Interior sólo habilitará «espacios polivalentes» para oficios religiosos en los once futuros penales .
Cuenta Marta Borcha en La Razón que los presos católicos que pueblen en un futuro las nuevas 11 cárceles que proyecta levantar el Estado, cuatro de ellas ya en construcción, estarán privados de libertad, pero también de un lugar adecuado para rezar sus oraciones, pues como indican desde la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepsa), «las capillas no están contempladas en los nuevos penales».
Un cambio en la nueva arquitectura penitenciaria que se aleja de las prisiones que, como la de Jaén, la de Albolote en Granada, la de Alcalá de Guadaira (Sevilla), la de Cáceres, la de Badajoz, la de Teixero (A Coruña), la de Bilbao y tantas otras consultadas por LA RAZÓN, fueron diseñadas para albergar oratorios y cuentan en la actualidad con una capilla a la que pueden acudir los reclusos. Las fuentes de Instituciones Penitenciarias confirman que no habrá capillas, pero sostienen que se «adecuará una zona polivalente que permitirá los oficios religiosos en función de la solicitud de los internos».
Más suerte correrán los internos que profesan otras religiones, como es el caso de los musulmanes, quienes, al igual que los que tengan un régimen médico especial, podrán beneficiarse de un menú cárnico que vaya acorde con sus creencias. El cerdo, alimento prohibido para los fieles del Islam, al igual que las bebidas alcohólicas, les será sustituido por otro tipo de comida como pollo o cordero. Si la alimentación tiene una importancia capital dentro de los seguidores del Corán, también la tiene para los discípulos de La Torá, religión que tampoco permite la ingesta de carne de cerdo. Como a los presos musulmanes, también a los judíos que estén tras las rejas se les cambiará el menú gastronómico con el fin de respetar sus leyes sagradas.
«No tendrán un régimen especial, cumplirán su condena como cualquier preso, pero tendrán una comida diferente al resto por cuestiones religiosas, algo que ya se hace en algunas cárceles españolas», indican desde Instituciones Penitenciarias.
Las nuevas cárceles no contemplan la arquitectura bioclimática, que supone un ahorro notable de energía. En invierno, los presos dispondrán de calefacción en todo el recinto. Y en verano, sólo las zonas comunes, como las salas de estar y de televisión, y la zona de los funcionarios contarán con aire acondicionado. Cuando apriete el calor, los internos podrán comprar ventiladores en el economato de la prisión.
Aunque los planos de los nuevos penales son secretos y a los trabajadores «se les exige absoluta discreción», la construcción responde a las llamadas «prisiones tipo, con variantes genéricas, pues hay que adoptar la construcción al lugar y el entorno», aseguran desde Siepsa.
Desde Instituciones Penitenciarias desvelan que las cárceles que se están construyendo -El Puerto de Santa María (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla), Albocàser (Castellón) y Estremera (Madrid)- incorporan «novedades en cuestiones de seguridad, mejoras en las comunicaciones, como en el sistema de aperturas de puertas blindadas, y en los equipamientos de las cocinas».
Cada centro, cuya edificación costará 90 millones de euros, se compone de 14 módulos residenciales, 8 para los hombres y 6 para las mujeres, con capacidad para 1.008 internos en celdas individuales.
Junto a los módulos residenciales habrá otros polivalentes, indica Siepsa. Un módulo de asistencia sanitaria «para la enfermería y las consultas médicas de los reclusos». Otro de visitas y comunicaciones en los que se dispondrá de «zonas con locutorios para las visitas de los presos y para los abogados que los defiendan, salas de visita para familiares, y salas de visita bis a bis», en las que los presos pueden relacionarse de forma íntima con sus parejas.
En el tercer módulo, de asistencia formativa, «se ubican el área deportiva, que tendrá un campo de fútbol, y el área cultural, en la que se realizarán talleres productivos y ocupacionales con aulas para su desarrollo», como carpintería, soldadura, confección industrial o artes gráficas.
Dentro de las aulas culturales se desarrollarán las aulas de informática en las que ladrones, narcotraficantes, violadores, asesinos, estafadores y demás población reclusa podrá navegar de manera gratuita por el ciberespacio a través de internet. Eso sí, aclaran desde Instituciones Penitenciarias, «el acceso estará restringido en muchas páginas con determinado contenido, por lo que no habrá un acceso total e ilimitado, del mismo modo que sólo se podrá usar en unas horas determinadas»
Internet.
Los presos, apuntan, «no podrán usar el correo electrónico para comunicarse con el exterior. Internet será sólo un instrumento de trabajo para que los internos aprendan informática, algo que les facilitará el acceso a un puesto de trabajo una vez cumplan su condena».
Las nuevas cárceles cuentan también con otros edificios como son la zona de servicios -lavandería, cocina, panadería, economato, almacenes-, la de control de acceso, las oficinas, las salas para el cuerpo de guardia, la jefatura de servicios, la cocina y las instalaciones.
Todos los penales tendrán una torre de vigilancia que con un alcance de alrededor de 50 metros y desde donde se divisará todo el recinto penitenciario, que ocupará una extensión de 35 hectáreas, y que se consolida como un núcleo urbano autosuficiente cuyo mantenimiento costará 12 millones de euros al año.
La población reclusa de cada centro estará vigilada por 500 funcionarios de prisiones, es decir, habrá dos de media por cada recluso, a los que se unirá un equipo de educadores, enfermeros y monitores, unos 25 de media, y fuerzas de seguridad para la custodia del exterior de la prisión.
Han pasado 15 años desde que se establecieron los diseños arquitectónicos penitenciarios que sirven hoy de base a las nuevas prisiones que se están construyendo, y por ello, la arquitecta Blanca Lleó apunta que son necesarios, tal y como se hizo a mediados de los ochenta, «una nueva reflexión y debate acerca del modelo carcelario vigente».
La población reclusa casi se ha duplicado desde 1990, año en el que se albergaba a 33.035 personas frente a las más de 63.000 de ahora. España se sitúa como el país de la UE con la tasa más alta de encarcelados, 146 por cada 100.000 habitantes, por encima de los 140 de Reino Unido, segundo país con más reclusos.
