El sector más conservador de la Iglesia española, representado en la figura del arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, ignoró ayer la postura del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y reiteró que «la Iglesia Católica debe actuar» contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía ya que, a su juicio, «el Gobierno no puede imponer un modelo de educación moral».
Cañizares, que animó a los «creyentes y miembros de la Iglesia» a rebelarse para «evitar» que sus hijos cursen la materia, ensanchó así la sima que parece existir en el seno de la jerarquía y las familias católicas, divididas entre quienes creen más prudente aferrarse a la posibilidad de adaptar el temario del Ministerio de Educación a los idearios de los centros religiosos y quienes optan abiertamente por la objeción de conciencia o la desobediencia civil.
Cañizares mantuvo las distancias con el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez. ?ste sorprendió el lunes con una declaración que fue entendida como una clara corrección a la postura trasladada por el Episcopado, más cercana a las tesis de Cañizares, quien había llegado a advertir a los colegios católicos de que impartir la disciplina equivale a «colaborar con el mal».
Blázquez se desmarcó del boicoteo a la asignatura desde los colegios religiosos y dejó claro que son los padres, y no la jerarquía eclesiástica, quienes deben decidir si se movilizan o no a través, enfatizó, de los «cauces legítimos y democráticos». De este modo, mostraba su respaldo a la estrategia adoptada por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE-CECA), partidaria de la adaptación del temario. En Euskadi, Kristau Eskola, la organización que representa a la patronal estatal en la comunidad vasca, había adoptado con anterioridad esta misma decisión.
Contra la «imposición»
El arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal reiteró ayer en la cadena Cope los argumentos contra la asignatura, que este curso se empezará a impartir en once comunidades autónomas -en Euskadi lo hará en 2008-9-. Educación para la Ciudadanía supone, a su juicio, una «imposición» del Ejecutivo socialista y ante ello defendió el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos. «El Estado se convierte en el formador moral de los ciudadanos», censuró. A renglón seguido, llamó a los «creyentes y miembros de la Iglesia» que se sientan «agredidos» por esta medida a movilizarse y utilizar los instrumentos necesarios contra la «imposición». En el mismo sentidos se expresaron ayer los obispos aragoneses, que hicieron pública una pastoral con similares argumentos que los empleados por Cañizares, además de cuestionar la constitucionalidad de la materia.
En las bases católicas la división es también palpable. Ayer mismo trascendieron dos actuaciones que así lo indican. De un lado, el grupo de colectivos que encabeza el Foro de la Familia anunció que «intensificará» su campaña en la Comunidad Valenciana para promover la objeción de conciencia a la asignatura, que el conjunto del país ha recibido según sus organizadores más de 15.000 adhesiones. De otro, la patronal de colegios concertados de Baleares, Escola Católica, manifestó su intención de impartir la materia, dado que sus contenidos «se pueden adecuar a nuestro carácter propio».