Desde que el Papa Benedicto XVI le regaló a Teresa Fernández de la Vega «un collar de perlas» -según portavoces de Moncloa, que no se percataron de que era un simple rosario-, las relaciones Iglesia-Estado entraron en etapa serena. El tono de Ratzinger en Valencia sorprendió a propios y a ajenos, lo mismo que las alabanzas a la vicepresidenta: «Estamos en buenas manos».
Pasó la canícula y Gobierno y Conferencia Episcopal llegaron al acuerdo de financiación de la Iglesia, pero inmediatamente el asturiano Álvaro Cuesta se quejó amargamente de ello en un comité federal del PSOE. El péndulo se fue al otro lado y el acuerdo sobre la asignatura de Religión acaba de no ser posible. El diseño que se deseaba alcanzar era el de una asignatura confesional, más una optativa -Historia de las Religiones-, más una tercera opción de actividad educativa tutelada para las familias que rechazasen las otras dos posibilidades. Al mismo tiempo, postulaban los obispos que las dos asignaturas fueran materias plenamente computables.
No hubo acuerdo, pero en el PSOE hubo también tira y afloja. La corriente más laicista del socialismo, junto a IU y otros grupos, sigue postulando que la Religión salga de la escuela, pero alguien les advirtió de que ello suponía denunciar -anular- los acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Y en estas seguimos, porque el manifiesto que hace unos días presentó el mismo Álvaro Cuesta significaría, llevado a su últimas consecuencias, romper dichos acuerdos e incluso introducir en la Constitución el desarrollo de un principio de laicidad -de separación, al modo francés- que ahora mismo no existe. De hecho, la Carta Magna establece relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.
?sta es la clave de la cuestión. Alguien debería aclarar si el Gobierno quiere romper los
(La Nueva España)