Preliminar
Con independencia de que el presidente José Manuel Zelaya haya incurrido en acciones inconstitucionales, asunto polémico, acciones por los cuales se le debió seguir un proceso de acuerdo a la las leyes hondureñas, contra él se activó un golpe de Estado.
Este golpe de Estado recibió el rechazo, aunque por razones diversas, de una parte significativa de la población de Honduras, y también el inevitable repudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, además, exigió la inmediata restitución del presidente Zelaya en su cargo. Esta instancia, para quienes desean hoy desconocerla, es una organización internacional panamericana de la cual forman parte todos los Estados americanos (excepto Honduras, suspendido en julio del 2009) y a la que solo no pertenecen los territorios que todavía son colonias (Guayana Francesa o, más polémicamente, Puerto Rico, por ejemplo).
Cuba fue recientemente readmitida en la OEA pero no participa en ella. La suspensión de Honduras fue votada por 33 Estados de 34 (Honduras se abstuvo). La decisión de la OEA se basó en su carta constitutiva (1948) y en la reciente Carta Democrática Interamericana (2001). Está, pues, apegada a derecho panamericano e internacional.
Por supuesto, este derecho podría cambiar, si así lo estimasen los Estados que concurren en la OEA. Lo que no tiene valor para los Estados y sus personeros en el seno de la OEA, excepto por razones diferentes al golpe de Estado perpetrado por empresarios, militares y funcionarios políticos hondureños, es acusar a la OEA de injerencismo, desautorizar a su Secretario General que sigue instrucciones de la Asamblea General, e, incluso, gestionar ‘mediaciones’ que no tengan como eje el rechazo frontal al golpe de Estado y la exigencia de inmediata restitución del presidente Zelaya en su cargo.
Que Estados Unidos haya sugerido inicialmente una negociación que no contenía estas reclamaciones y la encargue a Costa Rica (y este Estado la acepte) solo indica que ambos Estados votaron por algo en lo que no creían ya sea porque favorezcan el golpe (que parece ser la posición de Estados Unidos) o por conveniente confusión mental (que podría ser el caso de Costa Rica) en un marco de desprecio por la OEA y más específicamente por la realidad de las “repúblicas bananeras”.
Se debe asimismo reconocer que, en tanto organismo internacional, la OEA no posee un prestigio incontestable y que su posicionamiento actual busca ganar solidez interna y darse un protagonismo del que históricamente ha carecido. En estos esfuerzos tropieza, sin duda, con la permanente voluntad hegemónica de Estados Unidos en el subcontinente, con las diferencias internas entre los países latinoamericanos y sus propias limitaciones institucionales.
Este artículo, que se inicia el 18 de julio, no se ocupa, sin embargo, del desenlace del golpe de Estado ni de sus alcances para la organización de los Estados Americanos, sino de algo que constituye ya un dato: el apoyo de los aparatos clericales hondureños (católicos y un buen número de iglesias y pastores protestantes) plasmado en pronunciamientos y jornadas de oración y, también, de las oposiciones a ese apoyo concretado asimismo en al menos un documento de una de las diócesis hondureñas y en las movilizaciones a favor de Zelaya en las que participan, sin duda, creyentes religiosos cristianos protestantes y católicos.
Debe observarse que tanto las jornadas de oración, llamadas principalmente por el pastor Evelio Reyes, como la declaración de la Conferencia Episcopal hondureña fueron ampliamente difundidas por la prensa empresarial y las agencias periodísticas favorables al golpe, difusión de la que carecieron los pronunciamientos de inspiración religiosa o clerical en contra de él. Por lo tanto el análisis no prejuzga acerca de las opciones ‘cristianas’ o de otros creyentes religiosos en el conflicto, sino que se interesa exclusivamente en posicionamientos que pueden atribuirse a reducidos círculos ‘sacerdotales’ ‘cristianos’.
