El mundo al revés. Una de las necesidades básicas de la persona, habitar en una vivienda digna, se ha convertido en un privilegio al que no aspira la mayoría de la población española. Mucho menos si eres joven. En el artículo 47 de nuestra Constitución se afirma que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”.
Lo que la Carta Magna marca como un derecho fundamental para cualquier persona que resida en este país (bueno, ya se sabe que a las y los inmigrantes, aunque vivan y trabajen aquí, en demasiadas ocasiones la ley y el Estado no les sitúa dentro de la categoría de personas) el ‘dios’ Mercado se niega a garantizarlo. Muerto y enterrado el Estado del Bienestar, los nuevos tiempos han dado luz a una época en la que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un mero negocio.
No resulta ninguna novedad escuchar hoy en día a un experto decir “que el Gobierno debería adoptar medidas inmediatas para resolver el problema de la vivienda”. Pero si el que lo dice es Miloon Kothari, relator especial sobre vivienda de la ONU, la cuestión adquiere una dimensión distinta.
Si además añade que “el problema de la vivienda en España es el más grave de Europa y uno de los más complejos del mundo”, la cuestión queda fijada en su justo término. Kothari visitó nuestro país a principios del pasado mes de diciembre y se despachó a gusto acerca de la relevancia que adquirido el fenómeno “de la especulación y el enriquecimiento de los promotores para los que el caso de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella sólo representa la punta del iceberg”. El relator sobre vivienda de Naciones Unidas concluyó afirmando que la situación se ha tornado “insostenible” para cerca de un 25% de la población española que se ve excluida del mercado de la vivienda debido a los precios que se exigen.
A este soplo de aire fresco se le une la magnífica noticia que nos dieron nuestros vecinos franceses a principios de año. El Gobierno de Dominique de Villepin ha anunciado que muy pronto presentará ante el Parlamento francés un proyecto de ley para que se establezca el derecho a reclamar ante los tribunales, por parte de cualquier ciudadano o ciudadana, una vivienda al Estado. La presión ejercida por un movimiento ciudadano que se ha hecho llamar ‘Los hijos de Donde Quijote’ ha conseguido, asimismo, que el Ejecutivo galo se comprometa a dar techo a los miles de personas sin hogar que vagan por las calles de sus ciudades. Según la ONG Quart Monde, en Francia 100.000 personas malviven en la calle y un millón no dispone de una casa permanente y digna.
Rebeldes sin casa
Mientras, aquí y pese a los sombríos augurios que a menudo se proclaman sobre la capacidad reivindicativa de las nuevas generaciones, miles de jóvenes se han lanzado en los últimos meses a las calles de las grandes ciudades de toda España para denunciar una situación que clama al Cielo. Se trata de un movimiento ciudadano que ha emergido de un modo espontáneo, alejado de los tentáculos de los partidos políticos, y que ha sido capaz de calar en una gran mayoría de las y los jóvenes que sienten la misma rabia e impotencia cuando se plantean emanciparse de casa de sus padres. Internet (www.viviendadigna.net) ha sido un espacio perfecto para que este fenómeno combativo se extienda como una mancha de aceite a la que no se le ve final.
La fuerza de sus argumentos ha conseguido granjearse el interés y hasta la simpatía de los medios de comunicación que, ¡vaya ironía!, viven de la publicidad que pagan bancos virtuales que ofrecen fabulosos créditos hipotecarios a un bajo interés, empresas constructoras y ricos magnates del fútbol que han hecho fortuna gracias a los ‘mares de ladrillo’.
Vale la pena seguir la pista de este nuevo movimiento social que ya logró cancelar, por ejemplo, la Cumbre de ministros de países de la UE que iba a tratar, en octubre de 2006, de modo monográfico el tema de la vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona optó por anularla ante la posibilidad de ‘algaradas callejeras’ anunciadas por unos manifestantes que denunciaban la hipocresía de una clase política que se niega, en términos generales, a adoptar medidas valientes para frenar la especulación criminal que hoy se genera en este país en torno al gran negocio de la vivienda. Con lemas ingeniosos y formas de actuar espectaculares y muy sencillas, ‘V de vivienda’ pretende seguir con las movilizaciones y plantean el 31 de marzo como jornada de protesta en todo el Estado.
El precio de la vivienda libre (no sujeta a ayudas públicas), de acuerdo con datos recientes facilitados por el Ministerio de la Vivienda, ha pasado de 670 euros el metro cuadrado, en 1995, a 1.781 euros en 2005, lo que supone un aumento del 265%. Al mismo tiempo, en la última década el número de hipotecas se ha triplicado, pasando de ser 530.00 en 1995 a 1.669.000 en 2005. Estos datos son insultantes si se comparan con la bolsa especulativa que representan los cientos de miles de pisos vacíos ubicados por toda la geografía española que no se ponen ni a la venta ni se alquilan.
Una iniciativa lanzada, como globo sonda, por la Generalitat de Catalunya en el sentido de aprobar una norma que obligue a alquilar los pisos a los propietarios que los tengan inutilizados, levantó en el mes de noviembre una inmediata reacción en contra por parte de quienes afirman que se atenta contra el derecho inalienable, el más importante para ellos, de la propiedad privada. Muchos de estos sectores reaccionarios, que son los mismos que manejan los hilos de la economía y la política en este país, son los que alientan auténticas campañas mediáticas de criminalización del movimiento okupa que, en ciudades como Barcelona, ha alcanzado altas cotas de apoyo juvenil.
Corrupción municipal
Las promotoras anuncian pisos de 30 m2 a un alquiler módico de 600 euros al mes. Los propuesta de minipisos que sirvió dos años atrás para escarnio de la actual ministra de Vivienda, si que vale para las constructoras que siempre saben sacarle el máximo rendimiento a las situaciones propicias. Muchas de estas viviendas se construyen, por ejemplo en Madrid, en zonas conocidas como PAUs. Se trata de inmensas superficies, a las afueras de la capital, donde las selvas de grúas y operarios dejan paso a moles de ladrillo sin que se acompase la dotación de servicios públicos básicos. Los inquilinos de estos flamantes pisos que se venden a una medios de 300.000 euros, descubren que tienen casa y una hipoteca de por vida. Sin embargo, carecen de colegios y escuelas infantiles (las públicas tardan años en llegar), las zonas verdes son escasas, y los polideportivos, centros juveniles, residencias y centros de día para mayores son inexistentes. Así crecen las ciudades. Primero llega la especulación y cuando hacen caja ‘los señores del ladrillo’, a los ciudadanos les toca mirar a unos gestores municipales a los que se les ha olvidado que además de ser carne de créditos hipotecarios necesitan unos mínimos que les permitan reconocerse como ciudadanos y ciudadanas.
En el cuadernillo de Cristianisme i Justícia de diciembre de 2006, titulado ‘El derecho de acceso a la vivienda’, Enric R. Bartlett, profesor de Derecho Público en ESADE, apunta que “la creación de patrimonios públicos de suelo, al menor coste posible, mediante expropiación, compra de terreno o cesión del mismo por parte de los promotores, debería ser una prioridad para las administraciones locales”. ¿Cuál es la realidad en el ámbito municipal? Pues nos encontramos con un goteo sin fin de casos de corrupción en cientos de municipios españoles en los que se producen recalificaciones fraudulentas de terrenos, previo pago de sustanciosas cantidades de dinero a alcaldes y concejales.
Pero no siempre en los Ayuntamientos gobiernan partidarios del urbanismo depredador y especulativo. Un modelo de la apuesta de un municipio por la vivienda pública y por la gestión concienciada del suelo lo ostenta Rivas Vaciamadrid, gobernado en la actualidad por una coalición de izquierdas que encabeza IU. En Rivas, una ciudad muy cerca de Madrid que crece a razón de cinco mil habitantes al año y que ya tiene 60.000, cuando hace 25 años reunía un censo de 600 personas, el modelo de desarrollo urbanístico que se ha puesto en marcha ha sabido negociar adecuadamente con los promotores urbanísticos para obtener unas plusvalías que son únicas en la Comunidad de Madrid. Y los datos son elocuentes: La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid obliga a los promotores a ceder a los ayuntamientos un 10% del suelo construido. En Rivas se ha conseguido hasta un 45% de aprovechamiento en suelo residencial (donde se construyen viviendas), y un 66% en el nuevo suelo productivo (polígonos industriales).
Esto supone unas cuantiosas plusvalías que convierten al Ayuntamiento en el máximo propietario de suelo del municipio, y que se reinvierten en servicios públicos, vivienda social y dotaciones para la ciudadanía. Por si esto fuera poco, de las 14.000 viviendas que se van a construir en la próxima década en el término municipal, 6.000 son de titularidad pública. En Rivas se adelanta 4 años respecto a la media de Madrid la edad de emancipación del hogar familiar de las y los jóvenes. Todos estos datos indican cómo es posible poner en práctica medidas que garanticen el derecho a la vivienda por parte de la ciudadanía. “La promoción de la vivienda pública para jóvenes y personas con bajos recursos debería ser una prioridad para cualquier gobierno”, proclama José Masa, alcalde de Rivas. En esta legislatura que termina la próxima primavera en esta localidad del sureste madrileño se han sorteado 1.300 viviendas protegidas, con lo que uno de cada seis jóvenes de la localidad, los principales beneficiarios, han adquirido en propiedad o en alquiler pisos un 40% más baratos de cómo fija el mercado inmobiliario de vivienda libre.
Lógica económica
Más bien habría que hablar de ilógica. Aunque en estos tiempos que corren ya sabemos que los términos en los que se define qué es lógico y qué no lo es, no viene marcados por las necesidades de las gentes sino por las del Mercado y las empresas. El Gobierno de Aznar promovió en 1998, y el Parlamento dominado por el PP lo aprobó, la Ley de régimen de suelo y valoraciones. Con esta norma se desregula su protección, abriendo mucho más la mano a la iniciativa privada y declarando urbanizable todo el suelo que no haya sido expresamente protegido por razones agrícolas o medioambientales (suelo rústico o zonas verdes). “Se opta por flexibilizar la intervención municipal con vistas a que se incremente el suelo disponible en el mercado de modo que genere una reducción de su precio”, apunta Enric R. Bartlett, en el cuaderno de Cristianisme i Justicía al que antes hacíamos referencia. Sin embargo, esta medida no impide la retención especulativa de los terrenos. Como siempre, las soluciones que colocan a ‘papá’ Mercado como solución perfecta para los problemas de vivienda, en realidad lo que hacen es ocultar sus auténticos fines. No se pretende responder a las necesidades de las gentes de a pie sino enriquecer aún más a los que ya tienen demasiado.
Por si el desastre fuera pequeño, esta medida facilitó el avance depredador del suelo artificial (el construido) en perjuicio del natural. Así, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Observatorio de Sostenibilidad de España, la superficie de suelo artificial se incrementó en un 29,5% en el periodo comprendido entre 1987 y 200. Esto significa que en nuestro país se da un ritmo de ‘depredación’ equivalente a 2 campos de fútbol (dos hectáreas) a la hora.
