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España es desde el 1 de enero miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el mandato 2015-2016. Este Consejo es el máximo órgano de decisión mundial en materia de paz y seguridad, que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Todos los miembros de la ONU están obligados a aceptar y cumplir las decisiones que se toman en el mismo, pero España no cumple.
Nosotros tenemos una sensibilidad con el pueblo saharaui y sus reclamaciones nacionales son un poco las nuestras. Por eso quiero recordar a los saharauis en esta reflexión. Ellos no han dejado de exigir a España que cumpla con sus responsabilidades derivadas del colonialismo, teniendo en cuenta que la ONU considera ilegales los Acuerdos de Madrid por el que Marruecos y Mauritania se repartieron la ex colonia española; acuerdos que nada dicen de la transferencia de la soberanía del Sahara Occidental, «las provincias del Sur» como dice Rabat.
España interrumpió su proceso de descolonización al firmar los Acuerdos de Madrid pese a que estaba comprometido con la ONU. El informe de Su Secretario General afirma que el Sahara Occidental es un territorio no autónomo bajo ocupación ilegal y sujeto a un proceso de descolonización. En este sentido, se insiste en que tal proceso debe contar con la celebración de un referéndum de autodeterminación, que incluye la opción de la independencia, de conformidad con dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU y la Carta y el espíritu del Plan de Arreglo de la ONU aprobado por su Consejo de Seguridad en 1991.
El 26 de febrero del año siguiente, España abandonó a los saharauis en manos de Marruecos. (Mauritania abandonó su parte después de las continuas derrotas con el Frente Polisario, salvo una parte para resguardar la ciudad de Nuadibú). Lo acordado en el Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, fue considerado nulo por la ONU, lo que activa la irrupción del Polisario. Parecía que en 1991, ambas partes aceptarían la propuesta de Naciones Unidas de celebrar el referéndum de autodeterminación el 26 de enero de 1992. Pero Marruecos bloquea el proceso de paz con maniobras dilatorias mientras repuebla el Sahara Occidental con marroquíes con vistas a un referéndum inevitable. Y de paso, expolian (Marruecos, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos) los valiosos recursos naturales de los saharauis.
Las resoluciones de la ONU no se cumplen y la paciencia de los saharauis, que luchan por la vía pacífica, no es eterna. Soportan el exilio en Argelia, la represión, un muro de la vergüenza de 2.600 kilómetros 8en realidad son varios), la esquilmación de sus recursos naturales y una represión brutal. Para más inri, la República Árabe Saharaui Democrática, miembro fundador de la Unión Africana, es la única nación sin Estado de habla hispana del mundo árabe. Todo esto debería suponer una gran responsabilidad para la diplomacia española desde el pasado 1 de enero. Porque a la Unión Europea, con Francia de por medio, ni está ni se le espera.
Solo se rompió la calma en octubre de 2007, cuando el juez Baltasar Garzón abriera una investigación judicial contra Marruecos, que ahora ha heredado Pablo Ruz, a partir de una querella interpuesta en 2006 en la Audiencia Nacional, en la que aparecían 13 altos cargos marroquíes querellados. Entre ellos, Hosni Bensliman, condecorado en España por su contribución a la lucha antiterrorista, y buscado por Francia por su supuesta implicación en el asesinato del opositor Mehdi Ben Barka, en 1965.
La guinda es que Marruecos acogió el II Foro mundial de los derechos humanos celebrado a finales de 2014 en Marrakech, excluyendo a cualquier represente saharaui, pero sí en cambio, José Luis Rodríguez Zapataro. ¿Qué va a hacer España estos dos próximos años? Todo indica que hará lo que un pez en su medio: nada.
