“Sin luz y sin agua estamos en el tercer mundo”. Con esta frase, el secretario general de FACUA en Cádiz, Jesús Yesa, ha resumido esta mañana el grave problema social que está sufriendo multitud de familias gaditanas por la crisis económica.
Sin trabajo y con muy pocos recursos, son muchas las personas que acuden a diferentes entidades, desde administraciones hasta ONGs, para pedir que les paguen los recibos de la luz y el agua. Por ello, esta mañana se ha presentado la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusión de Cádiz. En este acto, estuvieron presentes el portavoz de la APDHA en Cádiz, Rafael Lara; el secretario general del FACUA Cádiz, Jesús Yesa; la directora técnica de Cáritas Diocesana en Cádiz, Concha García; y el presidente de la Federación de AAVV 5 de Abril, Gonzalo Pando.
En ella, se han unido diferentes colectivos que luchan contra los problemas sociales de los ciudadanos, como son la APDHA, Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta, el comedor social Virgen Poderosa, Consumidores en Acción – FACUA, la Federación de AAVV 5 de Abril, el Grupo AC Arquitectos, el Grupo de Vivienda del 15-M, la asociación Mujeres de Acero y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
La primera de las acciones de esta plataforma es una campaña para que los suministros básicos de luz y agua sean incluidos dentro del derecho a una vivienda digna. El portavoz de la APDHA en Cádiz, Rafael Lara, explicó que el motivo de la formación de este colectivo y su puesta en marcha con esta iniciativa se debe a que “un grupo importante de organizaciones estamos preocupadas por la situación de la vivienda y la falta de respuesta de las administraciones”.
Así, Lara volvió a apuntar a uno de los problemas que sufre Cádiz, como es la infravivienda en el casco histórico. “No hay respuesta ni a corto ni a medio plazo”, afirmó. A esto, unió que “las políticas que se están llevando a cabo están aumentando la marginación y la exclusión, por lo que muchos ciudadanos no pueden pagar la luz y el agua”.
Por ello, desde la Plataforma pretenden que la luz y el agua se conviertan en un derecho básico y que no pueda ser cortada. Este colectivo quiere realizar una ronda de entrevistas con las diferentes administraciones y represetantes de las empresas suministradoras de los servicios de luz y agua.
En ellas, se van a plantear los seis puntos básicos que la plataforma considera de vital importancia para paliar este problema, tal como relató el secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa. En primer lugar, la Plataforma pide la agilización y transparencia en los procedimientos para que los ciudadanos sepan qué derechos tienen, qué documentación deben presentar y dónde deben hacerlo, de forma que estos suministros pasen “de la caridad a ser un derecho”, según Yesa.
El colectivo pide también que el procedimiento esté regulado para conocer qué personas pueden acceder a las ayudas. Por su parte, en cuanto al suministro eléctrico, se va a solicitar a Eléctrica de Cádiz, como empresa municipal que se encuentra dentro del mercado libre, que incluya la tarifa de bono social, una medida que supondría un importante ahorro a las personas con menos recursos al pagarse solo el consumo y tener un precio que lleva congelado desde julio de 2007.
En cuanto al agua, el colectivo va a pedir a la modificación de la ordenanza del precio del agua para que se incluya un sistema de proporcionalidad a partir de la situación económica de las familias y el número de miembros que la compongan, como sucede en Sevilla. A esto, se une el fraccionamiento del pago de los recibos.
Por último, la Plataforma reclama que estos dos servicios básicos se presten en condiciones de calidad y universalidad, de manera que “nadie quede excluido de la posibilidad de tener luz y agua en casa”, tal como argumentó Jesús Yesa.
Por su parte, tanto la directora técnica de Cáritas Diocesana en Cádiz, Concha García, como el presidente de la Federación de AAVV 5 de Abril, Gonzalo Pando, explicaron cómo desde estas asociaciones están viendo el problema de exclusión social aumentado con la crisis económica.
Así, García apuntó que “más del 50% de la ayuda que nos piden es para pagar los suministros de luz y agua”. Además, señaló, desde la experiencia de Cáritas, que es un problemas más extendido en el interior de Cádiz.
Por su parte, Gonzalo Pando explicó que las dificultades que sufren los vecinos para pagar los recibos. Así, Pando afirmó que en muchas ocasiones “nos vemos impotentes para paliar los problemas” de los ciudadanos una vez que llegan a las asociaciones tras “decirles las trabajadoras sociales que no tienen recursos”. Por ello, apeló a “un frente común” para dar una solución a estas demandas frente a las empresas suministradoras de estos servicios.
