En EL PAÍS del sábado 3 de mayo leo el artículo sobre la reivindicación de la comunidad islámica española de que los niños musulmanes reciban clases de religión islámica en las escuelas públicas, en base a los acuerdos de cooperación de 1992, y aluden a la discriminación que sufren sus hijos ante la situación planteada.
Y siendo esto así, el problema de fondo, cada vez nos compromete más como ciudadanos de un Estado laico que aboga sin fisuras por impartir clases de religión en las escuelas. Otra herencia que el nacional-catolicismo nos impuso y que continúa sin ningún pudor llenando de contenido nuestras escuelas. Todavía campean intactos los acuerdos preconstitucionales con la Santa Sede y todavía como ciudadanos sufrimos la imposición de la religión católica en nuestras escuelas públicas, y nuestros niños sufren la discriminación y la falta de derechos que supone.
Y no hablo sólo de musulmanes o judíos u otras religiones, sino que quiero hablar, sobre todo, de los millones de españoles que queremos una educación laica, que queremos que nuestros hijos no sufran la vejación de estar fuera de las aulas y de sus compañeros en la hora de religión; me refiero a los centros de enseñanza secundaria públicos, que organizan los grupos académicos en torno a la religión. Me refiero, en definitiva, a que la religión salga de la escuela y se vaya a las iglesias, de donde nunca debió salir.
