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ACUSADO ALEGA NO ACORDARSE DEL ASESINATO DE MISIONERO

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Adital

Continúa el juicio de uno de los seis acusados por la muerte de Vicente Cañas Costa, misionero jesuita asesinado en 1987, en el Estado de Mato Grosso. Un tribunal popular de siete personas deberá evaluar si Ronaldo Antonio Osmar, ex-delegado de la ciudad de Juína, ofició de intermediario entre los hacendados, actores intelectuales del crimen, y los pistoleros contratados para realizarlo. Según informaciones del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), la acusación llegó a Osmar a través de declaraciones de dos indígenas Rikbatsa, que en situaciones distintas, escucharon relatos semejantes sobre la circunstancia del asesinato de Cañas.

En la tarde del miércoles 25 de octubre, se escucharon las primeras grabaciones de declaraciones de los indígenas relatando las confesiones que escucharon de no-indios. El antropólogo Rinaldo Arruda, testigo de la acusación, fue el primer no indígena que los dos Rikbaktsa buscaron para relatar lo que habían escuchado sobre el asesinato, tratando de recibir consejos sobre qué hacer con las informaciones. Uno de los indios escuchó la confesión de uno de los acusados del crimen, Martinez Abadio da Silva.

Rinaldo Arruda también fue cuestionado sobre la característica oral de las culturas indígenas y, como científico, afirmó que los relatos orales son tan confiables como los escritos, ya que se trata de culturas de base ágrafa (no escrita). En la historia y en la antropología, los registros orales tienen actualmente tanto valor como los documentos escritos, pues ambos son, igualmente, narraciones humanas. Al relatar sus investigaciones entre los pueblos Rikbaktsa y Enawene Nawe, el antropólogo contribuyó para ubicar el lugar del crimen en el contexto de disputas por la tierra que había en la región. El profesor de la PUC-SP explicó también detalles de la visión del mundo (cosmovisión) de estos pueblos.

Al interrogar al primer testigo, quedó clara la visión de los abogados de la defensa sobre los pueblos indígenas. El abogado de la defensa, Zoroastro Teixeira, preguntó sobre la «aculturación» de los indios y sobre la posibilidad de haber incorporado el hábito de mentir a través de su contacto con otros grupos. Preguntó cuáles son las formas de sustento de las familias, ya que muchas tendrían un estilo ostentoso de vida «con antenas parabólicas», ya que «consta que los indios no tienen un estilo muy oneroso».

Teixeira cuestionó también las fuentes de financiamiento de las entidades que actúan con los indígenas. El antropólogo Arruda respondió enumerando las actividades económicas de los indígenas y sostuvo que, en el mundo actual, ningún grupo humano vive totalmente fuera de la economía de mercado, produciéndose trueques y comercio.

El acusado Ronaldo Antonio Osmar fue escuchado por el tribunal la noche del martes 24. Negó cualquier involucramiento suyo en el asesinato y varias veces afirmó no recordar los hechos. Dijo que conocía a Vicente Cañas solamente por las historias que escuchaba sobre el «misionero barbudo, de cabellos largos y que usaba collares como los indios».

Según el ex-delegado, Cañas era conocido en la región como «jefe» de los indígenas y que sería responsabilizado por ser el autor intelectual de asesinatos atribuidos a los indígenas que ocurrieron antes de su muerte, en el contexto de tensión entre los Enawene Nawe y los no-indios. El acusado también negó conocer alguna tensión entre indígenas y propietarios de tierras. Sin embargo, como delegado de policía, confirmó haber realizado el expediente de uno de los casos de asesinato.

El acusado negó también haber tenido alguna actitud para retardar las investigaciones, a pesar de los cuestionamientos realizados por el abogado de la acusación, Mario Lucio Avelar, y por su asistente Michael Nolan, que citaron textualmente reclamos de atraso en las diligencias del delegado que coordinaba las investigaciones en Cuiabá.

La tesis de la defensa es que el acusado no puede ser condenado porque en las pericias realizadas en el cuerpo de Cañas, los legistas no consiguieron identificar la causa de la muerte, a pesar de haber señalado el uso de un objeto cortante. Sin embargo, la pericia fue perjudicada a causa de que el cuerpo fue encontrado cerca de 40 días después de la muerte. El abogado del acusado, Zoroastro Teixeira, que recibe el mote de «abogado del diablo» em Cuiabá, afirma que, no pudiéndose determinar la causa de la muerte en la pericia, no se puede concluir ni siquiera que hubo un asesinato.

En el momento de la lectura de los autos del proceso, la defensa usó diversas declaraciones de personas que encontraron el cuerpo de Cañas, con relatos de señales de pelea, como los ojos golpeados y las sandalias de dedo rasgadas y esparcidas por la vivienda, además de objetos fuera de lugar adentro y fuera de la cabaña. Afuera, estaba semihundido el barco a motor que era usado por el misionero. El grupo de cuatro personas que encontró a Cañas también se topó con un círculo de 12 velas quemadas y apagadas que, según declaraciones de la época, fueron identificadas como señales de la presencia de personas ajenas al lugar, ya que Cañas no usaba velas, sino una lámpara de gas. El juicio ha sido seguido por decenas de personas, sobre todo de representantes de entidades indigenistas y pastorales.

Había seis acusados por el asesinato de Cañas. Dos fallecieron y a dos les cupo la prescripción del crimen por haber llegado a los 70 años de edad. Los otros dos pasarán por el tribunal popular. Fue definida el primer día del juicio la prescripción de la posibilidad de castigar a Martinez Abadio da Silva, que estaba en la lista de los acusados que serán juzgados esta semana. A través de recurso previsto en la legislación procesal, la defensa hizo que se separase el juicio de los dos acusados que tienen menos de 70 años. Ambos acusados serán juzgados con la carátula de homicidio doblemente calificado, mediante encargo pagado y en emboscada.

El otro acusado, José Vicente da Silva, será juzgado a partir del próximo martes 31 de octubre. El abogado de José Vicente se retiró del tribunal para asegurar la postergación, ya que la acusación, que podía definir el orden del juicio de los acusados, quería que José Vicente fuese a juicio primero. Los abogados de la defensa se comprometieron a garantizar la presencia de los cuatro testigos que están inscriptos en el caso y que no estaban presentes en el tribunal.

El juicio tienen lugar 19 años después de producido el asesinato, a menos de un año de la prescripción del caso.

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