«Ellos comenzaron primero»
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acusado a dos cardenales españoles de realizar acusaciones que han perturbado las relaciones del Ejecutivo y la Iglesia, ya que, según ha dicho, hasta entonces no había ningún problema entre ambas instituciones. En este sentido, ha dejado claro que no se va a callar porque «cada uno» debe «estar en su sitio», al tiempo que ha apuntado que no se atrevería a decir «qué es lo que tiene que hacer la Iglesia católica para mejorar algunos de sus objetivos».
En el marco de una intervención en el Fórum Nueva Economía, Zapatero ha rechazado la acusación de que el Gobierno haya iniciado una ofensiva contra la Iglesia católica, como asegura haber leído en algún medio de comunicación. «Uno se sorprende hasta el límite de lo insólito, de lo fantástico», ha apostillado.
Crítica «exagerada»
Así, ha destacado que en fechas de «paz y de unión», en plena Navidad, durante un acto religioso, dos cardenales españoles dicen «nada más y nada menos» que «las leyes de un Gobierno democrático hacen retroceder los derechos humanos» y que las normas «que amplían derechos individuales» están «disolviendo la democracia». «Resulta que es el Gobierno quien inicia, si estábamos todos tan felices, si no había ningún problema entre la Iglesia y el Gobierno», ha dicho.
Para Zapatero, «esto no tiene sentido», y ha apuntado que la crítica a leyes ya consolidadas es «exagerada». En este sentido, ha dicho no poder entender la «obsesión» con el «tema del divorcio» y ha afirmado que no es que ahora haya más divorcios, sino que antes la gente tenía que esperar más tiempo para divorciarse, por lo que la ley evita «tiempos de sufrimiento y de convivencia absurda».
La postura del Vaticano
El jefe del Ejecutivo ha manifestado que «no cabe en ninguna cabeza razonable» que se obligue a la gente a convivir cuando se ha acabado ya la vida en pareja. «El número de anulaciones matrimoniales tampoco desciende, ¿no?», ha agregado.
Zapatero ha dicho comprender y respetar la oposición del Vaticano y la Iglesia a la interrupción voluntaria del embarazo o con el matrimonio entre personas homosexuales, pero ha dicho que «de ahí a decir que es un ataque a los derechos humanos o disuelve la democracia», no es «asumible» porque «es irreal».
Así, ha considerado que la democracia supone el respeto a la pluralidad y que todo el mundo tiene la obligación también de respetar la mentalidad de una familia cristiana, de parejas que deciden tener «10 o 12 hijos, que no están de acuerdo con el divorcio, que nunca lo practicaría».
La referencia de la Constitución
El presidente ha apuntado a la Constitución para recordar que España es un «Estado aconfesional», pero ha añadido que «hay que tener una relación singular con la Iglesia católica». En este sentido, ha indicado que ese es el mandato que ha cumplido siempre y que ha defendido y defiende.
Sin embargo, ha querido dejar claro que no se pida silencio al Gobierno cuando «desde voces tan representativas de cardenales» se les «acusa» de que con estas leyes «se retrocede en derechos humanos o se disuelve la democracia». «No nos vamos a callar», ha recalcado.
