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(La Conferencia Episcopal Española se reunió el 18 de octubre con el Ministro de Educación para abordar su postura)
Los obispos piden un Pacto Educativo en el que la Religión siga siendo evaluable y computable.
Exactamente en el orden que aparece encima de esta línea es como titula hoy Religión Digital (RD) un artículo sobre el tema. Y en el cuerpo del artículo se desarrolla el argumentario de los obispos, que a mí me suena con una música que me es conocida: 1º) Que el valor de la Religión es inapreciable para la educación de los niños y de los jóvenes; 2º), que hay que respetar la voluntad de los padres ; y 3º), que el Estado tiene que respetar escrupulosamente los compromisos internacionales, en el «marco de acuerdos internacionales, que tienen rango de ley orgánica». Voy a intentar reflexionar sobre los tres argumentos.
El valor educativo del «Hecho religioso». Así, en general, no es una apreciación fácil de comprender, y, por tanto, más complicada, todavía, de aceptar. Muchos de los diversos «hechos religiosos» no han sido nada edificantes en la Historia, y se han erigido en uno de los principales motivos de odios, conflictos, guerras, y verdaderos episodios de violencia, destrucción y hasta exterminio. El hecho católico, también. Recordemos el baños de sangre de alguna de las cruzadas, el exterminio de los albigenses y cátaros, la persecución, por motivos de pensamiento y opinión, de la Inquisición, las así llamadas «Guerras de Religión», y los desmanes de los conquistadores europeos, no solo, ni principalmente los españoles, en la colonización de América, sometiendo a los negro a la esclavitud, y hasta dudando, algunos autores, de la condición humana de los indígenas. Y en nuestro caso no vale la disculpa de que «eran otros tiempos», porque, por definición, la Revelación nos ha proporcionado, ¡o eso siempre nos han dicho», un plus para completar las lagunas y dudas que podrían permanecer escondidas en el mundo ético y moral. Tenemos demasiada experiencia de cómo nos han contado, tergiversando, el hecho religioso cristiano, como para esperar, sin más, que ahora, en los libros de texto y en las clases magisteriales de los profesores, las cosas van a cambiar.
Porque lo primero que deberían dejar bien claro nuestros obispos es, para evitar confusiones, y comparaciones comprometedores e injustas hacia nuestro lado, que el Cristianismo no es una religión, ni sufre, por tanto, o no debería, los peligros que de hecho se han ido materializando en las diversas religiones. Los primeros cristianos fueron considerados ateos por los romanos y por los judíos, justamente porque carecían de toda la parafernalia de símbolos, ceremonias y sacrificios rituales que caracterizan a la Religión. Hay que tener en cuenta de que hay personas, seglares, padres de familia, no demasiadas, por desgracia, que tienen una información cultural-histórica contra la que no se puede orientar, falsamente, la así, mal llamada, «educación religiosa». Pero es que los jóvenes, aunque carezcan de ese conocimiento histórico, tienen suficiente intuición, pertrechados como están, por los adelantos sociales, psicológicos y morales que han vivido muy deprisa en loas últimas décadas, como para dejarse impactar con bellas teorías que, seguro, y con razón, les sonarán a falsas.
Hay que respetar la voluntad de los padres. Sí, generalmente, pero hay situaciones en las que el propio Estado tienen que intervenir en contra de esa voluntad, por el bien de los hijos. Y la Iglesia tampoco puede, así, ingenuamente, confiar en que los padres católicos españoles, tienen la voluntad de que se eduque a sus hijos en los valores cristianos.
Porque de esto se trata. Los miembros, de la Iglesia no somos, propiamente, testigos de ésta, de sus normas, tradiciones, leyes, e ideología. (Nota: aprovecho para expresar mis dudas sobre las siguiente frase que el portavoz de la CEE pronunció al presentar el escrito que escribió el presidente de la misma, cardenal Blázquez, en el que, después de agradecer al Papa la actitud de su pontificado, ofrecía Gobierno la ayuda de la CEE este para este pacto educativo del que estoy hablando. La frase dice así: «Vemos la necesidad urgente de un pacto educativo, que acabe de una vez acabe con los cambios al vaivén de las ideologías imperantes, y que ofrezca la posibilidad de un gran consenso en el que la educación sea una cuestión de Estado, que redunde en mejores ofertas de calidad». ¿Cómo criticar ese vaivén de ideologías imperantes si muchos de nuestros obispos, y en muchos de sus escritos, declaraciones, o pastorales, convierten el Evangelio en una verdadera «ideología de derechas, y anti conciliar», llegando a veces a la ultraderecha?) Y volviendo a la «voluntad de los padres», dudo mucho de que busquen, en el ámbito escolar, que sus hijos sean educados en el perdón al enemigo, en poner la otra mejilla, en no juzgar, en pensar que los otros son mejores que uno, en el amor fraterno, etc. Estos valores se debe intentar inculcar a los catecúmenos, para el Bautismo, la 1ª Comunión, a los que a los que se quieren confirmar, a los que quieren casarse por la Iglesia, etc. pero dudo que aceptan que sean catequizados así en la escuela. Porque si se trata de «educación cristiana», esa es la de los valores específicos que he recordado más arriba.
Que el Estado tiene que respetar escrupulosamente los compromisos internacionales, en el «marco de acuerdos internacionales, que tienen rango de ley orgánica». Claro, es el famoso slogan romano «pacta sunt servanda», pero solo mientras estén vigentes. Pero que sepamos, los acuerdos de España con el Vaticano tienen la cláusula protectora de la posibilidad de rescisión cuando una de las partes lo denuncia. Los gobiernos de izquierda han prometido demasiadas veces presentar esta denuncia, y no lo han cumplido. Pero a España no le interesa nada tensar la cuerda, no vaya a ser que un Gobierno izquierdista que pretenda, simplemente, cumplir sus promesas electorales, podría denunciar los acuerdos bilaterales con la mal llamada Santa Sede. Y este régimen de tutoría de la Sede romana sobre las iglesias nacionales es una verdadera reliquia previa al Concilio Vaticano II, y opuesta a los deseos de éste. Los padres conciliares pretendían que el interlocutor de la Iglesia con el Gobierno, en cada país, fuera, como es lógico, la Conferencia Episcopal, que es la que conoce la situación, y está mejor preparada para pactar, y posee, para las acomodaciones, renovaciones, y cambios necesarios, la suficiente flexibilidad y cercanía para acometerlos. Afirman algunos que el Estado Vaticano sirve, sobre todo, para poder realizar este tipo de tratados y acuerdos que permitan a la Iglesia, en su conjunto, y en su división en Iglesias Particulares, el paraguas protector legal que proporciona el Derecho Internacional. Yo soy de los que opina que si el fin no justifica los medios, mucho menos éste, que ni como fin es demostradamente bueno.
Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara
Atropello en el mundo laboral: el Gobierno, ¿qué hace ante los miles de salarios ilegales que reconoce?
Llamó la atención la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al afirmar que era imposible que un empleado ganara menos que lo que señala el salario mínimo, porque eso es ilegal. Pues bien, por los informes de cualquier ciudadano, y no hace fala ser demasiado avispado, ese caso se da en cientos de miles de casos. Es grave responsabilidad, no solo política, sino jurídica, que el Gobierno incumpla gravemente su función permitiendo que, a sabiendas, y en sus barbas, se infrinja la legalidad. Sería muy interesante que algún abogado avispado, y valiente, demandara al ejecutivo por ese motivo. Me gustaría mucho comprobar cómo reaccionarían los jueces.
A mí me llama mucho la atención el modo con el que el Gobierno insta a otras instituciones del Estado a cumplir la ley, cuando él mismo se hace remiso, o mira para otro lado, o n sabe no contesta, cuando le toca, como poder ejecutivo, hacer cumplir la ley. Que en nuestros país se dan muchas ocasiones en las que los asalariados no llegan al salario mínimo mensual es un tema conocido por todos. Y se dan a miles, a cientos de miles de trabajadores, lo que implica otras centenas de miles de empresarios que no cumplen la ley.
Convendría también preguntarse si la propia reforma laboral, tan alabada por autoridades patrias y europeas, incumple la ley al permitir contrataciones de días, de horas, que provocan bajas y también despidos casi inmediatos, que imposibilitan, primero, que se pueda hablar de auténticos asalariados, y, después, que éstos puedan llegar al salario mínimo mensual. Alguien tendría que estudiar esta situación , y presentarla a los jueces. La oposición tienen en este campo un asunto que da para mucho más que palaras, porque en esto de la canción «paroles, paroles, paroles …» nuestros políticos son auténticos maestros.
Ahora una reflexión sobre la última reforma laboral, la del PP. La peor no es la reforma en sí, con lo mala que es. Lo peor no es la defensa que se hace de ella, que es descarada, por defender lo indefendible, tanto por parte de los que la idearon, como por los que salen ganado con ella. Los que constituyen un auténtico horror son los argumentos que se esgrimen, que no son de recibo, si los que los exhiben no han perdido del todo el humanismo, y se han convertido en gestores de una especie de tortura lenta, que con una calma achicharrante va conduciendo a la inacción a tantos y tantos trabajadores de nuestra patria, si es que merece este nombre una nación que está sacrificando a sus miembros más débiles. El argumento es que, proponiendo una ley laboral tan flexible, los empresarios, o emprendedores, para cambiar aquel nombre tan execrable para tantos, se animarán a crear más puestos de trabajo, sin preocuparse en la calidad de lo mismos, sin importar si el contrato es para dos días, con aviso automático de baja, o incluso de horas. Si estos asalariados sirven para disminuir de manera tramposa y descarada la cuenta del paro, sirvan también para ser considerados verdaderos asalariados con el salario mínimo obligado.
¿Por qué no exige la ley que todo trabajador contratado, en las condiciones que sean, y para el tiempo que sea, tenga que cobrar, obligatoriamente, por lo menos el salario mínimo? Porque, dicen los políticos, y este es el argumento, porque no tenemos dinero para cubrir todos gastos, nos cerrarían el crédito, y ¡no podríamos mantener la calidad de vida! Es decir, se sacrifica una cuarta parte de la población, principio maravillosamente humanista, y no digamos cristiano, para que las otras terceras partes sigan viviendo cómodamente. Claro que no todos igual, sino un primer nivel a ritmo derrochador; un segundo, a ritmo consumista, sin grandes abusos; y un tercero, viviendo, ¡¿dignamente?!, al día. Y los del cuarto nivel, muriéndose de asco. Es decir, algunos se preocupan mas de una entelequia, llamada Patria, que sirve, sobre todo a los del primer nivel, para mantenerse arropados y defendidos por las leyes nacionales, e internacionales, aunque sean inicuas, y que a los del segundo les permite mantenerse en una situación engañosa de abundancia, y a los del tercero, para no verse obligados a protestar, y a indignarse, preocuparse más, digo, por ese concepto vacuo y espumoso, que por las personas de carne y hueso, nuestros convecinos, conciudadano, compadres, hermanos, que son, para las personas decentes, la verdadera esencia de eso tantas veces engañador , y rimbombante que algunos llaman, agrandando la boca, Patria.