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Ante la visita a España de Álvaro Uribe, presidente de Colombia -- Justicia por Colombia-Plataforma de Solidaridad y Derechos Humanos

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Ante la visita a España del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien va a reunirse con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y va a recibir en Madrid el recién inaugurado premio de las Cortes de Cádiz “por su labor de profundización, difusión y extensión de la Libertad y por su lucha contra el terrorismo”,

La Plataforma Justicia por Colombia rechaza la concesión de este premio, como ya han hecho otras 150 organizaciones sociales y centenares de personas. Creemos que es absolutamente preocupante que se conceda un premio de esta naturaleza al presidente de un Gobierno que está siendo investigado por sus nexos evidentes con el paramilitarismo y con crímenes de lesa humanidad, y cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha procesado a un gran número de senadores vinculados a la coalición del gobierno y a miembros destacados de organismos del Estado por representar, haber recibido financiación y colaborar expresamente con la actividad criminal de los paramilitares.

Con este galardón a Álvaro Uribe se está premiando una trayectoria y una forma de gobierno que constantemente se mueve en los márgenes del respeto a los derechos humanos, a una política social inexistente y, en definitiva, a un concepto de democracia sin contenido real alguno para los sectores sociales más excluídos. En definitiva, a un proceder político que no alcanza más allá de la caricatura de la libertad.

El pasado 22 de abril el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, declaró que las Autodefensas Unidas de Colombia (escuadrones de la muerte) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre Presidente del República.

En Colombia son asesinados miles de campesinos, indígenas, sindicalistas y activistas de derechos humanos y sociales con absoluta impunidad. Desde 1991 se han documentado 2.245 asesinatos, 3.400 amenazas de muerte y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. El martes 21 de abril mataron a Ana Isabel Gómez, acribillada frente a su hija adolescente en el municipio de Los Córdobas (norte de Colombia). Era la presidenta de la junta de desplazados de la localidad y miembro del Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia, que agrupa en Córdoba a miles de personas que buscan verdad, justicia y reparación, para las victimas del terrorismo de estado. Al día siguiente era asesinado el dirigente social Edgar Martínez, en el municipio de San Pablo, Sur del departamento de Bolívar. Era miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y Presidente de la Asociación de Integración de Comunidades Agromineras.

Son sólo dos ejemplos recientes de los crímenes que sufren los opositores de las políticas gubernamentales en Colombia todos los días, y que quedan en la más absoluta impunidad. Manifestamos nuestra preocupación por la ambigüedad del Gobierno del Estado Español y de los demás Estados de la Unión Europea ante el conflicto colombiano, por eso demandamos acciones claras y en la vía de apoyar la salida política y negociada del conflicto armado.

Por todo esto exigimos…

Al gobierno del Estado español:

1. Que condicione las inversiones de las empresas de capital español al estricto cumplimiento y respeto de los derechos humanos en el territorio colombiano.
2. Que se privilegie la cooperación para la paz antes que para la guerra, por lo tanto exigimos que se anulen los contratos de venta de armas y cooperación militar suscritos con Colombia.

A todos los gobiernos de la Unión Europea

1. Que la firma de cualquier tratado de libre comercio con Colombia este condicionado al respeto a los derechos humanos y la vida de los sindicalistas y que éstos permitan la superación real de la pobreza en la que vive la mayoría del pueblo colombiano.
2. Que se condicione la cooperación con el Estado Colombiano al desmonte real de los grupos paramilitares y la no utilización de tácticas de guerra no convencional o métodos proscritos en el derecho internacional humanitario.

3. Que se aporte en la construcción real de condiciones para la paz con justicia social en Colombia, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y se exija la superación real de la impunidad en Colombia.
4. Solicitamos que se le exija al gobierno colombiano la no utilización de los fondos de la cooperación internacional para premiar a los autores de las ejecuciones extrajudiciales.
5. Que se reconozca que en Colombia existe un conflicto armado interno, para darle vía a una solución política de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario.

6. Que es necesario un acuerdo humanitario con presencia internacional para lograr la libertad de las personas en cautiverio por causas del conflicto.

PLATAFORMA JUSTICIA POR COLOMBIA
ASOC-KATIO
MOVICE CAPÍTULO ESPAÑA
ASIPAZCOL

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