El ex capellán policial Christian Von Wernich tiene el dudoso mérito de haber sido el primer sacerdote condenado por violaciones a los derechos humanos. Además del oprobio personal, esa sentencia fue un baldón para la Iglesia.
El cura no había querido testimoniar al inicio del juicio, el 5 de julio. Fue una manera poco elegante de decir que no colaboraría con la justicia para el esclarecimiento de los gravísimos hechos que se le imputaban: 7 homicidios, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegítimas de la libertad. Al final, cuando el tribunal había escuchado casi un centenar de testimonios aportados por la querella y a los pobres argumentos de su defensa, se decidió a abrir la boca. Si alguien tenía alguna remota esperanza de que pidiera perdón por lo actuado al lado del general Ramón Camps cuando era el jefe de la Policía de Buenos Aires y de su ladero Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de esa fuerza, la perdió apenas Von Wernich empezó a hablar.
Lejos de pedir disculpas a sus víctimas, a los sobrevivientes del horror de los cinco centros clandestinos de exterminio del ‘Circuito Camps’ y a los familiares de aquéllos, el cura tildó de ‘falsos’ a quienes habían testimoniado en su contra. Su abogado Juan Martín Cerolini fue un poquito menos ofensivo al decir que esas mismas personas habían brindado ‘testimonios livianos’.
Ese letrado impugnó políticamente el juicio conducido por los camaristas Carlos Rozanki, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo. A su sesgado entender se habría seleccionado a su cliente ‘sobre la base de criterios indefinidos jurídicamente y acusados con testimonios livianos’. Tal presunta arbitrariedad emparentaría a este juicio con los llevados a cabo contra los cabecillas nazis en Nüremberg. Tal referencia de Cerolini, lejos de suponer un alivio para la situación de su defendido, lo identificó más en política con los juzgados por otros genocidios del siglo XX.
Los diez abogados de la querella, pertenecientes a organismos de derechos humanos, acusaron al presbítero del delito de genocidio. A favor de tal acusación pesaban las pruebas y testimonios sobre la actividad de coautor y partícipe necesario, de ese capellán, en la represión ilegal. ‘La Nación’, tratando de hacer creer que imputar ese delito supondría un quebrantamiento de la ley, sostuvo que ‘tanto la querella como el fiscal habían solicitado la reclusión perpetua para el sacerdote por ?genocidio?, figura que no estaba contemplada en la acusación inicial por ?homicidios, torturas y privaciones de la libertad?’.
Las chicanas de Cerolini, el tono bíblico del torturador en su descargo y la labor de zapa de aquel diario no sirvieron. El martes 9 los organismos de derechos humanos y los argentinos democráticos festejaron la sentencia, donde se condenaba al cura a reclusión perpetua por delitos ‘de lesa humanidad cometidas en el marco del genocidio que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983’. Fue la tercera condena en juicio a represores desde que se anularon las leyes de impunidad que los ponían lejos de Tribunales.
El rol de la Iglesia
En la condena a Von Wernich sirvió como antecedente lo resuelto por ese mismo Tribunal Oral Criminal en lo Federal nº 1 cuando en setiembre de 2006 condenó a Etchecolatz por los crímenes cometidos en el ‘Circuito Camps’ y los enmarcó en el delito de genocidio.
En ningún momento el religioso aceptó la responsabilidad en los delitos, pese a los dichos coincidentes de tantos testigos que lo ubicaron en los cinco centros de exterminio de la zona de La Plata. El mismo cura había admitido en 1984 a la revista Siete Días: ‘a mí los montoneros comunes no me interesaban. Lo mío eran los cuadros medios y altos de los subversivos para averiguar cómo tenían armada la organización’.
Tratando de ubicarse como víctima, en sus últimas palabras ante los camaristas pidió ‘ganar la paz con reconciliación’. Esto debe traducirse como ‘paz con impunidad’ pues, desde su óptica, el fallo del tribunal platense caería fulminado por surgir del afán de ‘revancha’ de los organismos de derechos humanos y el gobierno nacional.
Estos tres meses de proceso pusieron de relieve la participación del procesado en la tortura, personalmente y produciendo información a los torturadores obtenida de confesiones que le habían sido brindadas por los secuestrados. El fue parte del engaño a siete jóvenes ultimados cerca de la rotonda de Alpargatas cuando creían que los iban a poner en un avión hacia Brasil, habiendo cobrado antes dinero a los familiares de esas víctimas. En ese caso consoló a los policías intervinientes diciéndoles que ‘Dios sabe que esas muertes son por el bien del país’, etc.
Si bien el cura fue en este tiempo el mayor blanco de las críticas, hay que acotar que el desprestigio de la Iglesia fue en aumento. La TV, los diarios y demás medios de comunicación transmitieron parte de las audiencias.
Testigos, abogados querellantes y dirigentes de derechos humanos que asistían al juicio coincidían en que la cúpula eclesiástica había tenido un rol cómplice con la dictadura.
El salesiano Rubén Capitanio, de la Pastoral Social de Neuquén, y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, aportaron como testigos y puntualizaron la responsabilidad del obispado de ese tiempo. ‘Este caso no fue un hecho aislado, ya que hubo compromisos, concepciones ideológicas, intereses, que han llevado lamentablemente a sectores de la Iglesia a comprometerse con la dictadura y la represión’, manifestó Pérez Esquivel cuando compareció el 13 de setiembre.
La postura de Bergoglio
El cardenal Jorge Bergoglio era en tiempos de la dictadura la mayor autoridad -el provincial- de la orden de los jesuitas. Y en tal condición fue acusado -entre otros por Horacio Verbitsky en base a archivos de cancillería y del libro de Eduardo Mignone, fundador del Cels- de haber abandonado a su suerte a los seminaristas del Bajo Flores, Yorio y Calics.
Las acusaciones aseguraban que les había retirado autorización para continuar con su trabajo pastoral allí, lo que equivalió a una ‘luz verde’ para que los grupos de tareas los secuestraran. Otros aseguraron que los denunció a la Armada.
Independientemente que esas críticas fueran acertadas y verídicas, lo más importante es que en años recientes Bergoglio, ya ungido cardenal y hasta papable, no ha tenido una actitud defensora de los derechos humanos. Su discurso oficial fue el de la ‘reconciliación nacional’ antes que el reclamo de verdad y justicia. Al opinar de ese modo le dio letra a Von Wernich, quien el martes repitió el latiguillo obispal de ‘ganar la paz con reconciliación’.
El comunicado del Episcopado dictado por Bergoglio luego del fallo de La Plata tiene como falla estructural el que en ninguna de sus 18 líneas menciona al condenado por su nombre y apellido. Eso denota la intención política de no criticar en concreto, hablar generalidades y cumplir sólo formalmente con algo que muchos católicos querían: que sus pastores dijeran algo al respecto.
El presidente de la Conferencia Episcopal dejó su impronta en el comunicado pues allí se plantea nuevamente la ‘teoría de los dos demonios’. El texto cuestiona la participación de un sacerdote en hechos gravísimos, pero pontifica que hay que alejarse ‘tanto de la impunidad como del odio y el rencor’. Según su manera de pesar los factores políticos, sociales y morales, sería lo mismo la impunidad de los genocidas que el rencor que pueden sentir los familiares de los desaparecidos o los sobrevivientes torturados por la patota de Camps.
Ese comunicado también merece la observación de que es muy tardío: ¿treinta años tardó la Iglesia para emitir una gacetilla que sin nombrarlo cuestiona a Von Wernich? El argumento de que antes no podía hacerlo porque no había condena se cae por su propio peso. Si fuera por eso tendrían que haberlo demorado unos meses, hasta que quede en firme la sentencia recurrida por los defensores Cerolini y Marcelo Peña.
Ese manejo político del tiempo, para salvar la responsabilidad de la cúpula eclesiástica, también se trasuntó en otro hecho. Pese al veredicto de la justicia, el obispo de 9 de Julio, diócesis a la que pertenece el condenado, no adoptó ninguna sanción, suspensión ni prohibición. ‘Se hará en el tiempo oportuno’ declaró el obispo Martín de Elizalde, como si más de treinta años transcurridos no fueran suficientes para poder dictaminar que el represor de sotana no puede dar misa ni administrar sacramentos.