‘No pueden negociar la verdad y la justicia en nombre del pueblo’, expresó María Silvia Guillén, directora de FESPAD y miembro de las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos, ante un posible ‘acuerdo’ entre el Estado y la jerarquía de la Iglesia Católica, para desligar la responsabilidad del Estado en el magnicidio.
Tras la audiencia de seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado salvadoreño por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, se supo que el gobierno ha tenido reuniones con la iglesia para cerrar el caso.
Guillén recordó que la alta jerarquía católica está comprometida, desde hace 14 años, en la búsqueda de la justicia, la verdad y reparación a los familiares de las víctimas, que en el caso de Monseñor Romero trasciende al pueblo salvadoreño y a otros organismos a escala internacional.
‘No podemos creer que quieran desconocer su responsabilidad, afirmando que era otro partido político en el poder y era otra administración, cuando un estudiante de primer año en Ciencias jurídicas, entiende que la responsabilidad estatal trasciende estos contextos’, explicó Guillén.
La CIDH insta al Estado salvadoreño a realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Monseñor Romero.
Asimismo, manda la reparación de todas las consecuencias de las violaciones anunciadas y el pago de una justa indemnización; y adecuar la legislación interna a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.
‘Todos sabemos quien mandó a asesinar a Monseñor Romero. Sólo ellos (el gobierno), no lo quieren aceptar y éso es una violación a todos los tratados de Derechos Humanos signados por el Estado salvadoreño’, añadió la abogada.
Leonor Arteaga, de Pro Búsqueda, recordó las acciones que el Estado debe cumplir, en este caso; entre ellas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de petición de disculpas ante la comunidad nacional e internacional.
Las recomendaciones contemplan la publicación de las partes relevantes del informe N.37/00 de la CIDH y su inclusión en los planes de estudio, en la historia salvadoreña; la creación y difusión de un documental sobre la vida, labor y circunstancias de la muerte de Monseñor Romero.
Asimismo, la creación de una plaza pública en su nombre; la prohibición de homenajes a los responsables de su muerte; capacitación a miembros de la Fuerza Armada sobre el respeto a los Derechos Humanos y a la Policía Nacional Civil; y técnicas de investigación apegadas a los estándares establecidos por la ONU.
‘Nos preocupa la actitud del gobierno de El Salvador al intentar negociar con la jerarquía de la Iglesia Católica. Esto cae en el desacato a las recomendaciones de la CIDH, y pretende ampararse a la violatoria Ley de Amnistía’, agregó.
La directora de FESPAD fue enfática al resaltar que de permitir la omisión de responsabilidad del Estado salvadoreño ante el asesinato de Monseñor Romero será ‘abonar al clima de impunidad’ que campea en el país.