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Comunicado de Sicsal ante el «caso jesuitas»

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Sicsal

“¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Dónde está el papel trascendental en una democracia de este poder que debía estar por encima de todos los poderes y reclamar justicia a todo aquel que la atropella? Yo creo que gran parte del malestar de nuestra patria tiene allí su clave principal… Esa Honorable Corte no ha remediado estas situaciones, tan contrarias a las libertades públicas y a los
derechos humanos, cuya defensa constituye su más alta misión. Tenemos, pues, que los derechos fundamentales del hombre salvadoreño son pisoteados día a día, sin que ninguna institución denuncie los atropellos y proceda sincera y efectivamente a un saneamiento en los procedimientos…” (Mons. Romero, homilía del 30 Abril 1978)

1. INTRODUCCIONEl Servicio Internacional de Solidaridad Cristiana con América Latina “Mons. Romero” (SICSAL), fiel a su espíritu de solidaridad con las víctimas de la injusticia, su trabajo por la búsqueda de la verdad y construcción de la reconciliación y la paz, ante la situación creada en El Salvador a causa del proceso iniciado por la Audiencia Nacional de España contra militares salvadoreños presuntamente involucrados en el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas, de Elba Ramos y su hija Celina, a la opinión pública mundial expresa, desde la fe y la ética cristiana, los siguientes puntos de vista:

2. ANTECEDENTES Y PROCESO HISTORICO
Debido a que han pasado más de veinte años, creemos que es importante hacer primero un rápido
recorrido histórico del caso que, sin ser exhaustivo, nos recuerde los principales momentos:
– El 16 de Noviembre de 1989, el mundo entero amaneció “profundamente apesadumbrado al recibir la
triste noticia del bárbaro asesinato de seis Padres Jesuitas de la Compañía de Jesús y miembros del
personal de la residencia universitaria” (Mensaje de Juan Pablo II). En el contexto de una gran
ofensiva guerrillera, el Gobierno de turno achacó el asesinato a la guerrilla del FMLN; por su parte, el
Arzobispo de San Salvador, Mons. Rivera Damas, identificó inmediatamente el origen del asesinato:
“los mató el mismo odio que mató a Mons. Romero” y, pocos días después, sorprendió al mundo con la
conclusión de las investigaciones de Tutela Legal del Arzobispado (28 Noviembre 1989): “los asesinos
son militares o son personas íntimamente ligados a los militares”. De esta manera se comenzó a
desbaratar la tesis del Gobierno atribuyendo el asesinato al FMLN.

– Casi dos meses después (13 Enero 1990), el mismo presidente Alfredo Cristiani, tuvo que reconocer la verdad: una unidad del batallón Atlacatl era la responsable del atroz asesinato.
– El 8 de Enero de 1991, los fiscales Henry Campos y Sidney Blanco, que a juicio de la Compañía de
Jesús estaban realizando un buen trabajo (Comunicado del 11 Enero 1991), renunciaron al caso por
descontento con el desempeño de la fiscalía general y por presiones diversas. Los dos abogados fueron contratados después por la Provincia Jesuita Centroamericana para actuar como acusadores particulares en el caso de la UCA y previnieron para que “la justicia salvadoreña, en un fallo ejemplar y sin precedentes en los anales de nuestra jurisprudencia, sea capaz de aplicar las normas del derecho
interno e internacional vigentes en la República y haga innecesario recurrir a las instancias
internacionales” (6 Mayo 1991).

– Del 26 al 28 de Septiembre de 1991, después de un proceso amañado, se realizó la vista pública y el
tribunal de conciencia dictaminó que el Coronel Benavides y el teniente Yussi Mendoza (ambos
oficiales de la Escuela Militar bajo cuya responsabilidad estaba la zona de la UCA) eran culpables y
absolvió a los siete soldados del Batallón Atlacatl, actores materiales de la masacre. Con este veredicto, no sólo quedaron injustamente libres estos siete militares sino, también, se evitó juzgar y condenar a los autores intelectuales.

– El 16 de Enero de 1992, en el castillo de Chapultepec de la ciudad de México, el Gobierno de El
Salvador y el FMLN, firman los históricos Acuerdos de Paz con el que se da por terminada la guerra.
– El 13 de Julio de 1992 se instala la Comisión de la Verdad con el fin de esclarecer hechos violentos en los cuales se encuentre comprometida la responsabilidad del Estado y, el 15 de Marzo de 1993, la
Comisión entrega oficialmente su informe a Naciones Unidas, al Gobierno y al FMLN: “De la locura a
la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador”.

– En dicho informe, la Comisión de la Verdad, llega a varias conclusiones y recomendaciones, la primera
entre ellas dice así: “Existe sustancial prueba de que el entonces Coronel René Emilio Ponce, en la
noche del día 15 de Noviembre de 1989, en presencia de y confabulación con el General Juan Rafael
Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano, y el
Coronel Francisco Elena Fuentes, dieron al Coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar
muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos…”

– El 20 de Marzo de 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Aministía” y son liberados los
dos únicos condenados. De esta manera, en lugar de cumplir 30 años a los que habían sido condenados, estuvieron solo quince meses en prisión.
– En Noviembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emite
su dictamen final en el que involucra al Estado de El Salvador por su responsabilidad en el asesinato, la
violación al derecho a la justicia y recomienda hacer una investigación completa, imparcial y efectiva.

– El 27 de Marzo de 2000, el Padre Tojeira, solicita ante la Fiscalía General de la República la
reapertura del caso; el Fiscal se niega alegando que, la Corte Suprema de Justicia debe resolver primero el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. El 2 de Octubre la Sala de lo Constitucional de la Corte declara constitucional la Ley de Amnistía, pero, señala dos excepciones: “cuando el delito es cometido por funcionarios públicos (civiles o militares) y cuando se haya cometido durante el periodo presidencial en el que se pretende conocer la amnistía”; por lo tanto, en el caso de la UCA es inaplicable dicha Ley.

3. EL PROCESO INICIADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA
– En Octubre de 2008, haciendo uso de su derecho a buscar justicia y ante la falta de funcionamiento del sistema judicial en El Salvador, familiares de las víctimas y representados por la Asociación Pro
Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA de Estados
Unidos) interpusieron la demanda ante la Audiencia Nacional de España.

– En Enero de 2009, el juez Eloy Velasco Núñez, comenzó las investigaciones respectivas y, el 30 de
Mayo de 2011, giró el auto de procesamiento contra veinte militares del ejército salvadoreño acusados
de tener responsabilidad en el crimen de los sacerdotes jesuitas, de Elba y su hija Celina.
Posteriormente, el 4 de Agosto, la Interpol emitió una orden roja de captura contra dichos militares.
Estos para evadir su apresamiento se “resguardaron” en la Brigada Especial de Seguridad Militar.

– Por ahora, el juez Velasco no ha querido inculpar al ex-presidente Félix Cristiani. Sin embargo, el señor Cristiani tiene responsabilidad, tal vez no en la orden directa del asesinato, pero sí en su actitud
posterior ambigua y condescendiente frente a las tergiversaciones manifiestas del ejército en la fase de instrucción del proceso.
– Apuntando a responsabilidades más altas que las de los actores materiales del crimen, no está de más recordar que, intereses norteamericanos y de algunos personeros del gobierno estadounidense en

El Salvador, también, contribuyeron a entorpecer las investigaciones: Fue el FBI, el que faltando a las
mismas leyes de Estados Unidos, en Miami, y sin presencia de un abogado, sometió a “tormentos
psicológicos” (en palabras de Mons. Rivera Damas el 10 de Diciembre 1989) a la testigo Lucía Cerna y
a su esposo; por otra parte, la embajada norteamericana en El Salvador, ocultó durante meses,
importantes declaraciones del mayor Buckland. En esas declaraciones ratificaba diversos aspectos del
involucramiento de la Fuerza Armada salvadoreña en la masacre. Estados Unidos tenía, a un año del
asesinato, al menos 81 documentos secretos tanto sobre la ejecución de la masacre como de la identidad de los asesinos ¿acaso no fueron ellos quienes entrenaron al batallón Atlacatl? ¿qué saben ellos de la verdad? ¿qué estaría dispuesto a hacer, hoy día, el presidente Obama para esclarecer la verdad y contribuir a la justicia?

4. POSTURA DE SICSAL
– Coincidimos con la afirmación del Juez Eloy Velasco en el sentido de que el juicio desarrollado en El
Salvador fue fraudulento y, por lo tanto, inválido. Esta es una convicción que, desde el mismo día del
asesinato y posteriormente, durante los meses de investigación y procesamiento de los militares
acusados, se ha mantenido en El Salvador, convicción a la que también ha llegado el Juez de la
Audiencia Nacional después de escuchar a los testigos y valorar toda la documentación del caso. A esta misma conclusión ya había llegado Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y la Compañía de Jesús (véase, por ejemplo, los ejemplares de las Revistas ECA, Proceso y Carta a las Iglesias que, desde finales de 1989 en adelante, le dan seguimiento al caso).

– Mantenemos la sospecha que, además de los imputados en el asesinato, hubo involucramiento
institucional de la Fuerza Armada, es decir, que existió responsabilidad de mandos militares de mayor
rango, como autores intelectuales; eso es algo que aparece repetidamente en las investigaciones
independientes o seguimiento del caso que realizaron la Comisión Moakley (Comisión especial
nombrada por la Cámara de Representantes de EEUU para monitorear el proceso judicial del caso
jesuitas. 30 Abril 1990.

A partir de allí hubo una importante actuación del senador Joe Moakley en la búsqueda de la verdad quien en sucesivas declaraciones siempre reafirmó su tesis sobre el involucramiento institucional de la Fuerza Armada), Informe del Lawyers Committee for Human Rights (27 Julio 1990), Americas Watch (Septiembre 1990), Comisión de la Verdad (1993), las homilías dominicales del Arzobispo Mons. Rivera Damas y de su Auxiliar Mons. Rosa Chávez recogidas en el periódico Orientación y, la UCA a través de documentación seriamente fundamentada y publicada en las revistas mencionadas en el párrafo anterior.

– Rechazamos los argumentos esgrimidos por algunos sectores militares, políticos y económicos de El
Salvador que refutan la acción judicial del Juez Velasco, en el sentido que: el hecho ya ha sido juzgado, que está prescrito, que la Ley de Amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional de España no tiene competencia en El Salvador, que el caso supondría abrir heridas, que se romperían los Acuerdo de Paz, etc. No es nuestro objetivo rebatir cada uno de dichos argumentos porque varias
personas e instituciones ya lo han hecho, especialmene la UCA en su pronunciamiento del 30 de
Agosto pasado. Como SICSAL suscribimos esas declaraciones.

– Objetamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en el sentido de 1) no
responder a las rogatorias del juez Velasco; 2) No enviar la documentación certificada de los
expedientes judiciales del caso jesuitas y, 3) dejar libres a los inculpados aduciendo que la difusión roja de la Interpol no es una orden de captura, sino de localización. Con ello continúa favoreciendo la
impunidad y se hace merecedora, una vez más, de la denuncia que Mons. Romero hiciera en su
momento (ver párrafo con el que comienza este comunicado).

– Denunciamos, como una acción manipuladora de la liturgia católica y como un acto que raya con el
sacrilegio, la misa “en acción de gracias” organizada por el grupo de militares ante la resolución a su
favor de la Corte. Esa liturgia es una actividad opuesta al espíritu evangélico: «si al presentar tu
ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda» (Mt 5,23-24).

– Frente a este espíritu del Evangelio y ante la necesidad urgente de reconciliación en El Salvador,
invitamos a los militares involucrados en este asesinato a pedir perdón a las familias de las personas
asesinadas, a todo el pueblo salvadoreño, a la Iglesia Católica, a la Compañía de Jesús y a la
Universidad José Simeón Cañas. Sólo entonces, gozarán del perdón y podrán volver a presentar su
ofrenda.

– El 16 de Noviembre de 2009, con motivo de la conmemoración de los veinte años del asesinato, el
Presidente Mauricio Funes condecoró, de manera póstuma, a los jesuitas. Hubiéramos deseado que
dicho reconocimiento se hubiera hecho públicamente, en el campus de la universidad, en medio de los y las estudiantes de la UCA y no, de forma casi “privada”, en Casa Presidencial; desde nuestro punto de vista, allí se perdió una magnífica oportunidad de sensibilizar y dar una lección histórica a la juventud universitaria. Al inicio de su mandato el Presidente Funes declaró que Mons. Romero sería su guía espiritual; en ese sentido y con mucho respeto, le pedimos mayor coherencia ya que su satisfacción con la resolución de la Corte y su aparente desinterés por asuntos importantes como la Ley de Amnistía no parecen ir en el espíritu de hacer justicia a Mons. Romero, a las personas asesinadas en la UCA y a miles de víctimas más.

– Apoyamos la exigencia de justicia de la UCA, que desde el primer comunicado emitido el mismo 16
de Noviembre de 1989, ha declarado: “la Compañía de Jesús no quiere venganza, pero sí justicia;
porque está convencida de que si un crimen como el actual queda impune, será imposible alcanzar la
paz para El Salvador”.

– Proclamamos, una vez más, y al unísono con miles de personas y organizaciones, nuestra convicción
que Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno,
Joaquín López y López, así como Julia Elba Ramos y Celina Ramos, son “mártires” porque han dado
testimonio de su fe en Cristo con el sacrificio de sus vidas, han escuchado ya la invitación del Rey:
“Vengan, benditos de mi Padre…” (Mt 25,34); forman así parte de “una densa nube de testigos” (Heb
12,1) que “vestidos con estola blancas y palmas en la mano están en pie delante del trono y del
Cordero… porque despreciaron la vida hasta morir” (Apoc 1,9 y 12,12)

– En el mes de la Independencia de El Salvador y, en el contexto de las fiestas patrias, oramos y
deseamos que el pueblo salvadoreño logre encontrar, a partir de la verdad y de la justicia y de la
superación de la impunidad, iniciativas de reconciliación y sanación consistentes y duraderas que
devuelvan la dignidad a las víctimas.

– Una vez más, como en el caso de Mons. Romero, si los asesinos pretendían liberarse de las víctimas, se equivocaron, ¡Hoy están más presentes que nunca y la historia continuará honrando su memoria!

05 de Septiembre de 2011

Mons. Alvaro Ramazzini Hna. Raquel Saravia
Obispo de San Marcos, Guatemala Sagrada Familia de Helmet
Presidente Presidenta
Norma Melara de Martínez Armando Márquez Ochoa
Secretaria Secretario
Scott Wright Maricarmen Montes Conrado Sanjur Abilio Peña
Estados Unidos/Canadá México Centroamérica Países Bolivarianos
Gabriel Coderch José Frías José Manuel Mira Alberto Vitali Sean Cleary
Región Caribe Cono Sur Estado Español Europa Región Asia/Pacífico
Mons. Pedro Casaldáliga Mons. Heriberto Hermes O.S.B. Nidia Arrobo
Obispo Emérito de Araguaia Obispo Emérito de Cristalandia Fundación Pueblo Indio Ecuador
————–
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad
Con los pueblos de América Latina
«Oscar Arnulfo Romero»
– Colonia Jardines de Guadalupe, Avenida Río Amazonas Nº 4,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad. El Salvador, Centroamérica;
Apartado Postal, A-118 Antiguo Cuscatlán
Teléfonos: San Salvador (503) 2243-2126 / (503) 2243-5013
Correo Electrónico: secretaria@sicsal.net Página Web: www.sicsal.net

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