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CUANDO EL DERECHO BAJA A LA CALLE

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Diagonal

Las jornadas de abogados europeos Las Fronteras de Europa: Zonas sin Derecho, desarrolladas los 20 y 21 de octubre en Barcelona, han sido un nuevo recordatorio de que, para los movimientos sociales, la labor de los abogados es fundamental. Dicha intervención es muchas veces de primera fila, como atestigua su presencia en las ruedas de prensa. Pero otras tantas veces es más discreta: detrás, asesorando. Aprovechamos para repasar algunas de sus organizaciones.

“Cuando un movimiento realiza una actividad fuera del ordenamiento socialmente establecido, el Estado pretenderá que eso roza la ilegalidad, y por tanto siempre tiene que haber algún abogado. Quizás no incidiendo en cambios legislativos, pero sí en asegurar que los movimientos tengan un espacio político”, declara Endika Zulueta, letrado de movimientos sociales madrileños. “Para los abogados con inquietudes hay grandes dificultades para coordinarse, sobre todo porque no estamos concentrados en un centro de producción, sino cada uno en su despacho, yendo a diferentes centros judiciales.

Poco que ver con las organizaciones de fiscales y jueces, que sí trabajan juntos. Por eso, nuestras organizaciones son minoritarias, pero por ello a valorar especialmente”. Para el abogado Jaume Asens, “este tipo de organizaciones son los espacios de encuentro de la mayoría de los y las letradas comprometidos de cada zona geográfica, y un referente judicial fundamental para los movimientos sociales”.

Europa

A nivel internacional, el espacio de referencia es Abogados Europeos Demócratas (AED), una federación que engloba numerosas asociaciones y sindicatos de abogados que ejercen en los Estados miembros de la UE. Constituida en Estrasburgo en 1990, sus objetivos son la defensa de los derechos de la ciudadanía, la preservación de la independencia de los abogados y la lucha por la instauración de un derecho europeo democrático y progresista. Actualmente está compuesta por una decena de asociaciones que engloban a miles de abogados en Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y España. Aquí la forman la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH), la Asociación Libre de Abogados de Madrid (ALA) y la Euskal Herriko Abokatuen Elkartea (Eskubideak- País Vasco). Además, la AED cobija los Legal Team (ver recuadro) a nivel europeo.

La abogacía catalana

La ACDDH, creada en 1986, y la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona -existente desde 1970 como comisión interna del Col·legi d’Advocats de Barcelona- son los dos espacios de referencia. La asociación, compuesta exclusivamente por letrados en ejercicio, tiene por objetivos, comunes al resto de las organizaciones de este tipo, ser un instrumento de lucha contra las vulneraciones de los derechos fundamentales, individuales o colectivos, y la defensa de las libertades, a través de posicionamientos públicos, informes, investigaciones y profesionalmente a través del libre ejercicio de la defensa y su independencia ante cualquier institución.

Según Asens, secretario de dicha asociación, “ahora seremos un centenar de personas. Nos financiamos con las cuotas de los afiliados y con algunos convenios de colaboración con ayuntamientos. Somos principalmente abogados laboralistas, penalistas y de extranjería, donde trabajamos más, pero hay un poco de todo. Colaboramos muchísimo con la Comissió de Defensa, son espacios muy parecidos, que trabajan conjuntamente en las mismas iniciativas; cuando no nos podemos llevar algo como Comissió -tiene una dimensión institucional y más recursos pero con más limites políticos-, lo hacemos como ACDDH. En Barcelona, el contexto nos es más favorable. A finales del Franquismo, la Comissió lideró las defensas de los políticos y sindicalistas, y eso le dio mucho prestigio, que se sigue manteniendo, lo que hace que se respete desde todos los sectores políticos del Colegio, a pesar de ser una Comissió formada por izquierdistas”.

Tanto la ACDDH como la Comissió son muy activas: con el tema de la normativa cívica municipal, con labores de observación en grandes procesos (sumario 18/98, “Comando Dixán”…). Por ello, afirma Asens, “no tenemos mucha preocupación por ser más, nos parece más importante la cohesión. La obsesión es trabajar más y llegar más a los movimientos sociales. Estamos en crecimiento cualitativo”. Según Zulueta, “en todos los ámbitos del derecho hay presencia de abogados ‘rebeldes’, aunque no tanta incidencia, que es más difícil. Somos minoritarios en cuanto al número total de abogados, pero no en cuanto a abogados activos: en el Colegio de Abogados de Madrid, pese a ser 50.000 los abogados colegiados, a las reuniones no van más de 100 personas. Dentro de los activos, no somos nada minoritarios”.

Comunidad de Madrid

El gran referente es ALA, constituida en 1989, compuesta exclusivamente por letrados que ejercen en la Comunidad de Madrid. Beatriz Monasterio, su presidenta, declara para DIAGONAL: “Somos unos 250 abogados y abogadas, de izquierdas, pero cada uno con sus planteamientos políticos. Nos financiamos con las cuotas. Funcionamos por comisiones de trabajo: derecho penal, mujer, con un grupo sobre los malos tratos, de defensa de la defensa… Además ALA está personada entre otras como acusación popular del 11-M y en las denuncias judiciales contra la guerra de Iraq, que se ha bifurcado en la querella contra Aznar (ahora mismo en el Tribunal Constitucional) y en la exigencia de responsabilidades penales por el asesinato de José Couso. Según Raúl Maillo, miembro de la anterior junta directiva del ALA, “nuestros ámbitos de intervención son sobre todo tres. Impugnamos buena parte de los actos internos del Colegio. Participamos en los procesos donde se plantee la defensa del derecho a la defensa, apoyando en situaciones en las que se pone en peligro este derecho. En ocasiones, a través de personaciones colectivas como en el caso del sumario 18/98. Y por último, participando en los procesos donde se juzgan denuncias de malos tratos y torturas, como acusación popular”.

En el ámbito vasco, destaca Eskubideak, asociación de abogados con más de 10 años, desde una “perspectiva democrática y de país”. Algunos de los temas que abordan son la denuncia de las irregularidades que se están dando en sumarios como el caso Segi o el macroproceso 18/98. Además, son uno de los promotores del Observatorio Vasco de Derechos Humanos Behatokia, iniciativa impulsada por diversas organizaciones.

Resto del Estado

Para el resto de la península, apenas hay organizaciones especificas de abogados. En Galicia, según J. Brandariz, profesor de Derecho Penal, “hay varios colectivos que hacen ese tipo de trabajo, desde hace más o menos años. Está la Comisión de Asesoramento Penitenciário do Colexio de Avogados de Ourense -el único colegio de abogados que tiene una comisión así-, que presta asesoramiento y defensa gratuita a reclusos en materias penitenciarias. Y existen espacios donde los abogados son importantes: Esculca, un observatorio sobre derechos fundamentales; el Movemento polos Dereitos Civís, que ahora trabaja mucho el tema de las cámaras de videovigilancia; y la Comisión de denuncia da Galiza, más centrada en cuestiones penitenciarias o de privación de libertad en general”. En Andalucía, según el abogado Luis Ocaña, existieron grupos de ALA en Málaga y en Almería, pero no existe ningún ámbito exclusivamente de letrados ‘rebeldes’. Panorama que puede cambiar con el recientemente creado Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, por ahora compuesto por juristas sevillanos, pero en expansión.

Legal Team: abogados para casos de emergencia

Es un equipo internacional de abogados que se constituye ad hoc en las cumbres internacionales antiglobalización. Realiza funciones de información, mediación, apoyo, y en último término defensa jurídica de los manifestantes detenidos. Se inspira en una concepción más comprometida de la profesión, sensible a los nuevos tiempos de retroceso democrático. Los abogados, más allá de los despachos y tribunales, desarrollarán su labor también allí donde se produce la ilegalidad institucional. El primer precedente de un grupo de Legal Team (LT) es en Seattle (1999), desde donde la experiencia se expande como un referente contra los abusos policiales. En Europa aparece en la cumbre de Praga (2000) y se repite en el resto de movilizaciones posteriores. Génova (2001) representará un punto de inflexión. Se constata la necesidad urgente de coordinar y reforzar las acciones contra la impunidad policial. Los instrumentos ordinarios de defensa resultan insuficientes ante las prácticas policiales paramilitares utilizadas en contextos de emergencia. Por un lado se consolidan los espacios de encuentro entre los abogados y los activistas y por otro lado los abogados del LT se coordinan mejor entre sí mismos. A nivel europeo se organizan equipos específicos de seguimiento de los casos y una forma de trabajo más estable y duradera que los LT puntuales. Los abogados se desplazan de un país a otro y participan como LT en los juicios contra la policía. Se trata de una nueva etapa, donde el LT también reorienta su labor de defensa a nuevos frentes como los ‘sin papeles’.

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