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Aclaración sobre el número de empleados públicos en España -- Juan Torres López, catedrático de economía aplicada

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Ganas de escribir

Como algunos lectores han preguntado sobre el origen de los datos que utilicé en mi artículo titulado En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren y otros incluso los han puesto en duda diciendo que son falsos, aclaro lo siguiente:

– Según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal en enero de 2009 el número de empleados en las administraciones públicas españolas era de 2.636.900 (los datos completos aquí).

– La población activa en el último trimestre de 2008 según la EPA era de 23,064 millones de personas (puede obtenerse aquí).

– Según estos datos, el porcentaje de empleados públicos sobre la población activa (lógicamente salvando el desfase de los meses del cómputo, que no puede ser mucho) sería, por tanto, del 11,43.

– La OIT da para 2008 la cifra de 2958,6 millones de empleados públicos (aquí). Para la población activa mencionada el porcentaje exacto sería de 12,82.

– Los datos de otros países de Europa proporcionados por la OIT también pueden obtenerse fácilmente de la web LABORSTAT (aquí).

– Francamente, utilicé estos datos y las comparaciones de 2008 por pura comodidad puesto que ya los tenía obtenidos para textos anteriores y porque, aunque no tenía los datos exactos para diversos países, sabía que no había grandes variaciones respecto a 2009,.

– Para 2009, el número de empleados públicos en España que proporciona la OIT es de 3,0621 millones (aquí). El Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal (puede consultarse aquí) da la cifra de 2.659.010 para julio de ese año. Si se comparan ambas cantidades con la población activa en el segundo trimestre del año (23,082 millones), los porcentajes serían del 13,2% y 11,51% respectivamente.

– En los últimos dos años, el número de empleados públicos ha aumentado, aunque en términos absolutos quizá no tan considerablemente como se afirma, al menos según los datos oficiales (pero sí, seguramente, en términos relativos respecto a los empleados en el sector privado al haber aumentar conisderablemente el paro). El Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal da la cifra de 2.698.628 empleados públicos para enero de 2010 (aquí) y de 2.680.219 para julio de 2010 (aquí).

– Podía haber utilizado estas últimas cifras que son las oficiales más recientes pero, para referirme a la cifra más actual de empleados públicos que se viene manejando, me hice eco de una estimación realizada a partir de la Encuesta de Población Activa que cifra el número de empleados públicos en 3.186.000 (está en Malo, M.A., Garrido, L. y Cueto, B. (2011): «El empleo público en España» en FUNCAS (ed): Dos ensayos de actualidad sobre la economía española. Madrid). Utilicé ésta cifra, a pesar de que es bastante más elevada, precisamente porque no quería que pudiera parecer que trataba de minimizar artificialmente el asunto. También, porque era más reciente y, además, la utilizada para estimar el coste total del gasto que comporta ese personal, los 115.000 millones de euros a los que me refiero en el texto.

– Si se acepta que el número de empleados públicos en España es este último (3.186.000), su porcentaje respecto al total de población activa (23,06 millones en el primer trimestre de 2011) sería el 13,81 y no el 20% como afirma algún comentarista de la web que me invita a actualizar los datos porque en su opinión digo medias verdades.

– Me parece que queda claro, por lo tanto, que las cifras y las comparaciones que utilizo son correctas (aunque obviamente yo no me puedo hacer responsable de la exactitud o inexactitud de las cifras oficiales o de las estimaciones académicas) y, en consecuencia, que las descalificaciones e incluso insultos que he recibido en mi propia web por utilizarlas son simplemente salidas de tono de quien no tiene más argumentos que el burdo ataque personal.

– No obstante, debo reconocer que hay una errata (aunque creo que fácilmente detectable como tal) cuando denuncio que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía. Era evidente que me refería a los 150.000 empleados públicos que afirma que no tienen nada que hacer.

– Finalmente, reconozco también que yo mismo me expresé mal en este artículo al generalizar hablando de funcionarios, como el presidente de la patronal, cuando lo correcto es referirse a empleados públicos. Los funcionarios en sentido estricto solo son un 60% aproximadamente del total de estos últimos, según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas antes citado.

– Por otro lado, he de decir que, a pesar de todo, las palabras del Señor Rosell, el líder de la patronal española, me han hecho pensar y que he recapacitado. Es muy posible que en España sobren efectivamente empleados públicos, sobre todo, si se tiene en cuenta que en julio de 2010 había 131.927 en las Fuerzas Armadas (4,9% del total) y 142.801 en las Fuerzas de Seguridad del Estado (4.3%). Entre ellas los capellanes del ejército, cuya «carrera» acaba de regular el Ministerio de Defensa sin que la patronal haya dicho nada sobre su necesidad (Chacón se despide regulando el estatus de los capellanes) cuando está diciendo que sobra personal en educación o sanidad.

– Y ya aprovecho este comentario para referirme a una última cuestión que no tiene que ver con la exactitud de los números pero que quizá aclare aún más mi posición sobre las declaraciones de los jefes de la patronal. Si hay algo que conozco bien creo que es la administración pública universitaria. Sé que hay muchas cosas que funcionan mal allí, que posiblemente haya algunos empleados o funcionarios que no se merezcan el sueldo que ganan. Y supongo que igual puede ocurrir en otras administraciones públicas. Por eso he sido siempre defensor de la evaluación de la actividad que se lleva a cabo con el dinero público y siempre he defendido que se apliquen las sanciones previstas a quien no cumple con su deber. Pero eso es una cosa y otra generalizar como se está haciendo, cuando se afirma que toda o una gran parte de la administración pública funciona mal o que es innecesaria, simplemente para justificar la conversión de los servicios que presta en negocios privados a costa de su menor y peor provisión al conjunto de la sociedad. La alternativa a lo que funcione mal en la administración pública (casi siempre por falta de recursos o de incentivos y en menos casos por corrupción o incompetencia) no es la gestión privada de los servicios públicos esenciales para beneficiar así a pocos perjudicando a muchos, sino una administración pública que funcione bien y con la máxima eficiencia para todos.

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