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Este 5 de mayo se cumplió el XXX aniversario de la Carta Social Europea Revisada, adoptada en París por el Consejo de Europa, tratado internacional suscrito por España, aunque su cumplimiento sea insuficiente, tanto en nuestro país como en otros estados firmantes.
El Consejo de Europa como órgano internacional defensor de los Derechos Humanos y Sociales, anterior al nacimiento del Mercado Común Europeo, predecesor de la actual Unión Europea, UE, ha preconizado un avance democrático y social incisivo, contando con 47 miembros, 20 por encima de la UE, (ahora uno menos por la expulsión de Rusia, tras la intervención militar en Ucrania).
Entre sus hitos más significativos destacamos la Carta Social Europea, cuyo primer texto surgió ya en Turín en 1961, como un documento clave para impulsar los derechos sociales en el continente, y que además fue revisada en 1996 en París para actualizar su contenido. Este nuevo texto representa una proclamación de derechos sociales muy amplia y precisa, que por desgracia no ha encontrado el eco jurídico sociolaboral adecuado, tanto por la parcial adopción por los estados miembros, como por el desconocimiento de la población, lo cual favorece la laxitud de los gobiernos para su efectiva aplicación.
No obstante existe un mecanismo corrector interesante que permite promover reclamaciones colectivas en denuncia de incumplimientos constatables de la referida Carta Social. En concreto, en este momento se está tramitando una Reclamación Colectiva contra la gestión del Ingreso Mínimo Vital, IMV, por parte del Estado español. Dicha reclamación presentada por la ONG internacional Cuarto Mundo conjuntamente con la Oficina Jurídica de Derechos Sociales de España y apoyada por numerosas entidades sociales, ha sido admitida a trámite, por lo que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha requerido al Gobierno de España para que presente su Informe respecto a las deficiencias denunciadas, a fin de determinar las medidas correctoras pertinentes. Dicho Informe se hizo esperar, pues nuestro gobierno pidió prórrogas para su cumplimentación.
Al final, desdobló su respuesta en dos aportaciones: una de la abogacía del estado y otra del propio Ministerio de Inclusión, ambas cargadas de un propagandismo retórico obsceno, motivo por el cual los reclamantes han presentado una réplica contundente. Todos estos documentos oficiales han sido colgados en la página web del Consejo de Europa, si bien omitiendo los apoyos remitidos. Ahora falta la Resolución del referido comité para sustanciar el conflicto.
Sin embargo, ésta solo es una prueba más de la escasa respuesta de los estados miembros a un documento tan estratégico para la calidad de vida de la población europea. Por ello, los pasados 18 y 19 de marzo se convocó una conferencia de alto nivel del Consejo de Europa en Moldavia para concienciar sobre el desarrollo de los derechos sociales y difundir la Carta Social Europea entre los países miembros para garantizar su aplicación máxima por los gobiernos.
La CINGO, Conferencia de las ONGs del Consejo de Europa, cuenta con un Comité sobre la Carta Social Europea, al que tengo el placer de pertenecer. Nuestro comité ha presentado en la citada Conferencia de Chisináu (Moldavia) una declaración muy incisiva para promover la difusión y la aplicación de la Carta Social, a fin de impulsar los derechos sociales de forma generalizada, así como sus mecanismos de corrección, cuando su aplicación sea insuficiente.
También dicho comité ha organizado el 5 de mayo un seminario online con motivo del XXX aniversario de la Carta Social Europea Revisada para valorar el trabajo realizado y para analizar posibles nuevas reformas en ese texto que aún le den más eficacia en la defensa de los derechos sociales.