El Vaticano no puede mantener la ambigüedad ante la intromisión política de algunos obispos
El encuentro entre el presidente del Gobierno y el nuncio apostólico en España, Manuel Monteiro, constituye un nuevo intento de reconducir las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la legislatura que termina. El sector más radical de la Conferencia Episcopal vio con recelo esta cita, considerando que podría interpretarse como una implícita desautorización del Vaticano hacia la nota emitida por los obispos españoles el pasado 30 de enero, en la que se desaconsejaba entre líneas el voto al Partido Socialista.
Se trata de un pobre argumento que, sin embargo, ilustra de manera fehaciente la manera en la que ha venido actuando el grupo de prelados encabezados por Rouco, Cañizares y García-Gasco: aparte de secuestrar la voz de la Conferencia Episcopal Española y, en particular, la de su presidente, Blázquez, ahora pretenden transmitir la sensación de que el Vaticano se pliega a sus posiciones, en lugar de ser ellos los que se atienen a las indicaciones de Roma.
Éste es el equívoco en las relaciones con España que el Vaticano debería deshacer cuanto antes, puesto que el extremismo preconciliar de los obispos que se han echado a las calles durante los últimos cuatro años le coloca en una difícil situación diplomática, como habrá podido apreciar el nuncio Monteiro. Si el Vaticano no apoyaba las reiteradas e inaceptables intromisiones de un sector de la Conferencia Episcopal en los asuntos del Estado, entonces su autoridad sobre la jerarquía eclesiástica quedaba en entredicho.
Pero si, por el contrario, ese sector del obispado español ha actuado con el beneplácito de Roma, entonces el conflicto se convierte en una injerencia de la Santa Sede en los asuntos de otro miembro de la comunidad internacional. Las invocaciones melancólicas a «la católica España» pueden ser un recurso de la retórica pastoral, nunca una excusa para que el Vaticano relaje su respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados.
Tras el encuentro entre el presidente del Gobierno y el nuncio han quedado nítidamente delimitados los términos en los que, a partir de ahora, habrá que interpretar las tensiones que puedan volver a producirse. La ambigüedad que ha mantenido el Vaticano es insostenible por más tiempo. Si los miembros más radicales de la Conferencia Episcopal interfieren de nuevo en asuntos que no les corresponden será o bien porque la Santa Sede no es capaz de poner orden en sus propias filas, o bien porque en el caso de España juega con dos barajas.
La Constitución española establece un modelo de relación entre la Iglesia y el Estado que ha demostrado su eficacia. Gracias a ese modelo, la libertad religiosa es hoy una realidad asumida por los poderes públicos y por los ciudadanos; tan asumida que, de hecho, una parte de la jerarquía católica ha concebido el proyecto de valerse de ella para negarla, convirtiendo su propio credo en obligatorio. El Vaticano no puede guardar silencio.
