Actuación paramilitar en el Curbaradó. Las empresas no asumen el retorno de los campesinos y actuan brutalmente. Un abrazo, el miguelo
INFORME 81
Curvaradó y Jiguamiandó
En operación ocurrida en Belén de Bajirá
???Al verlo los jefes y los policías comenzaron a gritar: ¡crucifícalo, crucifícalo??. Pilatos contestó: ?tómenlo ustedes y crucifíquenlo. No encuentro motivo para condenarlo. Juan 19, 6
RESUMEN
MIGUEL HOYOS y UALBERTO HOYOS, líderes de la comunidad de Caño Manso y del Curvaradó fueron objeto de un atentado perpetrado en una acción de tipo paramilitar, ocurrido en la noche de hoy en Belén de Bajirá. Ellos han sido testigos en procesos judiciales por la apropiación de tierras en la región y por el crimen de ORLANDO VALENCIA.
Cinco minutos antes del atentado, de acuerdo con información de la policía local, estuvieron haciendo control en la casa de ENRIQUE PETRO, ubicada enfrente de la casa de los hermanos HOYOS.
MIGUEL Y UALBERTO están heridos y por prescripción médica fueron trasladados de urgencia al hospital del municipio de Apartadó. MIGUEL Y UALBERTO han liderado el regreso de 80 familias al caserío de Caño Manso, el cual fue convertido por los beneficiarios del paramilitarismo en las haciendas ?Villa Alejandra I?? y ?Villa Alejandra II??.
Sus ocupantes de mala fe han recibido, a través de ASOPROBEBA, los beneficios de Acción Social y de organismos humanitarios internacionales. ASOPROBEBA fue constituida por SOR TERESA GOMEZ, quien de acuerdo con información de prensa, está señalada de haber participado en el crimen de YOLANDA IZQUIERDO.
SOLICITUDES URGENTES
Al Vicepresidente de la República, al Ministro del Interior, al Fiscal General de la Nación
* Actuación eficaz, frontal y estructural sobre las estructuras paramilitares que operan en Nuevo Oriente, Mutatá, Pavarandocito, Belén de Bajirá, Playa Roja, Riosucio, Caño Manso, lugares que la inteligencia militar y policial conoce y donde se diseñan y se ordenan estos atentados.
Estos sitios constituyen los lugares de operación empresarial para el desarrollo de toda una estrategia jurídica que posibilita la legalización de la usurpación violenta de los territorios, la implementación de agronegocios como la palma aceitera y la extensión ganadera y el procesamiento de la coca para uso ilícito.
* Asignación con urgencia de los medios y mecanismos exigidos para la protección de testigos, planteados en el marco de las medidas provisionales adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que involucran a MIGUEL HOYOS, SERAFIN OROZCO, EUGENIO NU?EZ y ENRIQUE PETRO, que deben ser ampliados UALBERTO HOYOS.
*Asignación de un grupo de fiscales para actuar en derecho, en sana crítica y en debido proceso para que asuma el conjunto de las investigaciones contra los líderes de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó acusados falsamente de ser responsable de Crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento.
* Agilización de las actuaciones investigativas del proceso 3856 adelantado por la Unidad de Derechos Humanos respecto a la responsabilidad empresarial, paramilitar en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, apropiación ilegal de tierras, daños ambientales.
ADJUNTO CONSTANCIA Y CENSURA MORAL
Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
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MODELO DE CARTA A ENVIAR A LAS AUTORIDADES
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República de Colombia
Bogotá (Colombia)
Señor Santos:
Con el ánimo de contribuir a la salvaguarda de los derechos de las personas más vulnerables de su país, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra gran preocupación por los hechos sucedidos recientemente en Belén de Bajirá.
Hemos sido informados del atentado sufrido en la noche del 17 de septiembre en Belén de Bajirá por MIGUEL HOYOS y UALBERTO HOYOS, reconocidos líderes de las comunidades de Caño Manso y Curvaradó y testigos en procesos judiciales por la apropiación de tierras en la región y por el crimen de ORLANDO VALENCIA, perpetrado en octubre de 2005. Según testigos
presenciales, un afrocolombiano vestido de civil y con un revólver en su cinto, se presentó en la casa de los hermanos Hoyos y procedió a disparar contra ellos.
Ambos recibieron dos tiros en el tórax y actualmente se encuentran en el hospital de Apartadó. Nos han asegurado que poco después del criminal atentado responsables de su Gobierno fueron informados de los hechos y se solicitó la protección de los heridos para evitar que sean atacados de nuevo, petición que reiteramos a usted desde España..
A los miembros de nuestras organizaciones nos llena de inquietud que el atentado se cometiera enfrente de la casa de Enrique Petro, alrededor de la cual debe haber presencia permanente de la policía debido a las amenazas que esta persona ha recibido por parte de los grupos paramilitares Águilas Negras. Las medidas de seguridad de Petro como de Miguel Hoyos y de otros líderes comunitarios como Serafín Orozco y Eugenio Núñez y ahora Ualberto Hoyos deben ser reforzadas en virtud de los mecanismos de protección de testigos contemplados en su beneficio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, actualmente no sólo son vulnerables a estos ataques sino que precisamente son agredidos por pretender colaborar con la justicia y por defender los derechos de las personas desplazadas.
El sicario que disparó contra los hermanos Hoyos fue visto ese día por los pobladores de Belén de Bajirá con una persona de nombre Gustavo conocido como ?El Secretario??, de quien se dice que es ganadero vinculado con los paramilitares que ocupan las haciendas Alejandra I y Alejandra II usurpadas en 1997 en Caño Manso tras obligar a los pobladores al destierro forzado. En agosto de 2007, miembros de nuestras organizaciones pudieron comprobar como las 80 personas que decidieron regresar al caserío de Caño Manso, del que fueron desplazadas forzadamente, constataron que sus predios se habían transformado en una gran hacienda con el nombre de Villa Alejandra II.
El proceso de retorno fue liderado, entre otros, por Miguel y Ualberto Hoyos. Hace unos días, uno de los ranchos que los pobladores habían logrado construir al regresar fue quemado por trabajadores al servicio de los usurpadores.
Pero nos han llegado noticias de que funcionarios de su Gobierno desconocen a los legítimos dueños de esas tierras y, por el contrario, respaldan a los repobladores agrupados en ASPROBEBA quienes, según varias denuncias, fueron traídos hasta la zona por los mismos paramilitares que provocaron el éxodo. Una de las propiedades usurpadas mediante la violencia
pertenece a la de la familia Domicó, la que pretendió ser legalizada mediante mecanismos fraudulentos a Sor Teresa Gómez (familiar de los Castaño Gil) y quién se encuentra vinculada en el crimen de Yolanda Izquierdo;esta propiedad fue transferida con posterioridad a
ASOPROBEBA.
Por todo lo expuesto, le solicitamos:
– Una actuación rápida y eficaz que acabe con las estructuras paramilitares que operan en Nuevo Oriente, Mutatá, Pavarandocito, Belén de Bajirá, Playa Roja, Riosucio, Caño Manso, lugares que la inteligencia militar y policial conoce y donde se diseñan y se ordenan estos atentados. Numerosos informes indican que estos sitios constituyen los lugares de operación
empresarial para la legalización de la usurpación violenta de los territorios, la implementación de
agronegocios como la palma aceitera y la extensión ganadera y el procesamiento de la coca para uso ilícito.
– Que se asigne con urgencia medios y mecanismos exigidos para la protección de testigos de los crímenes perpetrados por los grupos armados
– También que se establezca un grupo de fiscales que asuma el conjunto de las investigaciones contra los líderes de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó acusados falsamente de ser responsable de crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento.
– Y la agilización de las actuaciones investigativas del proceso 3856 adelantado por la Unidad de Derechos Humanos respecto a la responsabilidad empresarial, paramilitar en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, apropiación ilegal de tierras, daños ambientales.
Con la adopción efectiva de estas medidas creemos que el Gobierno Colombiano podrá demostrar a la comunidad internacional que asume su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos de la población civil.
Atentamente
(Poner Nombre y Apellidos, país, DNI)
Dirigirlo a:
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República
Cra 8ª # 5-57, Bogotá D.C.
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co;
buzon1@presidencia.gov.co
Con copia a:
Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Hernán Iguarán Arana. Fiscal General de la
Nación
Diagonal 22B # 52-01, Bogotá D.C.
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co;
denuncie@fiscalia.gov.co
Defensoría Nacional del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo
Teléfono: 314 73 00
E.mail: defensoria@defensoria.org.co
Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón. Procurador General de
la Nación
Teléfono: 336 00 11
E.mail: reygon@procuraduria.gov.co;
cap@procuraduria.gov.co;
quejas@procuraduria.gov.co
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
Para los Derechos Humanos en Colombia.
Telefonos 658 33 00
oacnudh@hchr.org.co