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“Viven en una nube donde no hay desahucios, ni enfermos crónicos que pagan ni jóvenes sin becas”

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andaluces.es

Ana María Gómez atiende al teléfono de camino al colegio. Son casi las dos de la tarde y va a recoger a sus dos niños. Trabaja unas cuantas horas como dependienta y vive, con lo poco que gana, en el piso del que estuvo a punto de ser desahuciada. El decreto aprobado por la Junta de Andalucía el pasado abril impidió que se quedara en la calle. El recurso del Gobierno central en el Constitucional la volvió a dejar desamparada. Y ahora está acogida, según cuenta, a la moratoria de dos años propuesta por Rajoy para casos extremos.

El Parlamento andaluz ha aprobado con los votos del PSOE e IU una norma que amplía el decreto. Pero la Junta no sabe cuánto tiempo la podrá aplicar. El PP ha votado en contra y esta vez el recurso en el Tribunal Constitucional parece estar más cerca. Ana María, ajena a las tramitaciones, a los tiempos y a los órdenes del día, no entiende por qué se recurren leyes que pueden ayudar a las personas, por qué tiene que acogerse a un decreto un día o a una moratoria la semana o el mes siguiente. “Estoy siempre con la incertidumbre. A mí la situación no me la arregla nadie. Estoy sola, sin capacidad para absorber todas las cargas que tengo. ¿Adónde voy? Yo no quiero saber nada de guerras políticas ni ideologías. Yo lo único que tengo claro es que defiendo mi política, que es buscar el techo de mis hijos”, afirma ya cansada, pero sin tirar la toalla.

La nueva Ley de función social de la vivienda incluye mejoras como la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación del uso temporal de viviendas, con un máximo de tres años. Además de las personas en riesgo de exclusión social, como el caso de Ana María y las otra 17 familias beneficiadas con el decreto, el nuevo texto protegerá también a quienes avalaron con su propia casa otra vivienda, a los autónomos que pusieron su vivienda como aval para sacar adelante su negocio y aquellas personas atrapadas en las denominadas hipotecas puente.

“Señorías del PP, han hecho ustedes cosas muy graves: rechazar esta Ley por innecesaria argumentando que ya no se producen desahucios. Eso es mentir y demostrar que todos ustedes viven en una nube en la que no hay enfermos crónicos que tienen que afrontar ahora un copago hospitalario, ni jóvenes que renuncian a estudiar porque les quitan las becas, ni pensionistas que temen el tijeretazo, ni emprendedores que están devolviendo las ayudas”, afirmó la diputada de IU Inmaculada Nieto, que recordó que la empresa municipal de vivienda de Madrid había desalojado por la mañana a una mujer por una deuda de mil euros. O Amparo, la mujer de Carabanchel que se quitó la vida cuando tenía que abandonar su casa con sus hijos y nietos. “Ustedes saben que esta ley es necesaria. De lo contrario, abandonaremos a su suerte a estas familias”, añadió.

El diputado del PSOE Enrique Benítez Palma insistió también en que no existen motivos económicos ni de quiebra del sistema financiero para oponerse a esta ley. “Sino motivos partidistas, para impedir que pueda compararse el modelo de Rajoy, que es un ataque a los ciudadanos, con el modelo andaluz, que es una lucha sin cuartel contra la desigualdad”.

La diputada del PP Alicia Martínez justificó el voto en contra porque considera que la ley sólo sirve para hacer “ruido mediático” y responsabilizó al Gobierno de Zapatero y al PSOE andaluz de los desahucios, como consecuencia del paro. “El paro causado por ellos impidió a las familias que pudieran pagar su hipoteca. ¿En qué nube vivían ustedes?“, ironizó. “Ustedes son especialistas en hacer leyes con títulos, que nos suenan muy bien, pero que no compartimos y están a tiempo de rectificar”, concluyó.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que agradeció a la sociedad civil el trabajo realizado, pidió al Gobierno central que no se oponga a la ley porque si no estará “planteando un estado de excepción para Andalucía“, informa Europa Press.

Ana María representa la desesperación de cientos de familias. La Junta, tras la paralización del decreto, ha continuado trabajando en la búsqueda de soluciones para que ninguna persona se quede en la calle. Entre otras medidas, mantuvo una reunión con los bancos afectados y solicitó a los juzgados que paralizacen los procesos. El Santander llegó incluso a comprometerse a estudiar caso por caso para ofrecer alquileres sociales. Ana María no ha tenido noticias hasta el momento.

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