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Colombia: La cínicas mentiras en que se arropan los asesinos -- P. Javier Giraldo M., S.J.-P. Alberto Franco G., CSsR.-Abilio Peña B.-Danilo Rueda.

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Hace pocos días, la ahora columnista virtual, Fanny Kertzman, ex directora de la DIAN, y ex embajadora en Canadá en los gobiernos de Pastrana y Uribe respectivamente, se refirió a nuestra labor legítima y legal de defender los derechos humanos, en sus artículos “El Cura y las FARC”; “Las Ongs son unas idiotas útiles” y “¿Justicia y … Guerra?”.

En su gestión diplomática manifestó que en la lucha contra el terrorismo era necesario contrarrestar la labor de las ONG en el exterior, razón por la que no extraña que haya redactado esos tres escritos descontextualizando y fragmentando documentos públicos para deducir, inferir, y concluir que somos promotores de la lucha armada, responsables de crímenes en la martirizada región del bajo Atrato y del Urabá antioqueño, parte de la estrategia guerrillera o integrantes de las FARC.
Artículos del mismo tipo fueron parte de una campaña desarrollada en 1991 por nuestra labor en el Magdalena Medio, asociándola y calificándola como parte de la estrategia del ELN y con la que se pretendió vincularnos como integrantes de esa organización guerrillera, justo cuando se develó el modelo paramilitar en Carmen y San Vicente de Chucurí. La innovación en los artículos de hoy es tan poca, que hasta los titulares de ayer son similares, cuando no iguales.

En el pasado también hicieron aseveraciones sin ningún conocimiento fáctico, sin crítica básica, sin confrontación de circunstancias de modo, de tiempo, de lugar. Desde 1998 dieron inicio a una nueva fase de difamaciones, confeccionadas en montajes judiciales y campañas mediáticas de desprestigio, reproducidas en medios masivos de información, para vincularnos con las FARC. Estas ideas se han ido reutilizando, alimentando, retroalimentando y forman parte de un libreto que se repite una y otra vez, desde ese año hasta hoy, y han ido in crecendo, a la par que se han ido develando los artífices y beneficiarios del paramilitarismo en esa región del Chocó y Antioquia, que involucra a empresarios, traficantes de drogas, paramilitares, militares como Rito Alejo del Río, políticos, exgobernadores, entre ellos, Álvaro Uribe Vélez.

La columnista Kertzman desconoce que algunos de esos testimonios que usa como sustentación de sus columnas, fueron parte de las órdenes del famoso G3 del DAS dentro de las operaciones ofensivas ilegales de la “seguridad democrática”, que incluyó seguimientos a nuestras actividades públicas y privadas en Colombia y en Europa. Desconoce el cabildeo que un alto general de las Fuerzas Miliares realizó en programas de opinión en radio y televisión, ese mismo año, para vincularnos falsamente con la guerrilla de las FARC.

Importante citar, por supuesto, que hace poco menos de dos años, un noticiero de televisión reveló conversaciones entre el general ®Rito Alejo del Río Rojas y el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, en las que planeaban acciones judiciales y mediáticas en contra nuestra mediante testimonios manipulados.

Curiosamente, la columnista se refiere a un proceso judicial del que ni siquiera conocíamos su existencia, el que refleja los intereses inconfesables de quienes se encuentran detrás de la serie de montajes en los que existen complicidades de fiscales y entes de investigación judiciales que por sus actuaciones contra derecho, manifiestan los niveles de la corrupción que permea la institucionalidad colombiana y la distancia existente entre la ética del que investiga y el debido proceso. Se basa en desmovilizados que se encuentran alojados dentro de la brigada 17 del Ejercito.

Ignorando el contexto de la violencia socio política, los derechos de las víctimas, los avatares que viven cotidianamente para afirmar sus propuestas en medio de la guerra, se pretende culpabilizar a las comunidades y a quienes les acompañamos, por exigirles respeto a todos los actores armados. Así, las víctimas, la población civil, son convertidas en blanco de una persecución despiadada de militares, de empresarios, de fiscales, para imposibilitar que estas sigan afirmando sus derechos a la vida y a los territorios.

Meses atrás dejamos Constancia Histórica de cómo María Fernanda Cabal Molina, exfuncionaria de la Fiscalía General de la Nación, muy cercana también a sectores económicos del país, promovía la consecución de testigos falsos por interpuestas personas, para acusarnos y responsabilizarnos de la comisión de los crímenes de Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo. Ante ese grave abuso del poder, la Fiscalía General de la Nación ni siquiera abrió investigación formal.
Las imprecisiones e inexactitudes saltan a la vista, lo que de suyo refleja la pretensión manipuladora de quien usa información y fuentes sin confrontación alguna, como fundamento de sus aseveraciones; no sabe o no quiere mostrar con exactitud qué lugares en el Jiguamiandó y Curvaradó son Zonas Humanitarias.

No sabe o no quiere mostrar la fundamentación en el derecho humanitario de las iniciativas y de los gravísimos costos humanos que para la población han tenido sus osadas propuestas, justo porque no son funcionales a estrategias armadas de ninguna de las partes.
La desnaturalización y distorsión del derecho a la protección, a la promoción y afirmación de los derechos de quienes han sido excluidos, perseguidos, desarraigados y víctimas de la violencia socio política, de la violación a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, se evidencian en el desconocimiento de la iniciativa de Comunidad de Paz y de los consejos comunitarios asociados en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en Antioquia y el Bajo Atrato Chocoano.

Esa misma inversión valorativa de nuestra labor legítima y legal de defender los derechos humanos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario, el derecho de los pueblos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es evidente.

A nosotros y a nuestra organización no nos preocupa que se nos identifique con la construcción de un pensamiento y un quehacer inspirado en los valores profundos del Evangelio, que nos impulsa a comprometernos con la emancipación integral de la mujer, el hombre y el planeta. La mirada desde la tradición judeo-cristiana, parte de los empobrecidos y perseguidos como sujetos privilegiados de la historia.

Inspira el compromiso de quienes creen en la defensa de la vida humana y natural. Busca que las libertades de los seres humanos sean ciertas y reales, cuando a los desposeídos se les respete su dignidad y derechos, pues a través de ellos, la esperanza en algún tipo nuevo de sociedad basada en la solidaridad y la fraternidad, será posible.

La identificación con Camilo Torres, a la que se alude en uno de los artículos como si fuera censurable, sólo refleja la ignorancia de lo que es ese tipo de análisis y acción teológica. Se pretende ocultar la criminalidad, la corrupción, la comisión de crímenes de lesa humanidad, daños ambientales, con las que se ha pretendido sostener y defender modelos de sociedad y de desarrollo que a sangre y fuego el paramilitarismo ha pretendido imponer en esa región y muchas otras de Colombia.
Se construyen opiniones con clichés mediáticos que sólo se sostienen como clichés mientras no se examinen sus contenidos, palabras asociadas, sin más, basadas en creencias religiosas neoconsevadoras que no resisten debates serios ni desde el saber teológico ni a la luz de otras disciplinas interpretativas.

Quienes creen que mencionando a Camilo están mencionando sólo su última opción guerrillera, se apoyan en una ignorancia enorme de su vida y pensamiento y optan por simplificaciones tales que revelan mentalidades fanáticas y sus pretensiones manipuladoras de la opinión.

Hemos planteado en artículos, conferencias, documentos sobre el conflicto armado interno, sobre las responsabilidades del Estado y las guerrillas, sobre las causas y sobre sus salidas, que:
• El origen de las guerrillas en Colombia es una monstruosa injusticia social y por ello no es ético responder con una solución militar. Es como la madre que le da golpes brutales a su niño para que se calle cuando grita desesperado por un dolor que no puede soportar o por el hambre que lo aflige.

• La guerra siempre es repudiable porque los únicos medios de eficacia que posee son todos intrínsecamente perversos: matar, herir y capturar. Así lo afirman los mismos teóricos de la Cruz Roja Internacional. Si bien los fines de la guerra pueden ser justos, los medios serán siempre intrínsecamente perversos, sean utilizados por las guerrillas o sean utilizados por el Estado.

• En el modelo de guerra que vivimos, no es lícito ignorar la enorme desigualdad de los combatientes y el hecho ineludible de que existen modelos de guerra (como el de la Guerra de Guerrillas) diseñados para el caso de enfrentamiento entre un combatiente débil y un combatiente poderoso; modelo que no se puede equiparar al modelo de Guerra Regular, que enfrenta a combatientes relativamente iguales.

• No es lícito mezclar la discusión sobre los fines con la discusión sobre los medios, a no ser que se esté de acuerdo con el principio de que el fin justifica los medios, éticamente inaceptable. Los fines pueden ser justos y, desde ese punto de vista, la guerra que se libra en Colombia de parte de las guerrillas es justa porque desde los tiempos de Camilo los indicadores sociales no han cesado de empeorar progresivamente (concentración de la tierra, desempleo, corrupción, exclusión, terrorismo de Estado, marginalización de capas cada vez más grandes; mercantilización de todo valor; entrega de los recursos a las más grandes concentraciones internacionales de capital, y demás). Pero, los medios siempre serán perversos, los use el Estado o los use la guerrilla: matar, herir y capturar (destruir la vida, la integridad y la libertad de las personas), por eso los repudiamos y no consideramos que la guerra sea un modo civilizado o humano de resolver conflictos.

Tan radical es nuestra posición en este punto, que hemos construido, al lado de las víctimas organizadas de estas comunidades, iniciativas para su protección no armada, la afirmación de sus derechos sin el uso de la violencia, y para que estas sean un ejemplo de la eficacia basada en la solidaridad y la unidad para construir alternativas productivas agroambientales, educativas, de género y de participación democrática.

Nosotros hemos rechazado toda protección armada cuando hemos estado amenazados de muerte, pues nos parece insoportable el sólo pensar que alguien pueda morir para que seamos protegidos. Pero también nos parece perverso culpabilizar sólo a la parte más débil de la guerra de los absurdos y horrores intrínsecos de ésta.

• Estamos convencidos de que los diálogos y negociaciones del Estado colombiano con las guerrillas han sido tramposos y perversos. El hecho más revelador es el genocidio de la Unión Patriótica que se proyecta en infinidad de políticas de exterminio de movimientos sociales. Éticamente no podemos estar de acuerdo con esos engaños que prohíjan una criminalidad de Estado de grandes proporciones.

En todas las iniciativas que apoyamos y acompañamos, al constatar la mentira, el engaño, la continuidad de la persecución ilegal y arbitraria contra las comunidades, las amenazas permanentes, los asesinatos y desapariciones forzadas, el bloqueo, los señalamientos, la libertad de los victimarios, su ascenso a cargos públicos, la distorsión mediática de su realidad, nos hemos preguntado si podemos honestamente invitar a otras organizaciones de base a continuar caminos riesgosos y osados como estos. Y nos preguntamos también en este contexto, si es posible invitar a la insurgencia a integrarse a estructuras democráticas que no existen en lo económico y social dentro de la institucionalidad que nos rige.

Al revisar los parámetros de una democracia, como se perfilaron desde la Revolución Francesa, constatamos entre nosotros que:
1) la elecciones libres no son elecciones libres, forman parte de las lógicas de acumulación de la riqueza sin ética y sin leyes. Según revelan las investigaciones y decisiones de la propia Corte Suprema de Justicia, hace muchas décadas las elecciones están controladas estrictamente por el narcoparamilitarismo, como lo reflejan los expedientes de la parapolítica y los pactos de «Ralito» y muchos otros pactos, como se ha evidenciado hasta la saciedad.

2) la libertad de prensa, ¿dónde está? sólo existe para los grandes conglomerados económicos y las multinacionales de medios que hacen un manejo cada vez más perverso de la información, que desconocen los hechos que son noticia desde la perspectiva de amplios sectores de la población que habitan en la miseria, que proponen y construyen salidas a la crisis ambiental, los derechos de las víctimas, al manejo y control de la regalías, a los derechos a la restitución de tierras y a la impunidad.

3) los partidos políticos, ¿acaso no se han convertido en estructuras que compran votos y pagan con puestos, alimentando circuitos incesantes y progresivos de corrupción, sin tener siquiera ideologías que los identifiquen y a las que respondan con un mínimo de coherencia? Las posibilidades de acceso a expresiones de participación política están condicionadas a la riqueza, solamente quienes tengan posibilidad de una financiación altísima pueden participar.

4) La separación de poderes ¿dónde está? ¿Acaso la administración de justicia no la ejerce, en la mayoría de las regiones, el Poder Ejecutivo a través de las brigadas militares? ¿El acatamiento a las importantes decisiones de las cortes, respecto a los derechos de los desplazados, por ejemplo, en qué se encuentra?
Así, en este contexto en que las víctimas padecen permanentemente esas evidentes exclusiones, ¿dónde está la «democracia» a la que se pueda invitar a integrarse a los insurgentes para que esta guerra no siga destruyendo el país con tantos horrores? Democracias que siguen siendo más formales que reales, distantes de la satisfacción de las grandes necesidades básicas en un llamado Estado Social de derecho.

La Comunidad de Paz y la Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de los consejos comunitarios y de las comunidades indígenas que acompañamos, que reivindican desde 1996 su derecho a no ser involucradas en la guerra, absurdamente, el Estado las ha perseguido, calumniado y tratado de destruir por esa opción. El único pretexto que ha encontrado es tratar de presentarlas como colaboradoras de las guerrillas, utilizando infinidad de montajes, calumnias y mentiras, para justificar masacres, amenazas, desplazamientos, bombardeos y todo tipo de atentados contra ellas, apoyándose en esa mentira. El artículo de la Señora Kertzman sigue la misma lógica: tratar de hacernos aparecer como aliados de las FARC.

Sobre lo que hizo y hace la Comisión de Justicia y Paz en el Atrato, ya hemos publicado explicaciones minuciosas. La Comisión no llegó a esas comunidades por su propia iniciativa sino llamada por las víctimas. El primer contacto con ellas fue en medio del enorme desplazamiento forzado de octubre de 1996 en Curbaradó, y meses después, en el provocado en Cacarica por la «Operación Génesis», compartida por la brigada 17 del ejército y paramilitares en 1997, situaciones tan bárbaras capaces de conmover al más indolente. Impotentes y carentes de recursos, decidimos darle prioridad de acompañamiento a quienes optaron por luchar el retorno y no dejarse despojar de sus tierras.

En esos años aprendimos que ese éxodo tan brutal buscaba justamente expropiar esas tierras para megaproyectos de palma, banano, madera y frutas, operaciones extractivas mineras y de ganadería extensiva; constatamos que había grandes complicidades entre los empresarios, el Gobierno, sus fuerzas armadas y paramilitares. Por eso el acompañamiento se fue rodeando de amenazas, ejecuciones extrajudiciales, montajes judiciales, campañas de difamación y estigmatización. Jóvenes abogados nos ayudaron a luchar con las leyes en las manos para defender a gente tan desprotegida y estigmatizada, y comunidades de otros países que nunca confiaron en las armas sino en la fuerza de la verdad y la justicia, enviaron jóvenes acompañantes tan quijotes como nosotros.

Mientras los gestores de los megaproyectos se ensañaban destruyendo nuestra dignidad con horrendos montajes, buscaron también comprar con dinero y otras prebendas a líderes de las mismas comunidades con el fin de apoderarse de las personerías jurídicas de los Consejos Comunitarios recién legalizados, para retomar las tierras mediante negociaciones tramposas con ellos, de apariencia legal, o para legalizar operaciones empresariales inconsultas que forman parte de una cadena criminal. Nos pareció ético denunciar esa nueva atrocidad, al ver el enorme sufrimiento de quienes percibían nuevamente la amenaza del despojo, que destruía los sueños de un retorno conquistado a costa de tantos sufrimientos. Empresarios, Estado, militares y paramilitares sembraron la guerra en el interior de las comunidades, tratando de apoderarse nuevamente de las tierras, y en ese río revuelto acudieron también las FARC con sus maneras de concebir la justicia, solucionando con muertes los conflictos, como lo hemos denunciado.

Este fue un nuevo pretexto de los defensores de los megaproyectos para estigmatizar a las víctimas y a sus acompañantes. Con la más perversa de las ignominias, empezaron a insinuar por los medios masivos que nosotros habíamos dado la orden de matar a Graciano Blandón, a su hijo Jair y a Manuel Moya, ignominia que reasume desvergonzadamente la Señora Kertzman. No hay duda de que lo hacen con la plena consciencia de querer herir lo más sagrado de nuestros principios y de nuestra dignidad y el sentido más radical de nuestro acompañamiento como es la defensa de la vida, pero estos años nos han enseñado hasta qué abismos de perversidad y de ignominia puede llegar la maldad de quienes defienden la injusticia.

Han llegado incluso a llamar “campos de concentración» las humildes cuerdas de plástico, aveces de alambre que las comunidades, en medio de su pobreza extrema, colocan para delimitar sus espacios comunitarios de vida y trabajo. Eso no es ninguna defensa frente a actores armados que llegan con instrumentos poderosísimos de destrucción de todo, principalmente de la vida; es simplemente para recordarle a su conciencia que están violando unos derechos si traspasan la humilde cuerda. Lo curioso es que quienes eso critican, son quienes tienen sus oficinas y residencias blindadas con infinidad de mecanismos de seguridad: muros, puertas, rejas, cerraduras de seguridad, escáneres, cámaras de fotografías, registradores magnéticos de huellas, computadores con bases de datos y fotos, personas armadas hasta los dientes, y se atreven a llamar «campo de concentración» a un hilo de plástico o alambre, que sólo le habla a la conciencia de quiénes están en armas, para que respeten sus vidas.

Hablar, como lo hace la Señora Kertzman, de algún poderío nuestro, político o económico, en el Atrato, sólo puede ocurrírsele a una mente involucrada en la defensa a ultranza de las más inconfesables intereses del poder económico y de la impunidad criminal, avezada en la mentira y en la destrucción de toda dignidad humana, cuando allí, en lugar de poder, hemos cosechado impotencia, persecuciones y muertes. Si no hemos abandonado el acompañamiento es por el dolor que nos produce un afán tan perverso de destruir a gente tan humilde y tan sufrida. Pero tanta ignominia nos hace exclamar con espanto y perplejidad: «Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen (lo que escriben y lo que hablan)» (Lc.23,34).

Bogotá, D.C. 10 de agosto de 2011

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