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Desde que saltó el escándalo Zornoza y el posterior nombramiento de un Administrador Apostólico para nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta, en la persona de Monseñor Ramon Darío Valdivia Jiménez, todos albergábamos la ilusión de que pronto habría buenas nuevas para mí. Pensábamos que pasados los primeros meses, una vez asentado en nuestra tierra e informado de todo lo que había sucedido en estos últimos catorce años, sería coser y cantar, y pronto estaría restituido y ejerciendo mi ministerio sacerdotal como antes…. Y suena bien, pero está muy lejos de la realidad lo que realmente ha ido sucediéndose en pocas semanas.
A través de un sacerdote ya jubilado, a primeros de febrero, el mismo Administrador Apostólico nos facilitó, a Antonio Casado y a mí, un teléfono para contactar con él, y a los pocos días fuimos convocados a una reunión privada por separados. En mi caso, la fecha prevista para la misma tuvo que retrasarse por motivos de una operación quirúrgica que tuve que afrontar. Me habían detectado un tumor de tipo cancerígeno en uno de los riñones y hubo que extirparlo. Al cabo de una semana de salir del hospital, el jueves 26 de Febrero, pude entrevistarme con el Administrador Apostólico.
En un diálogo cordial de casi dos horas le pude hablar de diversos temas, entre otros, lo vivido en la Diócesis en estos 14 años de pontificado de monseñor Zornoza Boy, el trato a sacerdotes mayores, enfermos, seglares, trabajadores, religiosos y religiosas; la imagen falsa de fraternidad sacerdotal y vida diocesana; la falta de transparencia de la economía diocesana; los colaboradores y cooperadores necesarios para que se haya podido llevar a cabo esta situación; la doble moral; el comportamiento inadecuado de …; y por último lo que me ha tocado vivir a partir de mi denuncia pública.
Una vez que me escuchó durante hora y media larga, tomó la palabra indicándome que conocía por otros lo que me había pasado, que me había tocado la peor parte y me invitaba a construir juntos el futuro, y, por último, también señaló el hecho de que mis compañeros no habían sabido estar a la altura de la situación. En este punto yo le indiqué que se había creado tal situación de miedo y terror a levantar la voz, que entendía, aunque no lo compartiera, el silencio creado. Finalizó pidiéndome tiempo para ir viendo juntos lo que se podía hacer poniéndonos la fecha del 25 de Marzo, día en que se reunía el Tribunal de la Rota Romana para discutir la Querella de Nulidad, como punto de inflexión. Y a partir de ahí, iríamos dando pasos.
El 27 de Abril fui citado en la Vicaria Judicial para entregarme la propuesta que me hacía el Administrador Apostólico. El Vicario Judicial y el canciller secretario levantaron acta de la reunión. Queriendo ejecutar la sentencia dictada por el tribunal de Sevilla de fecha 25 de Febrero de 2025, sentencia que no era firme porque estaba presentada querella de nulidad y recurso de apelación en el Tribunal de la Rota Romana, se pretendía el levantamiento de las medidas cautelares para retomar el ejercicio del ministerio pastoral a criterio del Ordinario.
Las penas penitenciales, que la sentencia señalaban que eran 12 meses, quedaban conmutadas por el tiempo en el que he permanecido suspendido de modo cautelar, 65 meses. Curiosamente la restitución de los oficios eclesiásticos de profesor en el Seminario y de Canónigo de la S.A.l. Catedral de Cádiz, quedaban en suspenso hasta la resolución de la querella y los recursos por las partes litigantes. Y que se evitara la difusión de dicha propuesta en los medios de comunicación o redes sociales.
Tras varias reuniones con mis abogados, se vio la conveniencia de pedir una cita con el Administrador Apostólico con el fin de señalarle nuestras inquietudes y los motivos por los que el escrito no era posible firmarlo en los términos en los que estaba escrito, y presentar nuestras propuestas, de cara a un posible diálogo posterior.
El 5 de Mayo tuvo lugar dicha reunión en el Despacho oficial. En la misma el Administrador Apostólico me agradeció que las propuestas no hubieran sido publicadas y se hubieran mantenido en secreto. (Cabe señalar que ese mismo día salía publicada en los medios la transcripción de la conversación telefónica del Arzobispo de Sevilla con la víctima del caso Zornoza, pidiendo perdón y que guardase silencio). Luego me dio un tiempo para leerle las notas que llevaba escritas donde le presentaba mis inquietudes sobre lo recibido.
Una vez que me hubo escuchado, como experto en Derecho civil, me señaló que efectivamente la firma de este documento llevaba consigo dejar sin efecto tanto la querella de nulidad como el posible recurso de Apelación ante el Tribunal de la Rota, por lo que entendía perfectamente mi negativa a firmarlo tal y como estaba planteado. Que le habían aconsejado no proponerme nada pero que aun así lo había querido hacer como un gesto de buena voluntad, pero entendía que era insuficiente lo planteado y que en su mano no estaba la posibilidad de corregir los errores al anterior obispo. Le indiqué que si su interés era levantar la suspensión e incorporarme al ministerio pastoral que lo hiciera sin obligarme a firmar ese documento. Él me contestó que eso no era posible, ya que era conditio sine qua non que se firmara el mismo.
Una vez terminada la reunión convenimos, a indicación suya, en esperar la resolución de la querella de nulidad del Tribunal de la Rota, y el posible recurso de Apelación que ambas partes habían solicitado. No obstante, antes de marcharme le entregué por escrito los motivos por los que veíamos que no era conveniente firmar y las propuestas, por nuestra parte, para que las estudiara y se posibilitara un diálogo en pro de dar una solución justa y digna a la situación.
El escrito entregado decía: Que la propuesta que se me ha trasladado, en su redacción actual, no puede ser aceptada, en la medida en que genera una apariencia de reconocimiento de culpabilidad y de cumplimiento de una pena derivada de una sentencia que no es firme y que se encuentra actualmente impugnada mediante querella de nulidad y recurso de apelación ante el Tribunal de la Rota Romana.”
En este sentido, quisimos dejar constancia de tres principios esenciales:
1.- No reconocimiento de culpabilidad. Cualquier solución debe ser compatible con la ausencia de reconocimiento de responsabilidad por mi parte, manteniéndose íntegros mis derechos procesales mientras no exista resolución firme.
2.- Exceso de gravamen soportado. El prolongado periodo de suspensión cautelar desde 2020 ha supuesto, en la práctica, una privación del ejercicio ministerial muy superior a cualquier eventual pena, con el consiguiente impacto personal, pastoral y económico, por lo que las eventuales penas deben considerarse sobradamente cumplidas.
3.- Necesidad de reparación integral. La solución del conflicto no puede limitarse al levantamiento de medidas, sino que requiere una reparación adecuada del daño causado, tanto en el plano económico como en el reputacional.
A partir de estos principios, manifestaba mi voluntad de alcanzar un acuerdo sobre las siguientes bases:
1.- Restablecimiento efectivo del ministerio. Levantamiento inmediato de la suspensión cautelar y recuperación plena de las licencias ministeriales, con asignación de un destino pastoral digno, adecuado a mi situación personal y en diálogo con la autoridad diocesana.
2. Regularización económica. Revisión y compensación de las cantidades dejadas de percibir, por una decisión abusiva, durante el periodo de suspensión, incluyendo los conceptos retributivos ordinarios vinculados a los oficios desempeñados.
3. Compensación por perjuicios. Establecimiento de una compensación razonable por los daños personales, pastorales, económicos y reputacionales sufridos durante estos años.
4. Restitución reputacional. Emisión de una declaración institucional consensuada que permita restablecer mi buen nombre y facilitar una reincorporación pastoral normalizada.
“Finalmente, en el supuesto de alcanzarse un acuerdo satisfactorio, manifestaba mi disposición a poner fin a los procedimientos actualmente en curso ante el Tribunal de la Rota Romana, así como a cualquier otra acción relacionada con estos hechos, en los términos que se acordasen.”
El pasado 15 de Mayo he recibido por correo certificado un documento firmado por el Administrador Apostólico el 8 de Mayo donde se señala que he declinado su propuesta y he manifestado mis condiciones. Por otro lado, se me comunica que las medidas cautelares y disciplinares, que me fueron impuestas por el obispo diocesano monseñor Rafael Zornoza Boy, permanecerán vigentes hasta la resolución, por parte de la Rota Romana, de la apelación interpuesta por las partes litigantes a la Sentencia del Proceso Penal arriba indicado.
La redacción del escrito no es muy clara, y hay datos que son incompletos o no correctos. Yo no me he negado, repito NO ME HE NEGADO, a reincorporarme al ministerio pastoral. Mi negativa es a firmar un documento que me perjudica en la defensa de mis derechos ante el Tribunal de la Rota Romana. Y por otra parte, se saltaba la posible resolución, afirmativa o negativa, salvo que ellos supieran ya algo que yo desconocía, de la querella de nulidad que se había presentado donde habíamos indicado y demostrado que el tribunal eclesiástico de Cádiz, formado por tres jueces de Sevilla, y algunos suplentes posteriores, que dio Sentencia a mi Causa Penal no estaba legítimamente constituido porque el obispo diocesano, monseñor Rafael Zornoza Boy, no había firmado ni publicado los Decretos de nombramiento de los jueces.
El día 20 de Mayo he enviado al Administrador Apostólico la respuesta al correo del día 8 de Mayo donde sigo reiterando mi disposición al diálogo y búsqueda de una solución justa y equitativa. Y le he recordado algunos aspectos de la reunión que ambos mantuvimos el pasado día 5. En ella le recuerdo su actitud de comprensión y los consejos que él mismo me dio, de cara a no firmar el documento tal y como estaba redactado, y subrayo la voluntad de permanecer fiel a la iglesia, sin renunciar al recto juicio de mi propia conciencia ni al legítimo ejercicio de mis derechos, confiando en avanzar hacia una solución justa y equilibrada a tenor de nuestra conversación.
Resulta curioso que días más tarde mi abogada rotal me haya enviado copia del documento de la Sentencia acerca de la querella de nulidad donde el Tribunal de la Rota se manifiesta negativamente. Llama la atención que el mismo Tribunal reconoce que es cierto que no existe decreto formal y escrito del Obispo acerca del nombramiento de los jueces, ni siquiera cuando alguno de ellos fue sustituido, pero en “la voluntad implícita” del Obispo diocesano estaba la intención para ello y eso basta para dar legalidad a la constitución del Tribunal que me ha juzgado, tal y como ha salido publicado en los medios.
Ahora toca a los abogados estudiar el decreto y ver las pocas posibilidades que nos quedan para poder defendernos. No soy experto en derecho canónico sino un simple sacerdote, cuya especialidad es la liturgia de la Iglesia, con la única experiencia de 35 años de ministerio a mis espaldas, y mucho me temo que si las normas, que están para que se cumplan, no se respetan por ambas partes, difícilmente podré defenderme, aunque sigo confiando en que la verdad saldrá a la luz, y que la justicia resplandecerá.
Algunos compañeros y conocidos me han llamado pidiéndome que acepte la “propuesta”, (curiosamente ellos no la conocen), que me han dado, que no sea cabezota, que salve al menos el ministerio, que agache la cabeza y sea humilde. Creo que no es cuestión de humildad, sino de dignidad. No creo haber hecho nada en esos años sino denunciar una situación injusta vivida en nuestra diócesis. No busco ninguna medalla, ni premio, ni lo quiero. Denuncié lo que era antievangélico y volvería a hacerlo. Y me he dejado parte de mis años, de mi salud y de mi patrimonio. No creo que la solución sea “borrón y cuenta nueva”, aquí no ha pasado nada, aunque a muchos sea lo que les agrade.
¿Qué mal he hecho? ¿Se me castiga por decir la verdad? ¿Es malo decirle a alguien que abusó de su poder? ¿Que lo que estaba haciendo, con ayuda de otros, no se correspondía con el evangelio? Debo aceptar que me traten como un “castigado misericordiado”, un apestado?
El pasado 22 de Mayo escribí a la oficina del Arzobispo de Madrid solicitando información sobre una posible reunión del Papa con víctimas de abusos sexuales. Les conté mi caso, enviándoles documentación, con la esperanza de que en ese encuentro hubiera cabida para incluir a otras víctimas también. El día 29 de Mayo he recibido respuesta que no deja lugar a dudas: “Aunque en los medios se han dicho varias cosas en este sentido, a día de hoy, la Secretaría de Estado de la Santa Sede no ha confirmado que el Santo Padre vaya a tener un encuentro con víctimas. Desde el Arzobispado de Madrid se ofreció la posibilidad de que tuviera un encuentro con el equipo de REPARA para que conociera el proyecto, pero aún no sabemos siquiera si se podrá dar ese encuentro. Atentamente, adiós.”
A primeros de Junio he podido contactar con varias asociaciones de víctimas quienes me han confirmado que no hay prevista ninguna reunión con el Papa. Por tanto sigo a la espera de la respuesta a la carta que envié el pasado 20 de Mayo al Administrador Apostólico y a lo que me indiquen mis abogados.