuantía indemnizatoria global que deberá desembolsar el Obispado de Canarias a los numerosos docentes afectados por los despidos ascenderá en la comunidad canaria a casi un millón de euros.
Los profesores se vieron obligados a acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos laborales y constitucionales después de que la diócesis no les renovara sus contratos. Al parecer, el detonante fue la participación de los demandantes en una concentración en la que protestaban contra la acción del Obispado de Canarias que había modificado de indefinida a temporal la situación laboral de los docentes que impartían Religión.
De momento, los dos primeros profesores amparados por la doctrina del Tribunal Supremo tendrán que ser indemnizados por la diócesis con más de 96.000 euros. El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria en las que se declaraban nulos los despidos de Araceli Gómez, despedida hasta en ocho ocasiones, y de Martín Suárez, con cinco despidos nulos. «Por culpa del delegado en Canarias Hipólito Cabrera se está produciendo un gasto tan enorme para la Iglesia», argumenta Rafael Ramírez.