El pasado lunes, 15 de abril, la Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes presentó su primer informe sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. Un trabajo fruto de un año de visitas a personas que han sido internadas en este centro. Han sido 220 visitas que han permitido acompañar a 55 internos. Quisiéramos subrayar cinco acentos de este informe:
Primer acento: al traspasar las vallas de este centro de detención, hemos visto el drama humano que viven estas personas. Palabras como desconcierto, confusión, rebelión, desesperanza, ruptura… expresan el shock psicológico que viven estas personas y sus familiares. El ingreso en el CIE supone un cambio radical en sus vidas, encontrarse, sin más, en un túnel sin salida. A esta ruptura, se añade la desinformación: ¿Por qué estoy aquí? ¡No soy ningún delincuente! A esta impotencia, se añade, a menudo, el hecho de la incomunicación con su abogado de oficio o el desconocimiento del derecho que tienen a la defensa. La angustia de no tener noticias del estado de su proceso de expulsión agrava más la estancia en este centro.
Segundo acento: el ingreso en un CIE debería utilizarse como último recurso. La mayoría de visitas que hemos realizado desmienten esta práctica. Están ingresando personas que nunca deberían haber entrado en un CIE, personas con arraigo social y sin antecedentes penales, incluso con hijos de nacionalidad española. Nos da la sensación de que en el tema de ingresos, primero se actúa y luego se piensa. ¡Claro! Tienen 60 días para hacerlo. Pero, ¿no se dan cuenta del sufrimiento gratuito que supone esta práctica para los internos y sus familias? Denunciamos que no se aplique el principio de proporcionalidad a la hora de aplicar la justicia en estos casos. Las consecuencias de esta mala práctica llevan a que en el Estado español haya un elevado porcentaje de personas que finalmente no son expulsadas. Esto pone en entredicho la existencia de estos centros de detención.
Tercer acento: la criminalización de la población residente en el CIE. En una entrevista con la dirección del centro, se nos decía: “Ustedes no saben los expedientes que tiene esta gente”. Es verdad que estos últimos meses se ha incrementado el número de ingresos de personas con antecedentes. Pero no podemos poner en un mismo saco a personas con antecedentes policiales (no han cometido ningún delito: una infracción administrativa, una pelea en una discoteca, forzar una puerta en un local abandonado para pasar la noche…) con personas que tienen antecedentes penales, que han cumplido una condena o que se conmuta parte de la pena con la expulsión del país. En nuestras visitas, no nos liga este discurso de peligrosidad general de todos los internos. Creemos que bajo este discurso de peligrosidad general de las personas que están en estos centros, se esconde una criminalización de la pobreza en estas personas indocumentadas.
Cuarto acento: el internamiento en un CIE, es una medida cautelar que lleva a la privación de un derecho fundamental, la libertad, por un tiempo limitado, de máximo 60 días. Este hecho, debería obligar al Estado a hacerse garante del disfrute de los demás derechos fundamentales, pues estas personas pasan a estar bajo su tutela. El cumplimiento de estos otros derechos fundamentales, especialmente el de atención sanitaria y de un tratamiento digno, en muchos casos no se dan y eso se ve con las quejas que presentamos en este informe.
Quinto acento: la dificultad de realizar nuestra labor de acompañamiento y seguimiento de las personas ingresadas en el CIE, sin poder acceder como organización social. Entramos en el turno de visitas asignado a los familiares y amigos, con las limitaciones de tiempo para llevar a cabo nuestro servicio.
Finalmente, ante el proyecto de reglamento de los CIE, queremos denunciar la falta de voluntad política para aprovechar esta ocasión para revisar a fondo el sistema, para pasar de un modelo de gestión del internamiento estrictamente policial, a uno mixto en el que la atención a las necesidades sociales de las personas internadas y la garantía de sus derechos se tuviera en cuenta.
