A lo largo de su historia la Iglesia Católica ha actuado de manera diversa en relación a la convivencia de la pluralidad de tradiciones religiosas en un mismo territorio. Cuando se encontraba en minoría o era perseguida invocaba el derecho a la libertad religiosa, y cuando era mayoritaria ha tendido a imponer su hegemonía exigiendo privilegios civiles y en ocasiones aceptando formas violentas contra las otras confesiones religiosas.
En el Concilio se reconoció el derecho ciudadano a la libertad civil en materia religiosa, tanto del creyente como del no creyente, afirmando que este derecho debe ser tutelado por el Estado.
Desde entonces ha aumentado tanto la laicidad como la conciencia de los derechos ciudadanos. Hoy es ya incontrovertible la necesidad de defender un orden civil en el que la pluralidad de opciones ante lo religioso puedan expresarse con libertad. Ello implica tanto el respeto como la exclusión de fundamentalismos por un lado y de sincretismos o relativismos por otro porque ambos extremos desfiguran la identidad de las opciones religiosas y empobrecen a las personas. Corresponde al Estado como salvaguarda del bien común establecer las garantías jurídicas, económicas y de los demás aspectos que aseguren la igualdad, el pluralismo y el respecto de las diferentes confesiones entre ellas.