La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que integra a grupos indígenas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, pidió, en un comunicado divulgado la semana pasada, que la comunidad internacional intervenga en Colombia y que la Unión Sudamericanas de Naciones realice una visita al país y elabore un informe sobre los asesinatos selectivos perpetrados por las fuerzas públicas.
Uno de los asesinatos citados en el comunicado de la CAOI fue el de Edwin Legarda, ocurrido el 16 de diciembre de este año. Legarda era esposo de Aída Quilcue, indígena que lideró las marchas de miles de aborígenes colombianos en noviembre. Los familiares de Legarda creen que él fue asesinado por el Ejército del país, lo que demostraría ser un acto de represalia en relación con la Minga indígena de Colombia.
Las organizaciones indígenas consideran a este asesinato otro crimen cometido contra los pueblos indígenas por el Estado, entre tantos otros. Políticas de persecución, incursión armada en los territorios, desplazamientos forzados, detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones son los tipos comunes de violaciones de derechos humanos practicados por el Estado, de acuerdo con la CAOI.
Denuncian además que el comportamiento del gobierno de Álvaro Uribe es criminal y racista: «En consecuencia, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, y sus organizaciones integrantes, demandamos a la comunidad internacional que Álvaro Uribe Vélez sea juzgado en un tribunal internacional por el delito de genocidio y responda por sus crímenes; los cuales incluyen el sospechoso exceso de tolerancia con los grupos paramilitares».
La semana pasada, el coordinador general de la CAOI, Miguel Quispe, exigió que el gobierno de Uribe defina una postura en relación con los pueblos indígenas, pues simula una actitud de diálogo, se niega al mismo, reprime la Minga Indígena y Popular por la Resistencia y después continúa con los asesinatos colectivos.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com