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De la Vega acusa a los obispos de vulnerar el «respeto debido» a Gobierno y al Parlamento

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El Plural

Advierte a la Iglesia que no aceptarán «tutelas morales»
María Teresa Fernández de la Vega ha comparecido esta mañana a petición propia en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para informar de la situación de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. La vicepresidenta ha expresado su respeto al derecho de «una parte» de la jerarquía eclesiástica a criticar al Gobierno, como hicieron los obispos en la reciente concentración de Madrid en favor de la familia cristiana.

Sin embargo, también ha pedido y exigido «el mismo respeto» para el Ejecutivo cuando cumple sus compromisos electorales. «Lo que ya no resulta tan tolerable es que para ejercer ese derecho se vulnere el respeto debido a dos poderes legítimos, como son el Gobierno y el Parlamento, y se haga además faltando a la verdad», ha dicho.

Según ha defendido De la Vega, el Gobierno ha cumplido rigurosamente con los acuerdos de la Santa Sede y ha defendido esta cooperación con la Iglesia porque no supone «menoscabo» de la «laicidad» del Estado. Al mismo tiempo ha subrayado que ni la sociedad ni el Gobierno aceptarán «tutelas morales» de nadie y ha advertido que no está dispuesta «a retroceder a tiempos pretéritos en los que una única moral era impuesta a todos los españoles».

Aconfesionalidad del Estado
De la Vega ha hecho hincapié en que la «buena relación de cooperación y lealtad» entre ambas instituciones, recogida en los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979, «ni empaña ni merma en nada la aconfesionalidad del Estado». Esta relación, ha dicho, no «otorga» derecho a ninguna Iglesia, por mayoritaria que sea, «a inmiscuirse en el ámbito propio de la autonomía del poder político».

Matrimonios gays y divorcio
La vicepresidenta ha valorado la profundización en derechos sociales que, a su juicio, ha llevado a cabo el Ejecutivo, con medidas como el reconocimiento de los matrimonios homosexuales o la supresión de trabas para el divorcio, unos cambios que, en su opinión, la sociedad española «ha aceptado e integrado en su día a día». Por otra parte, ha argumentado De la Vega, el Gobierno, se ha limitado a cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos en las urnas para extender sus derechos y eliminar discriminaciones y ha pedido respeto para esta labor, sobre todos porque estos nuevos derechos «a nadie obligan» ni «impiden a nadie la vivencia y el libre ejercicio de su fe».

Acuerdos más allá de las discrepancias
Pese a las discrepancias de «una parte» de la jerarquía eclesiástica en esta legislatura hacia reformas promovidas por el Gobierno socialista -como la LOE, el régimen de la asignatura de Religión o la implantación de la Educación por la Ciudadanía-, De la Vega ha dicho que ha trabajado «bien» con la Iglesia y ha valorado acuerdos alcanzados, entre ellos el relativo a su financiación.

No se revisarán los acuerdos con el Vaticano

De la Vega ha rechazado además abordar ahora una revisión de los acuerdos con la Santa Sede y mucho menos llamar a consultas al embajador español Francisco Vázquez tras las críticas de la jerarquía eclesiástica en respuesta a la petición de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, había trasladado ambas peticiones a la vicepresidenta en su comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para explicar la situación actual de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Vázquez está donde tiene que estar
Sobre la llamada a consultas del embajador ante la Santa Sede, un «gesto de fuerza» reclamado por IU-ICV, ha recalcado que Vázquez «está haciendo un papel muy importante, y donde tiene que estar es en Roma, en la embajada». En su réplica a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, la vicepresidenta también ha negado que en esta legislatura el Gobierno haya otorgado algún «privilegio» o haya hecho alguna «cesión» a la Iglesia

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