La mayor crisis humanitaria del mundo se está padeciendo, desde febrero de 2003, en Darfur, la región occidental más poblada de Sudán. Fronteriza con el Chad, es la zona más desfavorecida y excluida, siendo, sin embargo, el granero de este país.
Este conflicto se origina en la política colonial británica de desarrollo discriminatorio, que favoreció en Sudán a los árabes en detrimento de los negro-africanos, unido a la posterior política de arabización e islamización de los sucesivos gobiernos de Jartum. Es, pues, un problema de desarrollo desigual y de acceso al poder, que se remonta a la época de la colonización británica.
Las principales víctimas de este conflicto son las etnias negras de agricultores de la provincia oriental de Sudán. Se trata de una verdadera limpieza étnica a manos de las fuerzas gubernamentales y de las milicias nómadas yanyawids (procedentes de las tribus árabes nómadas o de origen árabe) apoyadas por aquéllas. El balance es de 300.000 muertos, 2.400.000 personas desplazadas y 200.000 personas refugiadas en Chad.
Los acuerdos firmados entre el norte árabo-musulmán y el sur negro, cristiano y animista (en 2002 y 2004) replantearon las bases de la estructura política de Sudán al cuestionar la hasta entonces indiscutible dominación de los árabes del Norte sobre el resto del país. El acuerdo final de paz firmado el 8 de enero de 2005 en Nairobi, es el resultado de las presiones norteamericanas a ambos bandos. El gobierno de Jartum, que formaba parte hasta hace poco de la lista estadounidense de los Estados fallidos -por su apoyo al terrorismo internacional mediante la colaboración con Al Qaeda- no quiso exponerse a la invasión de Estados Unidos como sucedió con Irak. Mientras tanto, la rebelión del Movimiento Popular para la Liberación de Sudán, debilitado por las disensiones internas y por el abandono del aliado ugandés, ha dado prioridad a la explotación del petróleo, ubicado en el sur del país.
No puede haber paz global en Sudán sin paz en Darfur. El gobierno de Jartum concentró lo esencial de sus fuerzas de destrucción y represión en Darfur, para aplastar la rebelión separatista iniciada en esta zona. El objetivo es evitar el efecto dominó de las reivindicaciones de autonomía en otras regiones del país marginadas por el gobierno central, y mantener la dominación de los árabes sobre los negros (cristianos o musulmanes). El problema de Darfur se plantea en términos de enfrentamiento entre los grupos étnicos y el Estado. Aquellos han optado por la solución armada por la falta de perspectivas de desarrollo en Darfur, condenado a un deterioro económico.
Tanto el gobierno como los movimientos rebeldes hablan respectivamente de guerra interétnica entre ganaderos nómadas y agricultores sedentarios, para el acceso al agua y al pasto, y de guerra racial entre las tribus árabes y las poblaciones negro-africanas. La verdad es que se trata de un problema socioeconómico y de lucha de las poblaciones negro-africanas contra el colonialismo interno.
A diferencia del sur de Sudán, integrado exclusivamente por poblaciones animistas y cristianas, en el conflicto de Darfur, tanto los agresores como las víctimas pertenecen al Islam. Por lo tanto, no se trata de un conflicto confesional. El acuerdo de Abuya (Nigeria), firmado el 5 de mayo de 2006 entre el gobierno de Jartum y el principal movimiento de rebelión de Darfur, y presidido por la Unión Africana (UA), preveía el desarme de los yanyawids por el gobierno, antes de octubre de 2006, como base de la instauración de la paz y de la reconciliación. Sin embargo, este acuerdo fue rechazado por la rebelión; los yanyawids siguen con sus ataques a los campos de refugiados, utilizando la violación sexual como arma de guerra.
El acuerdo de Abuya es frágil, pues obliga al gobierno, que es parte del conflicto, a desarmar a todas las milicias armadas, los yanyawids incluidos. Y puntualiza que los movimientos rebeldes no tienen la obligación de desarmarse mientras que no hayan sido desarmadas con anterioridad las milicias progubernamentales y no hayan regresado a sus cuarteles las tropas gubernamentales. Es decir, ni uno, ni otro bando han sido desarmados.
Se impone en Sudán un nuevo proyecto más equilibrado política, económica y culturalmente. Por lo tanto, la solución a la crisis de Darfur pasa por un mejor reparto de las riquezas y del poder en el país, e incluso por la firma de acuerdos similares a los concluidos con el sur, pues no se debe perder de vista que la crisis nace de la exclusión de las etnias de esta zona en el nuevo reparto del poder y de riquezas entre el gobierno central y el sur. Es preciso proceder al reconocimiento del derecho al autogobierno de Darfur, que es un mal menor ante la amenaza de implosión del país. A nivel internacional, no se puede excluir el embargo sobre el petróleo procedente de Sudán, que financia el esfuerzo de guerra de agresión del gobierno.
Mbuyi Kabunda. www.elcorresponsal.com
