Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales, en las que Cristina Kirchner (mujer del actual presidente) parte como favorita, el fantasma de la crisis vuelve a rondar por Argentina. Al imparable crecimiento de la inflación y el coste de la vida se suma la reaparición de casos de muerte por desnutrición.
Catorce indígenas murieron por desnutrición en la provincia de Chaco, noreste del país, desde el 11 de julio. A lo largo de Argentina se repite la situación, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada por el Ministerio de Salud entre octubre de 2004 y enero de 2006, el 15% de los niños de hasta cinco años padece desnutrición crónica, el 5% sufre de desnutrición aguda y el 2% son desnutridos graves. En los últimos años la prensa dio cuenta de condiciones extremas en las provincias de Salta, Formosa, Tucumán, Misiones y Buenos Aires. Generalmente los registros de estas condiciones se transforman en cifras que no salen del circuito administrativo. La emergencia chaqueña trascendió no por la cantidad de decesos en un lapso tan breve sino porque organizaciones indígenas y de derechos humanos “la sacaron del monte”.
La intensa ola de frío que azotó Argentina a mediados de julio fue el ladrillo que faltaba a la pared, la extrema pauperización en la que se encuentran los pueblos toba (qom), mocoví (moqvi)y wichí se tradujo en muertes. En abril de 2006 los indígenas de esa región realizaron movilizaciones, acampadas, cortes de ruta e incluso una huelga de hambre de 33 días para denunciar la situación y reclamar a las autoridades locales políticas públicas diseñadas con su participación. Recién en agosto lograron algunos acuerdos con el Gobierno, pero el diálogo concluyó en diciembre ante la imposibilidad de avances. A fines de marzo el Instituto del Aborigen Chaqueño -organismo autárquico administrado por los indígenas- declaró la emergencia sanitaria y alimentaria de todas las comunidades, mientras que la organización de derechos humanos Centro Nelson Mandela denunciaba un genocidio silencioso.
“Esto es a raíz de una política del Gobierno, nosotros lo calificamos como una política discriminadora, una política excluyente, y eso produjo que las comunidades indígenas queden en el abandono total”, explicó Leonardo Lorenzo, referente toba de Villa Río Bermejito. Este municipio del noroeste del Chaco es parte del Departamento Gral. Güemes, donde vive la mitad de los aproximadamente 25.000 tobas que habitan en la provincia [la otra cifra correspondía a la población indígena en general], allí se registró el mayor número de fallecimientos. El intendente de esa localidad, Lorenzo Heffner, el año pasado fue denunciado penalmente por racismo, aunque la causa no registra avances en la Justicia.
A partir de 1995, Chaco sufrió una acelerada venta de tierras fiscales, en ese momento la provincia contaba con tres millones de hectáreas, mayormente en la zona de monte conocida como El Impenetrable- franja oeste de la provincia-, territorio donde se encuentra la mayor parte de las comunidades. Actualmente quedan unas 580.000 Ha., el resto ha sido desmontado y puesto a producir soja transgénica, el cultivo de mayor rentabilidad en Argentina.
Al reducirse el espacio vital de las comunidades y ante el avance permanente de las fronteras ganadera y forestal -explotación de maderas preciosas- el monte sufrió un acelerado deterioro y las proteínas animales y vegetales que integraban la dieta tradicional toba desaparecieron. “Hoy se mantienen con grasa, con harina de trigo. A veces un poco de fideos, no siempre; arroz, cada vez menos; y carne, casi nunca. Esa dieta condujo a la desnutrición, a la mal nutrición, a la hipertensión, a la diabetes, por desnutrición o por mal nutrición a enfermedades como tuberculosis, chagas y otras enfermedades infecciosas”, afirmó Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela.
La dirección del Instituto del Aborigen Chaqueño, junto a unos 100 representantes indígenas de toda la provincia, pidió la renuncia del ministro de Salud, Ricardo Mayol, a principios de agosto. Hasta el momento el funcionario sigue al frente de esa cartera y continúa pendiente la implementación de políticas de fondo para revertir la situación.
Inflación récord
El 16 de julio la ministra de Economía, Felisa Miceli, dimitía después de mostrar claras contradicciones en su explicación sobre el origen de una bolsa repleta de dinero hallada en su propio baño del Ministerio. Su sucesor, Miguel Peirano, se enfrenta a una situación difícil. Las altas cifras de crecimiento chocan con los índices de inflación más altos de todo el continente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación para 2007 se calcula en un 10%. Sin embargo, diversos economistas estiman una inflación anual cercana al 20%. Pero más difícil es la situación de los argentinos de a pie: el enorme aumento del coste de vida no ha pasado desapercibido.
