Los campesinos exigen la liberación de compañeros e investigar a funcionarios, jueces y policías ante la masiva ola de persecuciones y detenciones. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa.
Además, las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos
Denunciada como una «caza de brujas», la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. «Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos», denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales.
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