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¿Dos episcopados en dos naciones? -- José Ignacio Calleja

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Religión Digital

Las notas de la CEE y la Tarraconense
La justicia como legitimidad no siempre es el mejor camino para la solidaridad
Leo con atención la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, (3 de Octubre de 2012), y la Nota de la Tarraconense, (Obispos de Cataluña, 5 de Octubre de 2012), y opino que cada una de ellas comete un error de bulto, en los presupuestos, haciendo imposible el encuentro moral, y hasta un buen discernimiento moral por cada lado:

– En el Caso de la CEE, n 12, y reproduciendo el texto de la Asamblea Plenaria, del año 2006, Orientaciones morales ante la situación actual de España, la valoración moral está construida bajo el supuesto de «esa antigua nación que es España». Dado el debate de naciones en España, no parece prudente que el Episcopado parta de una definición del hecho nacional español en cuanto Obispos en ejercicio de su Magisterio.

Sí es correcto decir en moral que «propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud», pero no hay por qué decir oficialmente que se trata de una nación (única). Éste es su mayor fallo para referirse después, con acierto, al bien común y, sobre todo, a la solidaridad. Yo creo que los Episcopados, en general y todos, deben referirse a este valor, y evitar lo de la unidad de la nación española (o la que fuese) como dato fehaciente en doctrina episcopal. El texto moral tendría toda su fuerza.

– En el caso de la Tarraconense, los Obispos de Cataluña, no hablan de nación catalana, sino de pueblo de Cataluña, y pueblos hermanos de España, – hilan más fino -, pero incurren en la ilusión de animar «al camino del diálogo y el entendimiento entre todas las partes interesadas para conseguir soluciones justas y estables, que fomenten la solidaridad y la fraternidad». Este juicio episcopal es muy razonable, pero evita complicarse con la realidad: las soluciones justas, entendiendo por tal legítimas y estables, no fomentan así como así la solidaridad y la fraternidad. Las cosas son como son.

Al final, en las rupturas de una comunidad de pueblos, hay que elegir y en medida muy seria, entre legitimidad y solidaridad. Si alguien rompe una relación, – porque tiene derecho, o porque no ve otra salida a su derecho, o porque tiene derecho y ve en ello una ventaja, en cualquier supuesto -, no lo hace para ser más solidario y fraternal, sino para preservar mejor «lo suyo». Así es la historia de cierta y cruda.

La justicia como legitimidad no siempre es el mejor camino para la solidaridad, y, a mi juicio, las Iglesias deberían decir que, si hay que elegir, cuando haya que elegir, que prime la solidaridad sobre la legitimidad, a no ser que esté probado que la libertad de un pueblo no tiene otra salida para sobrevivir. O de otro modo, que se busquen siempre fórmulas políticas en que la justicia como legitimidad de un pueblo no arruine la solidaridad con los otros con quienes viene conviviendo. Y no creo que la moral social cristiana de los Obispos pueda ir más allá, hasta valorar como cristianos si la libertad de ese pueblo, – el que sea -, está gravemente amenazada y el desarrollo concreto de su independencia la preserva mejor, aunque sufra en algo la solidaridad.

Desearía haber aportado algo nuevo al debate y ponerlo en una más adecuada perspectiva ético-cristiana. Paz y bien.

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