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Desde la época de la transición democrática se ha producido en España una complicidad de la derecha política con la jerarquía católica y sus organizaciones conservadoras en cuestiones relacionadas con el origen y el final de la vida, los modelos de familia, los derechos sexuales y reproductivos, la teoría de género, la violencia contra las mujeres, la enseñanza de la religión confesional en la escuela, la educación para la ciudadanía, la ley de la memoria histórica, la actitud ante la dictadura de Franco, etc. Se ha producido una unidad indiferenciada en sus planteamientos hasta el punto de que resulta difícil distinguir las opiniones de una y otra, ya que ambas se rigen con frecuencia por la más rancia moral católica.

Durante los gobiernos socialistas, derecha política y jerarquía católica coincidieron en las críticas contra leyes que ampliaban derechos humanos, avanzaban tímidamente en la separación Iglesia-Estado y defendían la igualdad efectiva y la justicia de género, llevándolas incluso a los tribunales y judicializando así la vida política.

[Las críticas de los obispos se silenciaban cuando gobernaba la derecha, aun cuando esta no anulara leyes que había criticado o llevado a los tribunales estando en la oposición. La jerarquía se sintió con frecuencia incómoda en la democracia y se consideró perseguida por los gobiernos socialistas, a quienes acusaba de laicismo fundamentalista y de aprobar leyes contrarias a la doctrina y la moral católicas, a pesar de que dichos gobiernos incrementaron los privilegios económicos. Más aún, los obispos fueron del brazo de la derecha política en manifestaciones en protesta por determinadas políticas socialistas.]

La complicidad con tintes fundamentalistas y reaccionarios ha vuelto a producirse de manera más acusada durante las primarias del Partido Popular en el discurso de Pablo Casado. Incluso nos atreveríamos a decir que en algunos temas el nuevo presidente del Partido Popular ha ido más allá de los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Española. Veámoslo con algunos ejemplos.
Hace suyo el lenguaje de los obispos y utiliza la expresión “ideología de género” para referirse despectivamente a la teoría de género dándole una carga negativa y considerándola una falsedad. La califica de “colectivismo social” que la derecha tiene que combatir poniendo a la persona en el eje de su actividad política. Eso es precisamente lo que hace la teoría de género: colocar a la persona en el centro de la actividad política y afirmar la igual dignidad y los mismos derechos y deberes de todos los seres humanos, sin discriminación por razones de género.

La coincidencia del recién elegido presidente del Partido Popular con los planteamientos del conservadurismo católico se produce igualmente en el rechazo al aborto y a la eutanasia. Casado se posiciona del lado de la frustrada contrarreforma del aborto de Gallardón, retirada por el Gobierno de Mariano Rajoy. De la proposición de ley sobre la eutanasia, admitida a trámite por todo el arco parlamentario hace unas semanas con la sola oposición del Partido Popular, dice que es “inadmisible e innecesaria” por los conflictos que genera entre las familias, las administraciones, los médicos y la sociedad española en general. En su particular cruzada contra la eutanasia ha contado con el apoyo entusiasta de la organización de extrema derecha católica HazteOir.

Las declaraciones de Casado sobre la memoria histórica repiten escolar y miméticamente el argumentario del episcopado. Se opone a las comisiones de la verdad porque lo que hacen es “abrir costuras y volver a enfrentar a las dos Españas”. Le parece “absurdo” hablar de lo que pasó hace 40 u 80 años y critica la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero porque no aporta nada al futuro y porque es “sectaria”, valoración que coincide con la de los obispos que en su día la calificaron de selectiva y excluyente.

En relación con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se pone del lado del prior de los benedictinos. Lo que implica distanciarse de la actitud del presidente de la Conferencia Episcopal y del cardenal-arzobispo de Madrid que han renunciado a interferir en la decisión por considerar que se trata de un tema que tienen que resolver el Gobierno y la familia.
Casado afirma que no gastaría un euro en desenterrar a Franco. Con esta afirmación lo que hace es apoyar que un templo católico siga siendo un monumento funerario en honor del dictador y que los monjes benedictinos continúen ejerciendo la función de custodios de su tumba –¡triste menester!-. Es una situación que no se produce en ningún país democrático del mundo y en ninguna iglesia cristiana.
Frente a la memoria histórica que exige rehabilitar a las víctimas de la guerra civil y del franquismo, el nuevo presidente del Partido Popular prefiere practicar la amnesia histórica e insultar a la gente de izquierdas llamándola “carca” porque pasa todo el día pensando “en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no sé quién”.

¡Qué falseamiento de la historia llamar “guerra del abuelo” al golpe militar de Franco contra la República! ¡Qué falta de piedad para con los asesinados vilmente y arrojados a fosas comunes, a quienes despectivamente califica de “no sé quién”! ¡Qué actitud más miserable hacia las familias que buscan a sus seres queridos arrebatados violentamente!
Casado se declara católico practicante y está en su derecho. Lo que no puede es trasladar sus creencias religiosas a un programa político para toda la ciudadanía.
Margarita María Pintos de Cea-Naharro es teóloga feminista y presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso en Madrid (ADIM)