Las críticas de los cristianos progresistas continúan contra la Jerarquía Católica por la manifestación que convocaron el pasado 30 de diciembre en Madrid. En esta ocasión, ha sido la Comunidad Cristiana Popular San José, de Cádiz, la que ha cargado contra la jerarquía católica, lamentando que “nuestros obispos hayan hecho visible la unión de la jerarquía de la Iglesia con el PP a dos meses de las elecciones”.
La Comunidad Cristiana Popular San José considera que, una vez más y “como siempre” los obispos se han movilizado “a favor de la derecha”. Sin embargo, esta agrupación no comprende cómo en otras ocasiones, “donde hubiera sido más justificada la movilización de los obispos en la calle”, ésta no se produjo. Como ejemplo de esto la agrupación cita la guerra de Iraq, a la que el Gobierno de Aznar se adhirió incondicionalmente.
“A favor de la familia”
La Comunidad Cristiana Popular San José afirma que, pese a sus críticas, está también “a favor de la familia”, pero considerando “necesario estar abiertos a toda clase de familias: de homosexuales, monoparentales, de diversas religiones y culturas, de parejas que conviven sin estar casados y otras muchas formas de familia que hoy se dan en nuestra sociedad”. Por ello, la agrupación afirma que el Gobierno debe “regular las leyes pensando en todos los ciudadanos y en todos los tipos de familias”. “Los obispos no pueden pretender que sólo se dicten leyes en apoyo del concepto de familia” que ellos defienden, concluyen.
“Sólo a ellos”
Por otro lado, la Comunidad Cristiana Popular San José manifiesta que no se sienten representados por las “160.000 personas que apoyaron a los obispos en Madrid”. De los que se concentraron en esta ciudad afirman que “se representan sólo a ellos mismos”.
“Nacional-catolicismo”
Ante la concentración del 30 de diciembre y las declaraciones de la Iglesia contra el Gobierno Socialista, la Comunidad Cristiana Popular San José ha pedido a sus obispos que no pretendan “querer volver a la época del nacional-catolicismo”. Además, la agrupación solicita que “se revisen los acuerdos Iglesia-Estado” para adaptarse a las nuevas situaciones, “sin pretender privilegios decimonónicos, más propios de épocas ya pasadas que de un sistema democrático y moderno”.
