En la tarde noche del pasado 8 de julio, cerca de treinta personas, la mayoría parados de la construcción, se encerraban en el patio trasero de la iglesia de Santo Domingo de Cádiz. Integrantes de la autodenominada Plataforma de Parados de Cádiz, que desde principios de junio se manifiestan en las calles de la capital –principalmente a las puertas del Ayuntamiento- demandando trabajo, y sobre todo teniendo en cuenta las numerosas obras públicas que se están llevando a cabo en la ciudad gracias a los fondos anticrisis del Gobierno central y la Junta.
Y casi un mes después, el viernes 7 de agosto, la veintena que aún aguantaba el encierro en el convento, y que amenazaba con iniciar una huelga de hambre este lunes ante la desidia de las administraciones, decidió levantar esta medida de presión, después de que esas mismas instituciones públicas hayan presentado una solución.
La propuesta de Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Diputación permitirá la inclusión de estos desempleados –y de la quincena que aún se venía manifestando en la plaza de San Juan de Dios, ante un Consistorio blindado con vallas desde hace unas semanas- en un programa de políticas activas de empleo de los que realiza la Asociación Cardijn. Trabajo, a partir de otoño y durante un año para este grupo de 35 personas en una Escuela Taller sobre el mantenimiento de edificios. No era exactamente lo que demandaban, pero es trabajo –y formación- al fin y al cabo, y un sueldo que llevar a casa a final de mes.
MULTITUD DE APOYOS
Durante estos días de encierro voluntario, estos parados han recibido el apoyo de familiares, comerciantes y personas anónimas, además del de la propia iglesia. El Obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos Atienza, se personaba al inicio de la concentración para mostrar su solidaridad y apoyo. El Obispo se interesaba por el estado anímico de estos padres de familias y les tranquilizaba “con palabras de esperanza”.
Días después, desde el secretariado diocesano de Pastoral Obrera de la diócesis se exigía a los políticos con responsabilidades institucionales que llevaran a cabo las medidas que sean pertinentes “a fin de proporcionar a estos trabajadores en paro un puesto de trabajo en condiciones dignas, aprovechando la oportunidad que brindan en estos momentos los planes E, Proteja y Menta, así como los promovidos por iniciativa municipal, aunque para ello sea preciso aplicar, de acuerdo con las leyes, y ante la falta de contratación en nuestra ciudad, la discriminación positiva a los trabajadores residentes en la capital, en la proporción y medida que no lesione la libertad de elección de aquellos que vienen a Cádiz a trabajar”.
A finales de julio, ante la falta de respuesta, los concentrados buscaron meter aún más presión anunciando una inminente huelga de hambre indefinida, y lograron congregar en el convento y ser escuchados en persona por representantes de todas las administraciones: el delegado de Gobernación de la Junta, Gabriel Almagro, y el de Empleo, Juan Bouza; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo; el vicepresidente de la Diputación, Federico Pérez Peralta; y la alcaldesa Teófila Martínez.
Y una semana después, hay solución, al menos para esta treintena de desempleados de la capital, que a base de muchas protestas y movilizaciones, han logrado la promesa de un trabajo.
